Por: Luis Carvajal Basto

¿Y para cuándo el VAR en la política?

La Copa América  ha contado con un invitado que ha marcado diferencia: el VAR. El mismo que nos permitió sobrevivir hasta los penaltis en el partido contra Chile y eliminó a Uruguay. Como consecuencia de su utilización,  la justicia en el futbol, y por tanto los resultados por los que todos trabajan, ha cambiado. No es tan raro: lo mismo ha ocurrido en casi todas las actividades humanas, como consecuencia de desarrollo tecnológico y  digitalización.

Contrario a lo que se ha hecho un lugar común, no son violencia y guerras los responsables  del devenir histórico. Innovación, progreso técnico y conocimiento  son sus verdaderas fuerzas motrices. Han transformado a la sociedad en nuestro tiempo, llegando recientemente  al desempeño de las organizaciones de gobierno; pero en la política que se refiere al acceso al poder y la negociación de intereses estamos, en Colombia,  a mediados del siglo pasado.

Si el futbol cuenta ahora con el VAR, las Ciencias de gobierno  utilizan, o comienzan a hacerlo en todas partes, el modelo de Gobierno Abierto que fundamentado en un patrimonio ciudadano, la utilización de datos abiertos,  debe lograr mejor y mayor participación, así como transparencia y  eficiencia en la utilización de los  recursos públicos y, en general, del Estado. Instituciones como ONU, OEA, CEPAL y OCDE lo promocionan activamente. Se trata, también, de una respuesta a la corrupción y otro de sus efectos debe ser la creación de valor público reduciendo, por ejemplo, los niveles de impuestos requeridos. Es profundamente democrático.

En Colombia  debe ser el paso siguiente a los desarrollos del gobierno electrónico en los diferentes niveles de la gestión pública. La continuidad de las políticas públicas colombianas en telecomunicaciones, incluida la recientemente aprobada ley TIC, nos hacen sentir optimistas, aunque el esfuerzo estatal no sea tan homogéneo: mientras ministerios como el de Comercio o el DNP y la misma Función Pública se sintonizan con el modelo, no ha ocurrido  lo mismo en el de justicia; la rama judicial en general, y la misma Organización Electoral.

Desde la óptica de lo político, por ejemplo, con frecuencia lamentamos el escaso desarrollo de la participación ciudadana, pilar de nuestra Constitución, sin considerar que la digitalización y el uso de datos abiertos, en sí mismos, convierten un concepto “abstracto”, con incipiente desarrollo a pesar del mandato constitucional, como la participación, en conocimiento aplicado con una mínima utilización de recursos.

Mediante su utilización la participación  puede referirse, por ejemplo, no a discursos o promesas gaseosas sino al uso de aplicaciones, como  han logrado economía colaborativa y comercio electrónico con resultados increíbles. Están transformando hábitos y costumbres por todo el mundo.

Mediante el uso de aplicaciones y datos abiertos podemos esperar ciudadanos más activos en el ejercicio de sus derechos consiguiendo un Estado más eficiente. Un ejemplo claro puede ser el de las consultas ciudadanas referidas a las acciones de gobierno o gestión de lo público, no solo en su supervisión o veeduría, una trascendental tarea por desarrollar, sino en decisiones importantes y propositivas de gestión.

 ¿Transmilenio por la séptima?, ¿Metro elevado o subterráneo? Podemos preguntarle a la gente a muy bajo costo y en tiempo real: disponemos hoy de 33 millones de conexiones a internet de banda ancha, 65 millones de abonados de telefonía móvil y  una enorme cantidad de datos  a disposición. ¿Cómo no incorporarlos en las reglas de la política electoral,  la justicia y  la gestión de los diferentes niveles y organizaciones de gobierno? Cambiarán, como en el futbol, los resultados,  la transparencia y la eficiencia del Estado.

@herejesyluis

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