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En momentos en que aún hay ecos del debate nacional por las cartillas sobre orientación sexual e identidad de género que fueron elaboradas y distribuidas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), sin autorización del Ministerio de Educación, la agenda se centra ahora en un tema más profundo: la llamada adopción igualitaria que permite a menores de edad crecer con parejas del mismo sexo.
Pese a que la Corte Constitucional, en el fallo proferido en noviembre de 2015, determinó que la orientación sexual de una persona o su sexo no son en sí mismo indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar, el debate vuelve a la palestra pública. En la semana que inicia, el Congreso abrirá la discusión sobre el referendo que permitiría la adopción sólo a las parejas conformadas entre un hombre y una mujer. El Senado programó la primera audiencia pública para que los ciudadanos expongan qué piensan sobre la iniciativa que de nuevo promete levantar ampolla y que de seguro volverá a enfrentar a defensores y detractores alrededor del tema.
Las cosas inicialmente están planteadas así en la dura pelea que se avecina por los radicalismos de lado y lado. Primero está la tesis de la senadora Viviane Morales, promotora de este mecanismo de participación ciudadana, quien considera que la adopción es un derecho de los niños y no de los adultos. “La adopción es un mecanismo de protección de los niños por medio del cual se pueden adoptar por parte únicamente de parejas conformadas por un hombre y una mujer. Cuando un niño está sin papá y mamá, y en estado de vulnerabilidad, se busca es que el Estado le devuelva lo que perdió, es decir, el papá y la mamá que deben ser un hombre y una mujer”, aseguró.
La congresista liberal, miembro además de una congregación religiosa, consideró que el fallo de la Corte a favor de la adopción igualitaria fue por congraciarse con ciertos sectores de la opinión, sin ceñirse a la realidad jurídica y sociológica del país.
Algo con lo que no está de acuerdo la representante Angélica Lozano, abiertamente defensora de la comunidad LGBTI, quien advierte que no se puede permitir que en Colombia las instituciones se conviertan en “tablero” para campañas políticas y electorales. “Ella está en un momento de júbilo religioso donde tiene en cuenta el jugoso caudal electoral que representan las iglesias cristianas, radicalizando esa postura que puede resultarle rentable y sin tener presenten que en Colombia cabemos todos: heterosexuales y homosexuales”, recalcó.
La democracia significa además, de acuerdo con Lozano, la convivencia de mayorías con minorías, sin que esto implique la afectación de los derechos de unos con otros. “Esto no se puede tratar de aplastar los derechos de las minorías empleando el bien superior de los niños a tener una familia. La realidad, así no les guste, es que Colombia es el país de la región con más madres solteras y donde también hay abuelas criando”, insistió.
Ahora bien, pese a que el espíritu del proyecto propende por garantizar efectivamente el desarrollo integral y armónico del niño adoptado, soportado en la necesidad de crecer con un padre y una madre –hombre y mujer–, esto de un plumazo también implicaría que a los padres o madres solteros les quedaría prohibido adoptar.
Y aunque han sido varios los proyectos y las reformas que alrededor de los temas de parejas del mismo sexo se han hundido en el Senado y la Cámara de Representantes sin siquiera cumplir el primer debate, en esta ocasión el desenlace puede ser totalmente distinto porque el proyecto está acompañado por la firma de 1’740.000 ciudadanos que reclaman que la figura de la familia se mantenga con la premisa constitucional de que sólo se puede conformar “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Lógicamente esto, en época electoral, pone a pensar a muchos en la hoja de ruta a seguir, bien sea para tener en cuenta a este importante número de firmantes o a quienes promueven la defensa de las minorías.
Pero el proyecto de referendo de adopción heterosexual tiene que transitar un largo camino. Debe ser aprobado en cuatro debates en el Congreso, pasar por la revisión de la Corte Constitucional, ser sometido a las urnas y de nuevo regresar al Legislativo por vía de una reforma constitucional que debe cumplir su aprobación en ocho debates. ¿Logrará pasar por todo este engorroso proceso?