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En concreto, el Artículo 218 de la Constitución de 1886 solo permitía la reforma si esta pasaba por el Poder Legislativo. La propuesta de Barco fue que el día en que se iba a celebrar los primeros comicios de alcaldes, el 13 de marzo, se incluyera una papeleta separada para que los electores votaran en favor de una reforma a la Carta Magna a través del pueblo. Sin embargo, la novedosa iniciativa plebiscitaria se convirtió en un asunto atractivo para los partidos políticos, que rápidamente convocaron a una reunión para canalizar el tema y resolverlo a su manera.
Entonces se descartó el plebiscito, se decidió crear una comisión de reajuste institucional para evaluar qué temas debían ser incluidos en una reforma política, y se acuñó un pacto, conocido como el Acuerdo de la Casa de Nariño, para que la anhelada reforma la hiciera el Congreso. No obstante, en la segunda semana de abril, cuando el país empezaba a vivir la zozobra de las masacres, el Consejo de Estado echó abajo dicho acuerdo. Aunque pocos entendieron las razones jurídicas, lo único claro es que la fórmula plebiscitaria pasó al olvido.
Tuvo que pasar un año para que volviera a revivir. En 1989, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, en medio de la arremetida del narcotráfico, el Congreso volvió a ocuparse de la reforma. Sin embargo, cuando todo avanzaba sin contratiempos, súbitamente en la Comisión Primera de la Cámara, un grupo de parlamentarios apoyó una proposición encaminada a que al proyecto se le añadiera una controvertida propuesta: un referendo para que los colombianos decidieran sí o no frente a la extradición de colombianos a Estados Unidos, en ese momento, única opción para enfrentar a la mafia.
De inmediato, el gobierno Barco rechazó la iniciativa con una frase suficiente del ministro de Gobierno, Carlos Lemos: “No están invitando a los colombianos a un referendo, sino a una carnicería”. A pesar de la negativa del Ejecutivo y de los directorios políticos, los intereses ocultos en la trasescena del Congreso lograron que la Cámara aprobara el referendo de la extradición. Fueron días de intenso frenesí político, y contra todos los pronósticos, el Senado respaldó a la Cámara. Entonces, la administración Barco retiró la reforma y se frustró la posibilidad de renovar las instituciones.
Fue en ese momento cuando los estudiantes y profesores de varias universidades se unieron para plantear una novedosa iniciativa: la Séptima Papeleta. Su idea fue que el 11 de marzo de 1990, día en que los colombianos fueron convocados para votar por Senado, Cámara, asambleas, concejos, alcaldías y consulta interna del Partido Liberal, se incluyera una espontánea papeleta en favor de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Y, en efecto, ese día, en medio de las noticias rutinarias de la jornada electoral, el hecho fue el éxito de la Séptima Papeleta.
Los estudiantes y demás integrantes del movimiento, “Todavía podemos salvar a Colombia”, se salieron con la suya, pero de entrada quedó planteado un problema: como la Registraduría no estaba obligada a escrutar estos votos por la Séptima Papeleta, no tenía validez jurídica su resultado. Entonces, el presidente Barco, en una audaz acción, expidió un decreto de Estado de Sitio para que el organismo electoral contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La propuesta tuvo una acogida mayoritaria entre los directorios políticos.
Con el aval de la Corte Suprema de Justicia, el día que fue electo César Gaviria como jefe de Estado, también los colombianos le dieron un sí mayoritario a la Constituyente. Segunda victoria de la Séptima Papeleta. En adelante, la responsabilidad era de Gaviria, quien repitió la fórmula: con un decreto de Estado de Sitio convocó a elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez más, el alto tribunal le dio el respaldo a la norma y el 9 de diciembre de 1990, los ciudadanos escogieron a los 70 constituyentes que crearon la Carta Política de 1991.
En esta cronología histórica, cabe reconocer que fueron los artífices de la Séptima Papeleta quienes recobraron el camino plebiscitario que hace 30 años le dio vía libre a un nuevo orden político. Hoy varios de los líderes de aquel movimiento están en el poder. Otros continúan vinculados a la academia. Pero tanto unos como otros tienen claro que fueron protagonistas de un momento histórico. Cuando todo parecía trancado y la llave de la modernización política perdida en el fondo del mar, fueron los universitarios quienes dieron ejemplo para salvar al país.
“Se habían intentado hacer unas reformas constitucionales que no habían sido posibles. Nos encontrábamos en ese momento completamente anclados en la Constitución del 86. Casi que estábamos y no podíamos ni avanzar en el Congreso, ni en la Corte Suprema, hacia una modificación constitucional (…) La primera vez que se salió a votar la Séptima Papeleta no se contabilizó, pero se sentó con esta un precedente político”, recordó Alejandra Barrios, hoy directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien participó del movimiento estudiantil. “Fue un proceso completamente inédito, quijotesco, por supuesto. Nunca pensamos que eso fuera a tener un éxito tan grande, pero era un país sofocado por la violencia que vio la luz al final del túnel en este proceso constituyente”, complementa Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, otro de los artífices de la Séptima Papeleta.
Mirando en retrospectiva, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que también participó de ese clamor de los jóvenes, reconoce que lo que lograron marcó un antes y un después en la democracia del país. “El principal legado que dejó la Séptima Papeleta fue la Constitución del 91, una carta de derechos, una carta de deberes que democratizó el país, que lo sacó del bipartidismo, que fortaleció la rama judicial, que creó la Fiscalía, que les dio a los ciudadanos herramientas concretas para defender sus derechos, como lo es la acción de tutela”.