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“Si el Gobierno no escucha, seguiremos en la lucha” fue una de las arengas más repetidas durante la movilización que convocó este jueves a miles de personas en la Plaza de Bolívar, el principal punto de encuentro en la jornada de paro nacional en protesta contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Iván Duque. Una vez más, unas 10.000 personas de distintos sectores llegaron hasta el centro de la capital a manifestar su descontento y prometieron seguir copando las calles del país como forma de oposición al Gobierno.
Asociaciones de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes se unieron al llamado de maestros, estudiantes, sindicatos y otras organizaciones sociales, para alzar su voz en defensa de los Acuerdos de Paz firmados en 2016. Asimismo, para los manifestantes, la marcha fue la “cuota inicial para tumbar el Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque”, que consideran regresivo y con políticas en contra de la clase trabajadora. Durante la movilización también se escucharon cánticos de rechazo al asesinato de líderes sociales y a la decisión del Consejo de Estado de despojar de su curul de congresista a Ángela María Robledo, quien llegó al Congreso gracias al Estatuto de Oposición.
En ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla, la jornada transcurrió con normalidad. De la misma forma se desarrollaba en Bogotá. Sin embargo, pasadas las dos de la tarde, con la llegada de algunos estudiantes, los ánimos se caldearon y el ingreso a la plaza se hizo más complejo. Los desmanes comenzaron cuando jóvenes que marchaban junto a los estudiantes de las universidades Pedagógica y Distrital entraron a la plaza por el ingreso sobre la carrera Séptima. Allí había un grupo de no más de diez policías, que fueron agredidos con piedras y latas de aerosol, por lo que tuvieron que correr casi veinte metros hacia el sur para evitar más agresiones.
A partir de entonces el Esmad hizo mayor presencia en la Plaza de Bolívar y durante el ingreso al lugar hubo disturbios entre algunos manifestantes y la Policía.
Por los lados del Gobierno, mientras el ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregaba un parte de tranquilidad de la jornada, señalando que no había habido mayores alteraciones del orden público, tanto la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cuestionaron las motivaciones por las que se convocó al paro, argumentando que el trasfondo tiene que ver con una estrategia para afectar la gobernabilidad del presidente Iván Duque.
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“El gobierno de Iván Duque siempre será respetuoso de la protesta social, pero siempre reclamará que se haga cuando realmente haya motivos y no para mantener al país en un modo protesta y para tratar de desgastar un gobierno (…) creo que hay un tono en este paro que evidentemente le muestra a uno un interés político, sobre todo cuando se revisan las realizaciones y avances de este Gobierno (…) cuando los motivos que se utilizan para promover el paro se vienen solucionando, lo único que explica la insistencia en este es un motivo político de afectar la gobernabilidad y la credibilidad en el Gobierno”, manifestó Ramírez.
A su vez, Gutiérrez señaló que están seguros de que la movilización de este jueves tuvo motivaciones políticas e ideológicas por parte de la oposición, en una estrategia que tienen identificada desde el año pasado y que apunta a “generar la sensación de falta de gobernabilidad”. Por su parte, la vicepresidenta Ramírez concluyó: “Lo que hay que hacer es un llamado a la ciudadanía y a la racionalidad de los distintos sectores. A Colombia no le conviene pretender mantenerse en modo protesta, cuando hay muchos temas en los que están avanzando soluciones concretas y ciertas, que van a dar resultados”.
Sigue el debate del Plan de Desarrollo
La jornada de protestas se dio en vísperas de que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 continúe su curso en el Congreso de la República, donde la inciativa debe ser aprobada antes del 8 de mayo.
Las principales inconformidades de los protestantes tienen relación con los asuntos laboral y pensional. Por un lado, las centrales obreras han manifestado su rechazo a la flexibilización de la jornada laboral, permitiendo la contratación por horas. Esto es: la posibilidad de que una persona pueda trabajar durante un tiempo menor a la jornada laboral convencional. Según el Gobierno, la idea es dar la posibilidad de trabajar a quienes no pueden cumplir una jornada completa, como los estudiantes, pero dentro de un esquema formal.
Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha manifestado, no obstante, que eso significaría el fin del contrato laboral y del salario mínimo, pues un empleador, al pagar por horas, no estaría en la obligación de tener un piso de remuneración para el trabajo del empleado.
Sobre el tema, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, ha asegurado que habría un deterioro pensional, pues al no devengar un salario mínimo, los ahorros serían pasados a los beneficios económicos periódicos (BEP), lo que en un futuro significaría pensiones por debajo del ingreso mensual mínimo.
Otro de los puntos de controversia y relacionados con el asunto pensional es el artículo que permitiría trasladarse de sistema por un lapso de cuatro meses a hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 50 con 750 semanas cotizadas, con el fin de enmendar una falta de información en su momento, como la doble asesoría. Según los fondos privados, la propuesta es inequitativa y, para el Gobierno, pondría más en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
No obstante, según otros, como Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, retirar ese artículo derivará en más congestión del sistema judicial. “La necesidad de contar con una norma legal que habilite el traslado de régimen está relacionada con la ausencia de deber de doble asesoría durante 22 años de funcionamiento del sistema, que solo se incluyó en el año 2016”, señaló.
Cafeteros, a la espera
Otro de los sectores que se movilizaron durante esta semana es el cafetero. Pese a que el Gobierno ha destinado $203.000 millones para ayudar a compensar los bajos precios que aquejan este actividad, no solo en Colombia sino a nivel mundial, los productores afirman que no es suficiente. El apoyo directo al precio es de máximo $30.000 por carga de 125 kilos, siempre y cuando el precio de ésta en el mercado esté por debajo de $715.000, un “piso” que los agricultores consideran demasiado bajo.
En diálogo con este diario, Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria, afirmó que, en caso de no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, tomarán la decisión de si se van a paro o no.