Por: Indalecio Dangond B.

¿Y los bienes públicos?

Siempre que asisto a los foros agrícolas, noto a los productores del campo muy desmotivados y preocupados por la baja rentabilidad de sus agronegocios. El alto costo país y la baja productividad, por culpa de la poca inversión en bienes públicos, los están desplazando a la ciudad.

Desarrollar un proyecto agrícola, pecuario o forestal en Colombia que deje un margen neto por encima del 12% anual es casi que imposible. Los altos costos de arrendamiento, transporte, energía para riego, combustibles, fitosanitarios y financieros (no bancarios) merman aproximadamente un 45% las utilidades de los productores del campo. Así lo pude comprobar esta semana en Casanare, Meta, Huila y Tolima, donde se cultiva la mayor superficie de arroz, maíz y algodón del país.

En el Espinal, Flandes y el Guamo (Tolima), por ejemplo, el arriendo de una hectárea de tierra en un distrito de riego construido con dineros públicos puede estar alrededor de los $2 millones. En energía y uso del agua, se va otro millón más. Entre los rentistas rurales, las empresas de energía y las corporaciones autónomas regionales, se están quedando el 50% de la renta de los agricultores. El Ministerio de Agricultura está en mora de ponerles freno a estos abusos en las tarifas para la producción de alimentos.

Otro costo que golpea durísimo el bolsillo de los empresarios del campo es el transporte y los combustibles, por el enorme atraso en construcción y mantenimiento de vías terciarias y poca cobertura de energía rural en las zonas de producción agrícola y ganadera del país. Me atrevería a decir que este es el problema que más aleja la inversión en el campo. En los Llanos Orientales y las zonas apartadas de la región Caribe, la mayoría de las fincas están en venta por falta de vías de acceso y servicios públicos. Lo peor del cuento es que no hay quien las compre.

Otro bien público que brilla por su ausencia es la oferta de biotecnología. Mientras nuestros arroceros recogen en promedio 4,7 toneladas por hectárea, los uruguayos recogen 8,5 toneladas. Mientras el maíz nuestro rinde en promedio 4,5 ton/ha, el de Argentina rinde 7,4 toneladas y mientras la yuca de acá rinde en promedio 10 ton/ha, la de El Salvador rinde 16 toneladas. Así es muy difícil competir.

Ni qué hablar de los bienes públicos en materia de transferencia de tecnologías y control fitosanitario. Las Umatas están en proceso de extinción y el ICA anda delegando en los gremios sus funciones de control sanitario.

El crédito de fomento al sector rural es otro de los bienes públicos que viene marchitándose año tras año. De $2,2 billones desembolsados en el primer bimestre del 2019, sólo el 26% fue a parar al sector productivo y el 15%, a pequeños productores. El Banco Agrario fue desplazado al cuarto lugar en colocaciones de créditos redescontados por Finagro al sector agropecuario, después de Bancolombia, BBVA y Davivienda.

Si no se ejecutan rápidamente grandes inversiones en infraestructura rural, el agro no va a despegar. La provisión de bienes públicos es la columna vertebral del desarrollo rural productivo.

* Experto en financiamiento agroindustrial.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Indalecio Dangond B.

Cacaraquear el huevo

Caribe improductivo

Ejecutar, ejecutar y ejecutar

Ineficiencia productiva

Justa competencia