Por: Augusto Trujillo Muñoz

Y EL CONGRESO, IMPASIBLE!

Hace cuarenta años hubo inquietudes separatistas originadas en la indiferencia del Estado frente a la descentralización.

Para enfrentarlas, el presidente López Michelsen propuso convocar lo que se conoció como “la pequeña constituyente” para reformar el régimen territorial, pero la Corte Suprema de Justicia, en inopinado cambio de jurisprudencia, declaró inexequible la convocatoria. Algunos dirigentes se refirieron al hecho como “un golpe de estado al revés”. Desde entonces crecen también los factores de crisis que amenazan con hacer insostenibles algunas de las instituciones existentes para la administración de justicia.

Es lo que ocurre cuando se mantiene el status quo en medio de una necesidad sentida de reformas. La descentralización territorial sigue siendo un punto sin resolver en la agenda pública colombiana. Lo subraya en conceptuoso artículo el economista Alberto Maldonado Copello, publicado en la revista “Razón Pública”, correspondiente al último15 de febrero. Maldonado es contundente: las metas expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de descentralización, dan vergüenza.

Pero además el PND ignora que, en función del proceso de paz, es preciso realizar los ajustes institucionales que exija el manejo del postconflicto. El DNP se ha vuelto un enclave tecnocrático, exclusivo, autista, que da la espalda al proceso descentralizador, a pesar de los mandatos de la Carta del 91. Su sintonía con el país es de una sola vía. Suele dar instrucciones pero no recibir recomendaciones. Olvida que, como lo expresó el Cofrade Alfonso Palacio Rudas en el seno de la Constituyente, el desarrollo económico es un problema político.

El gobierno nacional no sólo confunde descentralización con ‘mermelada’ sino la mermelada con la gestión del territorio. Ahora que se destuercen los precios del petróleo aparece de bulto el error de haber introducido modificaciones al sistema de regalías a través de una reforma constitucional: las regiones productoras van a sufrir penuria fiscal, parálisis económica y crisis sociales. En este aspecto era más sano el sistema anterior y más fácil de ajustar a las cambiantes necesidades regionales.

Colombia necesita avocar el postconflicto como un fenómeno de distribución de poder territorial. Resulta apenas lógico en un Estado cuya Carta Política proclama no sólo la descentralización sino la autonomía de sus entidades territoriales. Es un problema de sentido común. El país debe adecuar sus instituciones a las necesidades del proceso de paz porque de otra manera lo frustra. Pero esa no parece ser la preocupación del PND, ni del DNP. Si los miembros del Congreso son consecuentes con su origen regional y con el país en su conjunto, deben revisar el tema en un amplio debate político.

La red Rinde, Foro Nacional por Colombia, el Grupo Civis, diversas organizaciones sociales, los académicos y estudiosos de la autonomía territorial insisten en la necesidad de una detenida reflexión sobre el proceso descentralizador que, en los últimos años, ha involucionado en forma preocupante.En la autonomía territorial está la diferencia entre la paz y la guerra. Así de sencillo. ¿Es que no entienden eso en el DNP?

*Ex senador, profesor universitario @inefable1

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