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Los exportadores e importadores junto a los comerciantes hicieron realidad el anuncio de hace unos días de demandar las normas que incrementan del 15% al 37,9% los aranceles a las confecciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo sancionado recientemente por el Presidente Duque.
Los empresarios agremiados en Analdex y Fenalco anunciaron que presentaron las demandas ante la Corte Constitucional. Lo eue buscan es que declaren inconstitucional los artículos 274 y 275 del Plan que incrementan del 15% al 37,9% los aranceles a las confecciones y les imponen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares. (Contexto: Plan de Desarrollo, con una carga tributaria sin cuantificar).
Los dirigentes gremiales, Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco y Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, señalaron que los artículos fueron demandados para proteger a los consumidores, que verán incrementos hasta del 25% en el costo del vestuario, a los comerciantes formales y a la industria de la confección que también se afectarán por el aumento del contrabando, y a los exportadores que podrán sufrir retaliaciones de otros países.
Con esta decisión del nuevo arancel se violan ocho artículos de la Constitución (136, 150, 154, 158, 189, 339, 341 y 342), el Régimen de Reparto de Competencias y el principio de unidad de materia, sostienen en un comunicado.
El Congreso se está inmiscuyendo en asuntos que son de competencia privativa del Gobierno al expedir normas que son única y exclusivamente de la iniciativa gubernamental (artículo 136, numeral 1), dicen los dirigentes gremiales. Aclaran que al Congreso no le compete expedir normas sobre aranceles (artículo 150, numeral 19) y sostienen que todos los proyectos de ley deben referirse a una misma materia (158), el Congreso solamente puede dictar normas generales y señalar objetivos y criterios en materia de comercio exterior y aduanas (artículo 189, numeral 25); y es al Gobierno al que le corresponde evaluar la conveniencia y oportunidad del establecimiento y monto de los aranceles (Artículo 154), argumentan los gremios que presentaron la demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo.
Recuerdan que el artículo 341 establece que el Gobierno debe elaborar el Plan de Desarrollo con participación de las autoridades de planeación, entidades territoriales, Consejo Superior de la judicatura con previo concepto del Consejo Nacional de Planeación, y que por iniciativa del Congreso solo puede modificar el Plan de Inversiones, es decir que la parte general del Plan no puede ser modificada, enmendada o adicionada. (Contexto: Los aranceles a textiles y sus efectos en el bolsillo de los colombianos).
Los demandantes encontraron que la Ley del PND viola el Régimen de Reparto de Competencias, porque establecer un incremento de los aranceles a las confecciones infringe la prohibición prevista en el numeral 1° del artículo 136 de la Constitución, según la cual el Congreso debe abstenerse de inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades”.
Analdex y Fenalco consideran que la inclusión de los artículos que aumentan los aranceles a las confecciones viola el principio de unidad de materia porque los proyectos de ley deben referirse a una misma materia, y el contenido de los artículos 274 y 275, no tiene relación en absoluto con ninguno de los capítulos de bases del Plan Nacional de Desarrollo.
Los dirigentes gremiales insisten en que los artículos sobre aranceles afectan directamente a los consumidores porque el vestuario es el cuarto rubro con mayor peso en la canasta por lo que un incremento en los aranceles de las confecciones tiene un efecto regresivo al impactar la población de menores ingresos. Se estima que el vestuario se encarecería aproximadamente un 25%, afectando a 47 millones de colombianos y beneficiando una sola parte del sector.
La introducción de un cobro ad valorem de 3 dólares por kilogramo importado en adición a un pago del 10% del valor por kilogramo declarado, introduce un claro sesgo que hace que entre más costosa sea la prenda importada, la proporción de los aranceles pagados sea menor, señalan en un informe.
Es evidente que la medida es desproporcionada, afectando de forma mucho más severa a los bienes de menor costo y, por lo tanto, presumiblemente a la población de menores ingresos, introduciendo distorsiones que contribuirán a ampliar la desigualdad en la capacidad adquisitiva de los más pobres y en la distribución del ingreso, sostienen Analdex y Fenalco.
Consideran que lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo va a estimular el contrabando, ya que se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabandista, al darle una ventaja de cerca de 50% en precios al comercio ilegal (arancel más IVA más descuento del dólar callejero).