A favor y en contra del fuero militar

La reforma al fuero penal militar tal vez sea la última obra que realice el saliente ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Aunque se daba por aprobada la iniciativa, la plenaria de la Cámara de Representantes lo debatía ampliamente ayer al cierre de esta edición. De salir aprobado, como se pronosticaba, sólo quedará faltando la conciliación de los textos producidos entre esta corporación y el Senado, de aquí al viernes. El resto será ver llover las críticas al proyecto, que hoy se ven desde flancos contrarios: el sector militar y las organizaciones sociales adscritas a la izquierda.

Desde la trinchera de los oficiales retirados, reunidos en Acore, se afirma que la iniciativa perdió en su tránsito por el Congreso todos los elementos que le brindaban seguridad jurídica a los uniformados y que los cambios en el texto dejan viva una fuerte preocupación que, dicen, persiste en la tropa por la investigación y juzgamiento por parte de la justicia ordinaria. En este sentido, rechazan la manera como quedó aprobada al final la iniciativa.

Y desde el otro lado, el de las organizaciones de izquierda y los defensores de los derechos humanos, aunque se reconoce que ha habido un cambio positivo, quedan algunas preocupaciones, especialmente, porque se conservó en el texto del proyecto —y dos proyectos más que tienen que ver con el tema de la justicia militar— una interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), según la cual las afectaciones a civiles son entendidas como daños colaterales. Por esto, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, organización no gubernamental, pidió hundir la reforma.

En esta misma línea se ha plantado el representante a la Cámara Alirio Uribe. El congresista del Polo Democrático manifestó su satisfacción por la eliminación del párrafo que planteaba que la justicia penal militar juzgaría las infracciones al DIH, como también por el retiro de la lista de delitos que no serían conocidos por la justicia ordinaria, y el plazo de un año que se le daba a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa para revisar los casos por falsos positivos. Sin embargo, aún hay una preocupación: “En la redacción del segundo párrafo del artículo primero se deja planteado que las conductas punibles cometidas por uniformados serán entendidas como infracciones al DIH”.

Para Uribe, es “elevar a rango constitucional una interpretación del DIH que apunta a entender daños colaterales, blancos legítimos y todo su lenguaje. Así mandan un mensaje de que la justicia penal militar seguirá conociendo las violaciones al DIH. Otra preocupación surge del mismo párrafo, pues deja abierta la posibilidad para que en un enfrentamiento, por ejemplo con las bandas criminales, a estos se les aplique el DIH. Esto implica que se extiendan las normas para la guerra a otros actores que no están propiamente en el conflicto armado”, concluyó.

El punto intermedio lo presentó, inesperadamente, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas y uno de los más férreos críticos de la reforma al fuero penal militar. Tras reunirse en abril con los ministros de Defensa y Justicia, Vivanco señaló que la iniciativa había tenido un giro de 350° y que el nuevo articulado “da garantías de que no habrá una transferencia de competencias de jurisdicción de casos de falsos positivos de la justicia ordinaria, del conocimiento del fiscal Eduardo Montealegre, a la justicia militar”, expresó por esos días.

Ahora, el último pulso se dará en la sesión de conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara de Representantes. Un trámite que aunque no tiene mayores complicaciones, sí ha demostrado necesitar de la atención suficiente para que no ocurran cosas como las de la fallida reforma a la justicia de 2012. Y finalmente, será la Corte Constitucional quien le haga un control y lo acepte o rechace. Valga recordar que en el reciente pasado, fue allí donde se cayó otra iniciativa similar, tras haber cumplido su trámite en el Congreso.

La reforma al fuero penal militar tal vez sea la última obra que realice el saliente ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Aunque se daba por aprobada la iniciativa, la plenaria de la Cámara de Representantes lo debatía ampliamente ayer al cierre de esta edición. De salir aprobado, como se pronosticaba, sólo quedará faltando la conciliación de los textos producidos entre esta corporación y el Senado, de aquí al viernes. El resto será ver llover las críticas al proyecto, que hoy se ven desde flancos contrarios: el sector militar y las organizaciones sociales adscritas a la izquierda.

Desde la trinchera de los oficiales retirados, reunidos en Acore, se afirma que la iniciativa perdió en su tránsito por el Congreso todos los elementos que le brindaban seguridad jurídica a los uniformados y que los cambios en el texto dejan viva una fuerte preocupación que, dicen, persiste en la tropa por la investigación y juzgamiento por parte de la justicia ordinaria. En este sentido, rechazan la manera como quedó aprobada al final la iniciativa.

Y desde el otro lado, el de las organizaciones de izquierda y los defensores de los derechos humanos, aunque se reconoce que ha habido un cambio positivo, quedan algunas preocupaciones, especialmente, porque se conservó en el texto del proyecto —y dos proyectos más que tienen que ver con el tema de la justicia militar— una interpretación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), según la cual las afectaciones a civiles son entendidas como daños colaterales. Por esto, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, organización no gubernamental, pidió hundir la reforma.

En esta misma línea se ha plantado el representante a la Cámara Alirio Uribe. El congresista del Polo Democrático manifestó su satisfacción por la eliminación del párrafo que planteaba que la justicia penal militar juzgaría las infracciones al DIH, como también por el retiro de la lista de delitos que no serían conocidos por la justicia ordinaria, y el plazo de un año que se le daba a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa para revisar los casos por falsos positivos. Sin embargo, aún hay una preocupación: “En la redacción del segundo párrafo del artículo primero se deja planteado que las conductas punibles cometidas por uniformados serán entendidas como infracciones al DIH”.

Para Uribe, es “elevar a rango constitucional una interpretación del DIH que apunta a entender daños colaterales, blancos legítimos y todo su lenguaje. Así mandan un mensaje de que la justicia penal militar seguirá conociendo las violaciones al DIH. Otra preocupación surge del mismo párrafo, pues deja abierta la posibilidad para que en un enfrentamiento, por ejemplo con las bandas criminales, a estos se les aplique el DIH. Esto implica que se extiendan las normas para la guerra a otros actores que no están propiamente en el conflicto armado”, concluyó.

El punto intermedio lo presentó, inesperadamente, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas y uno de los más férreos críticos de la reforma al fuero penal militar. Tras reunirse en abril con los ministros de Defensa y Justicia, Vivanco señaló que la iniciativa había tenido un giro de 350° y que el nuevo articulado “da garantías de que no habrá una transferencia de competencias de jurisdicción de casos de falsos positivos de la justicia ordinaria, del conocimiento del fiscal Eduardo Montealegre, a la justicia militar”, expresó por esos días.

Ahora, el último pulso se dará en la sesión de conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara de Representantes. Un trámite que aunque no tiene mayores complicaciones, sí ha demostrado necesitar de la atención suficiente para que no ocurran cosas como las de la fallida reforma a la justicia de 2012. Y finalmente, será la Corte Constitucional quien le haga un control y lo acepte o rechace. Valga recordar que en el reciente pasado, fue allí donde se cayó otra iniciativa similar, tras haber cumplido su trámite en el Congreso.