A desescalar el conflicto

A tres días de que la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana se reanude con el último ciclo de 2014, después de superar el más difícil momento en dos años de proceso, no cabe duda de que el tema que con más urgencia se requiere abordar es el desescalamiento del conflicto. Un asunto del que se dice se viene trabajando desde hace ya algunos meses y que se empieza a perfilar como fundamental para cuidar las negociaciones de paz y ganar terreno en la aceptación ciudadana.

La captura por parte de la guerrilla del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, y la de dos soldados de Arauca, puso en evidencia los riesgos que corre el proceso en medio de la confrontación armada, y la necesidad de ir concertando asuntos para sellar un acuerdo final de paz. Por eso, en la declaración conjunta del pasado 3 de diciembre, las Farc y el Gobierno anunciaron que el ciclo 32 de diálogos —que se realizará entre el 10 y el 17 de diciembre— tendrá “el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto, con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible”.

Tal vez la constitución de una subcomisión técnica encargada de avanzar en la discusión sobre el punto del fin del conflicto, que compromete materias de desmovilización, dejación de armas y reinserción de combatientes a la sociedad, ha puesto el tema como prioritario. Y tendría sentido que fuera así, ya que dicha subcomisión está integrada por militares activos, encabezados por el general Javier Flórez, de un lado, y los hombres fuertes de las Farc en zonas de combates, como Romaña, Pastor Álape o Carlos Antonio Lozada, todos miembros del Secretariado.

Ya se barajan fórmulas para concretar una serie de medidas, que llaman de desesclamiento, pero que esencialmente son de carácter humanitario. El Gobierno, por ejemplo, estaría interesado en conseguir que los menores de edad fueran sacados de las filas guerrilleras y abolir su reclutamiento. Pero las discusiones no serán fáciles. El concepto de menor de edad encierra un problema. La justicia internacional los reconoce hasta los 16 años mientra la legislación nacional hasta los 18. Las Farc, por su puesto, desconoce el ordenamiento jurídico interno.

También se habla de que hay discusiones alrededor de los atentados a la infraestructura, y que el Gobierno quiere que la guerrilla desista de atentar contra torres de energía, carreteras y oleoductos, pero a su vez la insurgencia considera que se trata de una estrategia militar que garantiza que la Fuerza Pública se concentre en lugares específicos y así facilita la movilidad de sus miembros.

Las Farc han sido enfáticas, durante los dos años que lleva el proceso de paz, en que se necesita decretar un cese al fuego bilateral. El Gobierno ha respondido argumentando que esto ha sido utilizado en el pasado por la guerrilla para fortalecerse y que una tregua sólo llegará cuando se depongan las armas. Sin embargo, en los círculos más cercanos a la mesa se piensa en fórmulas alternas y algunos se atreven a lanzar propuestas. Por ejemplo, que se declare un cese bilateral en zonas específicas, como territorios indígenas y afros, o en los cascos urbanos.

De otro lado está el problema de las minas antipersonas, de los llamados “tatucos” (morteros artesanales) y de los bombardeos desplegados por la Fuerza Aérea. Este, es quizá uno de los temas más sensibles, pues significa regular las armas más fuertes. Otras de las peticiones más reiteradas de las Farc tiene que ver son sus prisioneros de guerra, y el episodio del general Alzate permitió traerlo de nuevo al escenario público, cuando plantearon que se diligencie la liberación de quienes están muy enfermos, junto a los de tercera edad y madres de familia, “que en su mayoría no tienen condiciones para seguir combatiendo”.

Incluso, hace algunas semanas se inició una protesta de los “presos políticos” recluidos en la cárcel Modelo de Bogotá. Se cosieron la boca para reclamar por una oportuna asistencia médica para varios de ellos. Algunos con graves heridas de combate que requieren un seguimiento regular. Por supuesto, a las Farc no deja de preocuparle la situación de guerrilleros extraditados a Estados Unidos, como Simón Trinidad y Sonia, así no hayan vuelto a hablar de su repatriación.

Esto conduce a otra discusión que se ha visto a lo largo de las últimas semanas, intercalada con las noticias de las liberaciones y la expectativa de la reanudación de los diálogos: la redefinición del delito político. Han dicho el presidente Santos y el fiscal Montealegre que el narcotráfico podría ser delito conexo. Y es que las conductas que se incluyan aquí determinan el perfil de los guerrilleros que, una vez dejen las armas, podrían participar en política. El tema tampoco será fácil, pero sin duda obligatorio.

Lo claro, eso sí, es que el desescalamiento no puede concentrar todos los esfuerzos de la mesa. Para eso se creó la subcomisión para el fin del conflicto. Los otros delegados deberán trabajar arduamente en el punto de víctimas, que incluye los debates de justicia, los más espinosos del proceso de paz. Esta semana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recordó su preocupación por frente a la impunidad que pueda llegar a existir en graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en La Habana creen que los tribunales internacionales no se opondrán a un acuerdo de fin del conflicto.

En este sentido, las salidas se buscan por el lado de la legitimidad del proceso. De la inclusión de las víctimas, y de conseguir lo máximo posible para ellas en materia de reparación, de memoria, de perdón y de plenas garantías de no repetición. Esto, que los especialistas llaman justicia restaurativa, sería una fórmula para alcanzar la aceptación internacional.

Y vendrá otro escollo: la aprobación de los acuerdos. Tarea titánica pues la guerrilla no acepta pagar un día de cárcel y las encuestas dicen que los ciudadanos no estarían dispuestos a aceptarlo. Por eso se requiere encontrar un mecanismo de refrendación y hacer pedagogía para que la gente acepté el paso de las Farc a la política. Un punto que toca con las exigencias de las Fuerzas Armadas, quienes también tienen que resolver asuntos con la justicia y aceptar funciones en el posconflicto, donde militares y guerrilleros deberán contribuir a la reconstrucción del país, tras 50 años de guerra.

A tres días de que la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana se reanude con el último ciclo de 2014, después de superar el más difícil momento en dos años de proceso, no cabe duda de que el tema que con más urgencia se requiere abordar es el desescalamiento del conflicto. Un asunto del que se dice se viene trabajando desde hace ya algunos meses y que se empieza a perfilar como fundamental para cuidar las negociaciones de paz y ganar terreno en la aceptación ciudadana.

La captura por parte de la guerrilla del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, y la de dos soldados de Arauca, puso en evidencia los riesgos que corre el proceso en medio de la confrontación armada, y la necesidad de ir concertando asuntos para sellar un acuerdo final de paz. Por eso, en la declaración conjunta del pasado 3 de diciembre, las Farc y el Gobierno anunciaron que el ciclo 32 de diálogos —que se realizará entre el 10 y el 17 de diciembre— tendrá “el propósito de avanzar en el tema de desescalamiento del conflicto, con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible”.

Tal vez la constitución de una subcomisión técnica encargada de avanzar en la discusión sobre el punto del fin del conflicto, que compromete materias de desmovilización, dejación de armas y reinserción de combatientes a la sociedad, ha puesto el tema como prioritario. Y tendría sentido que fuera así, ya que dicha subcomisión está integrada por militares activos, encabezados por el general Javier Flórez, de un lado, y los hombres fuertes de las Farc en zonas de combates, como Romaña, Pastor Álape o Carlos Antonio Lozada, todos miembros del Secretariado.

Ya se barajan fórmulas para concretar una serie de medidas, que llaman de desesclamiento, pero que esencialmente son de carácter humanitario. El Gobierno, por ejemplo, estaría interesado en conseguir que los menores de edad fueran sacados de las filas guerrilleras y abolir su reclutamiento. Pero las discusiones no serán fáciles. El concepto de menor de edad encierra un problema. La justicia internacional los reconoce hasta los 16 años mientra la legislación nacional hasta los 18. Las Farc, por su puesto, desconoce el ordenamiento jurídico interno.

También se habla de que hay discusiones alrededor de los atentados a la infraestructura, y que el Gobierno quiere que la guerrilla desista de atentar contra torres de energía, carreteras y oleoductos, pero a su vez la insurgencia considera que se trata de una estrategia militar que garantiza que la Fuerza Pública se concentre en lugares específicos y así facilita la movilidad de sus miembros.

Las Farc han sido enfáticas, durante los dos años que lleva el proceso de paz, en que se necesita decretar un cese al fuego bilateral. El Gobierno ha respondido argumentando que esto ha sido utilizado en el pasado por la guerrilla para fortalecerse y que una tregua sólo llegará cuando se depongan las armas. Sin embargo, en los círculos más cercanos a la mesa se piensa en fórmulas alternas y algunos se atreven a lanzar propuestas. Por ejemplo, que se declare un cese bilateral en zonas específicas, como territorios indígenas y afros, o en los cascos urbanos.

De otro lado está el problema de las minas antipersonas, de los llamados “tatucos” (morteros artesanales) y de los bombardeos desplegados por la Fuerza Aérea. Este, es quizá uno de los temas más sensibles, pues significa regular las armas más fuertes. Otras de las peticiones más reiteradas de las Farc tiene que ver son sus prisioneros de guerra, y el episodio del general Alzate permitió traerlo de nuevo al escenario público, cuando plantearon que se diligencie la liberación de quienes están muy enfermos, junto a los de tercera edad y madres de familia, “que en su mayoría no tienen condiciones para seguir combatiendo”.

Incluso, hace algunas semanas se inició una protesta de los “presos políticos” recluidos en la cárcel Modelo de Bogotá. Se cosieron la boca para reclamar por una oportuna asistencia médica para varios de ellos. Algunos con graves heridas de combate que requieren un seguimiento regular. Por supuesto, a las Farc no deja de preocuparle la situación de guerrilleros extraditados a Estados Unidos, como Simón Trinidad y Sonia, así no hayan vuelto a hablar de su repatriación.

Esto conduce a otra discusión que se ha visto a lo largo de las últimas semanas, intercalada con las noticias de las liberaciones y la expectativa de la reanudación de los diálogos: la redefinición del delito político. Han dicho el presidente Santos y el fiscal Montealegre que el narcotráfico podría ser delito conexo. Y es que las conductas que se incluyan aquí determinan el perfil de los guerrilleros que, una vez dejen las armas, podrían participar en política. El tema tampoco será fácil, pero sin duda obligatorio.

Lo claro, eso sí, es que el desescalamiento no puede concentrar todos los esfuerzos de la mesa. Para eso se creó la subcomisión para el fin del conflicto. Los otros delegados deberán trabajar arduamente en el punto de víctimas, que incluye los debates de justicia, los más espinosos del proceso de paz. Esta semana, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recordó su preocupación por frente a la impunidad que pueda llegar a existir en graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en La Habana creen que los tribunales internacionales no se opondrán a un acuerdo de fin del conflicto.

En este sentido, las salidas se buscan por el lado de la legitimidad del proceso. De la inclusión de las víctimas, y de conseguir lo máximo posible para ellas en materia de reparación, de memoria, de perdón y de plenas garantías de no repetición. Esto, que los especialistas llaman justicia restaurativa, sería una fórmula para alcanzar la aceptación internacional.

Y vendrá otro escollo: la aprobación de los acuerdos. Tarea titánica pues la guerrilla no acepta pagar un día de cárcel y las encuestas dicen que los ciudadanos no estarían dispuestos a aceptarlo. Por eso se requiere encontrar un mecanismo de refrendación y hacer pedagogía para que la gente acepté el paso de las Farc a la política. Un punto que toca con las exigencias de las Fuerzas Armadas, quienes también tienen que resolver asuntos con la justicia y aceptar funciones en el posconflicto, donde militares y guerrilleros deberán contribuir a la reconstrucción del país, tras 50 años de guerra.