Y mientras tanto, en Cáceres

Juan Manuel Santos dejará de ser presidente de los colombianos cuando aparezca esta columna. Hoy es último día de su mandato y, a pesar de sus errores –convocar a un plebiscito por la paz, quizás el más inmenso–, he de decir que muchos nos sentimos ciudadanos y ciudadanas más libres durante su gobierno. Se despide burlándose de sus errores y eso en un país arribista, regentado por hombres y mujeres con mentalidad mezquina propia de la subcultura mafiosa, es un buen cierre.

Llega el gobierno de la ultraderecha colombiana manejada por Álvaro Uribe Vélez que cada vez que se dirige al país lo hace no como un líder que aporta al crecimiento social, cultural y económico, sino como un personaje siniestro presto a defenderse por los múltiples delitos que se le atribuyen. Ya son de conocimiento público los antecedentes administrativos de cada uno de los miembros del mal llamado renovador gabinete ministerial del presidente Iván Duque: la mayoría provenientes de los dos gobiernos de Uribe Vélez.

Entre ruedas de prensas en establos –o picaderos–; la Iglesia católica refrendando el retroceso a tiempos premodernos con exorcismos solicitados por el joven presidente para antes de su posesión; una consulta anticorrupción en uno de los países más corruptos del mundo; un exmandatario youtuber; los tuiteros y facebuqueros luchando por los clics de la popularidad; transcurren los días. Mientras tanto, pasada la campaña política la prensa no menciona a Hidroituango que está a punto de explotar; tampoco que el domingo se cumplió un mes del asesinato de la lideresa de Cáceres en el bajo Cauca antioqueño Ana María Cortés.

Mientras el alcalde de Bogotá alardea con un metro que no verán mis nietos, en Cáceres, un municipio que queda al margen derecho del río Cauca viniendo desde Medellín hacia la costa, la guerra y el miedo son la cotidianidad. Cáceres, la tierra de la lideresa Ana María Cortés y militante de la Colombia Humana partido del progresista Gustavo Petro, fue un pueblo cocalero y minero asediado por grupos al margen de la ley: Farc, Eln y paramilitares.

Hacía tres años hicieron una tregua los últimos y la zona empezó a tener un poco de paz. Cada grupo maneja sus veredas y eran –son– la ley en cada una de ellas. Este municipio es un corredor del narcotráfico porque permite el movimiento entre el bajo Cauca y Medellín, así como el nordeste antioqueño, por lo tanto, la zona es disputada por bandas criminales para el microtráfico.

Sucede que este año hubo un desplazamiento masivo de cinco veredas, por el rompimiento de la tregua o pactos entre paramilitares. La comunidad desplazada se concentró en la cabecera municipal. Por la situación de Hidroituango la gente volvió a las veredas. El Estado ha hecho presencia y las comunidades poco a poco han retornado a sus lugares de origen. El pueblo, en cambio, se ha convertido en el restaurante de la muerte. No se puede salir después de siete de la noche ni antes de las seis de la mañana. Nuevamente el desplazamiento ha sido el destino para todas las personas que tengan relación con miembros de algún bando contrario al grupo que domina el pueblo y hay barrios y cuadras enteras desolados.

Si se vive en el campo no puedes dar "boleta", dar boleta es que te matan si sales muy seguido con destino al pueblo. No pueden ir los mototaxis de Cáceres a Tarazá, que es el municipio más cercano y donde está el Banco Agrario y algunas sucursales de los otros bancos. No se puede entrar al pueblo con casco porque puedes perder la vida. Los asesinatos son frecuentes y en plena vía pública. Como el ejército patrulla de vez en cuando, ahora matan a machetazos y en los últimos meses han asesinado una persona a machetazos y cinco a bala incluyendo a la líder social.

En días pasados el ejército tuvo fuertes enfrentamientos con un grupo armado al margen de la ley en una vereda llamada Barro Blanco perteneciente al municipio de Tarazá que limita con Cáceres y la comunica con ésta por la zona rural. La gente vive con miedo, sobre todo de que ocurran enfrentamientos en las zonas pobladas o que por la presencia del ejército sean asesinados. Nuevamente la infame disyuntiva de ser tratados como colaboradores, esta vez de los grupos paramilitares. La mayoría de la población está en programas de restitución de cultivos y recibe apoyo del Estado por el desplazamiento, así que la producción de coca ha disminuido por no decir desaparecido. Sin embargo, existe una problemática de orden público descontrolada.

Mientras la banalidad campea en las ciudades y en las redes, la guerra muy juiciosa recoge los frutos que ojalá no crezcan con abundancia en el gobierno que inicia.