Oposición pide archivo de Plan de Desarrollo por considerar que promueve concentración de poderes

Senadores de la bancada alternativa radicaron una nueva ponencia en la que ofrecen 19 razones por las cuales debería replantearse el PND.

Los senadores critican la rápida aprobación del PND en su primer debate, pues consideran que se trató de un proceso atropellado. Cristian Garavito - El Espectador.

Este martes, los senadores de la oposición Iván Marulanda Gómez, Juan Luis Castro Córdoba, Aída Avella y Gustavo Bolívar radicaron una nueva ponencia en la que explican las razones por las que creen que se debería archivar el Plan de Desarrollo, que está ad portas de ser discutido en un segundo debate.

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Los senadores comienzan su ponencia con una crítica a la rápida aprobación que tuvo el PND su primer debate, pues consideran que se trató de un proceso hecho a las carreras y que permitió la inclusión de artículos nuevos que eran desconocidos para muchos de los senadores.

Aseguran que la estructura y el tamaño del Plan de Desarrollo (cuyas bases superan las 1.000 páginas) son inconvenientes, pues llevan al Gobierno a abarcar muchos frentes y ejecutar pocos.

No estamos ante un Plan de Desarrollo integral, sino frente a un arrume de normas legales en ciernes, desconectadas entre sí y sin vínculos con los enunciados del Plan, que el Gobierno Nacional compiló aquí y allá para remendar de afán el Estado sin propósitos transparentes ni convincentes”, señalan.

Los temas que quedaron por fuera

Marulanda, Castro, Avella y Bolívar cuestionan la ausencia de propuestas y normativas sobre temas clave, como la ola migratoria proveniente de Venezuela, los cambios estructurales que necesita el sistema de salud y la protección de la niñez.

Sobre este último tema, los ponentes indicaron su preocupación ante la propuesta del Gobierno de promover la cadena perpetua para quienes abusan sexualmente y asesinan a menores, “pues no es evidente que el incremento de medidas punitivas contribuya a salvaguardar la integridad y los derechos de los niños”. En ese sentido, critican la ausencia de políticas de prevención para los casos de abuso infantil en todas sus manifestaciones.

Los ponentes también consideran que las mujeres y la comunidad LGBT quedaron excluidos del Plan de Desarrollo. Opinan que, si bien las bases del Plan abordan varias problemáticas que afectan a las mujeres, las metas no son muy alentadoras:

Por un lado, critican que se busque reducir en menos de un punto porcentual la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres durante el cuatrienio, e incrementar en menos de 5 puntos porcentuales el acceso de la mujer rural al crédito. Por otro lado, manifestaron su rechazo ante “la resistencia por parte de los partidos de gobierno a incluir en el PND disposiciones que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, así como los derechos de la comunidad LGBT”.

El medioambiente en el PND

Tal como ya lo habían argumentado en la primera ponencia negativa, los senadores indican que la asignación de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones es insuficiente para la protección del medioambiente y beneficia dinámicas extractivas como el fracking. Mencionan, de nuevo, sus reparos ante las expectativas de crecimiento económico basadas en la producción de petróleo.

“Mientras el 11% de las inversiones que anuncia el Plan en los próximos 4 años se destinarán al sector de la minería, solo 0,8% serán para el medioambiente, 2% para la agricultura y el desarrollo rural, 1,9% para la ciencia y la tecnología, 0,5% a la cultura y 0,9% al deporte”, aseguran.

Sobre la implementación de los Acuerdos de paz

Aunque reconocen avances en materia de los congresistas opinan que aún no existe una correlación entre el PND y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz.

“El Plan de Desarrollo no contiene estrategias, ni indicadores, ni metas que comprometan al Gobierno en contribuir a reducir la abstención electoral, acabar con el fraude y la compra de votos, a conjurar los asesinatos de líderes sociales, las violaciones de derechos humanos, a garantizar los derechos constitucionales de las comunidades en su movilización social y en general a cumplir los compromisos de desarrollar la democracia, derivados del Acuerdo de Paz”, puntualizan.

Dicen que los $27 billones en recursos “transversales” para la paz deberían ser explícitos y alertan que “no hay nada que garantice que los montos contemplados en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz correspondan con lo que efectivamente se vayan a ejecutar”, pues el Gobierno no tiene control sobre los dineros provenientes de cooperación internacional, entidades territoriales o del Sistema General de Participaciones.

En el tema de paz también critican la ausencia de propuestas para facilitar la reincorporación de ex miembros de las FARC y de mejoras en la calidad de vida de los campesinos que viven en regiones vulnerables o con presencia de cultivos ilícitos, además de señalar que el artículo que busca otorgarle autonomía administrativa, técnica y presupuestal a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) destruye la independencia de la JEP “toda vez que abre la puerta a la injerencia indebida del Ejecutivo en su operación presupuestal y administrativa”.

Finalmente, cuestionan las facultades extraordinarias que el PND le otorga al presidente Duque, pues aseguran que le quitarían control político al Congreso y “atentan contra la democracia y sus instituciones”.

Las consideraciones de los senadores de la oposición fueron consignadas en un documento de 19 puntos con el que solicitan a la Plenaria del Senado archivar el Proyecto de Ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Se espera que la ponencia definitiva del PND sea radicada esta semana para su posterior discusión y votación.

Cabe resaltar que este Plan es una de las principales razones por las cuales las centrales obreras CUT, CGT y CTC, además de las organizaciones de pensionados CDP y CPC, convocaron a los trabajadores a unirse al Paro Nacional el próximo 25 de abril. Según los gremios, el documento "pretende legalizar la informalidad" y llevar a cabo una reforma pensional que, en su concepto, beneficiaría a los fondos privados.  

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Redacción Economía.

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