Por: Piedad Bonnett

Yo se los dije

Parafraseando el verso, podríamos decir que en Colombia todo nos llega tarde menos la muerte.

Y sobre todo llega tarde la justicia, como lo prueban dos noticias de esta semana: la conmemoración de los 25 años de la masacre de Segovia, por la que se condenó —¡sólo en mayo de este año!— al político César Pérez; y el reconocimiento que acaba de hacer el Estado colombiano, casi 30 años después, de la culpa que le cupo, a veces en forma parcial, a veces total, en las torturas y desapariciones ocurridas a raíz de la toma del Palacio de Justicia. En ninguno de los dos casos se han terminado de esclarecer las responsabilidades, sobre todo en lo que atañe a la fuerza pública o a miembros de los cuerpos de seguridad, como tampoco se han dilucidado las que conciernen a los falsos positivos, a otras masacres o al magnicidio de Luis Carlos Galán.

Pero para acabar de ajustar, lo que se revela cada tanto es que hubo alertas tempranas que habrían evitado algunas de estas tragedias. Hoy sabemos, por ejemplo, que un detective de nombre Héctor Ernesto Muñoz, apodado la Bruja, informó al exjefe de inteligencia del DAS, Alberto Romero, sobre lo que había oído a un compañero suyo, Trapero: que entre la mafia de Medellín y Rodríguez Gacha planeaban matar a Galán; y que Romero lo amenazó con trasladarlo al Chocó si no se callaba. Y también sabemos que dos semanas antes del atentado al Club El Nogal, cometido en febrero de 2003, hubo un informante de las Farc, Jaime Quiñónez, que alertó sobre la inminencia de esa acción terrorista y dio el nombre del que cometería la acción, Herminsul Arellán, y hasta el número de su celular. Y que nadie hizo nada para confirmar ni rastrear la información.

En territorios no políticos sucede lo mismo: Jenny Lozada, la esposa de Hernando Hernández, el energúmeno celoso que los asesinó a ella y a sus hijos, había acudido varias veces a la Comisaría de Familia de su zona a denunciar sus maltratos y ningún funcionario de la misma hizo nada efectivo; los vecinos de la alcantarilla destapada a la que cayó una niñita de dos años habían llamado insistentemente a pedir que la taparan; y los habitantes del edificio Space llevaban meses advirtiendo de los signos de fallas estructurales en el edificio.

Estos casos se explican de muchas maneras: alianzas tenebrosas de fuerzas oscuras, incompetencia, insensibilidad y desidia. Y ese mal nacional llamado importaculismo, que consiste en encogerse de hombros ante los hechos, eludiendo responsabilidades. Una actitud que, a mi parecer, nace de años y años de importaculismo de gobiernos olímpicos, que terminan por contagiar de lo mismo al ciudadano corriente.

En estos días estamos oyendo otra alerta: la del senador Galán y la de la contralora Morelli sobre manejos inadecuados en el nuevo aeropuerto Eldorado, que hablan, además, de inseguridad. Un funcionario denunció que en la pista las cámaras de seguridad están apagadas y la respuesta del concesionario fue amenazarlo con una multa por entrar sin permiso. Esperemos los resultados.

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