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Una práctica común en Suramérica
El representante Jorge Benedetti, de Cambio Radical, radicó hace dos semanas un proyecto de reforma constitucional para adoptar el voto obligatorio en Colombia.
Esta es la última versión de una ya larga serie de propuestas en el mismo sentido —incluyendo la del propio gobierno Duque en la reforma política que presentó en su primer año de mandato—.
Colombia, Venezuela y Chile son los únicos países de América del Sur donde el voto no es obligatorio (en Chile fue obligatorio hasta no hace mucho tiempo y es posible que vuelva a serlo en la constitución que se está redactando). Pero el voto obligatorio no es común en el resto del mundo; más bien parece una especialidad del subcontinente, con otros pocos casos en otras regiones (Bélgica y Australia, por ejemplo).
Entonces, ¿qué tan conveniente sería adoptar el voto obligatorio en Colombia?
Los argumentos a favor
Suelen presentarse tres tipos de argumentos a favor del voto obligatorio:
Un argumento de principio según el cual el voto es un derecho, pero también es un deber. Del mismo modo que los ciudadanos están obligados a pagar impuestos, tendrían que participar en la deliberación sobre el uso de los fondos públicos y expresar sus preferencias mediante el voto. Esta perspectiva se inscribe en la tradición republicana que valora la participación en los asuntos públicos y se distancia de la tradición liberal que considera el voto como un derecho, pero en ningún caso como una obligación.
Otro argumento mencionado en muchas de las propuestas que se presentan en Colombia destaca el potencial del voto obligatorio en la lucha contra la corrupción electoral y el clientelismo. Estos males, serían facilitados por el hecho de que poca gente vota; así, basta con comprar unos pocos votos para ser elegido. Al elevar los costos de la compra de voto, el voto obligatorio lucha contra la corrupción electoral volviéndola menos rentable.
Sin embargo, podríamos responder a este argumento diciendo que, en Argentina, Brasil o Perú, la compra de votos y prácticas afines no desaparecieron gracias al voto obligatorio. Es, precisamente, en Argentina donde se han realizado más estudios académicos sobre estos fenómenos. El voto obligatorio podría incluso provocar más presión sobre el erario, pues dichas prácticas corruptas suelen realizarse con dinero de origen público.
Un tercer argumento a favor del voto obligatorio es él de la igualdad; un argumento que no se menciona mucho en Colombia, aunque es, probablemente, el más interesante. El voto facultativo permite a cualquiera abstenerse, pero, en la práctica, no todos los grupos sociales se abstienen por igual, sea porque ir a votar tiene un costo (transporte, costo de oportunidad del tiempo, es decir, de actividades económicas perdidas, etc.) o porque el interés por la política está repartido de forma desigual.
Los que menos participan son generalmente los grupos menos favorecidos en el plano económico y social. Una vez elegidos, los políticos tienden a responder sólo a sus electores, por lo que ignoran a estos grupos ya desfavorecidos. De este modo, el voto facultativo crea un círculo vicioso de la exclusión en el cual los menos favorecidos son los que menos votan y esto a su vez implica que el sistema político no atienda sus demandas, reforzando esta exclusión. Con Lina Vanessa Guavita hemos estudiado este argumento en Colombia de forma minuciosa y hemos podido poner en evidencia que, efectivamente, los que menos votan son los jóvenes, los ciudadanos urbanos de los estratos bajos, y los electores de las regiones más marginalizadas.
Así, el voto obligatorio podría ser un instrumento de igualdad, valor esencial de la democracia. El debate parece particularmente oportuno después del estallido social que vivió el país y que fue protagonizado, sobre todo, por jóvenes urbanos de los barrios pobres. Gente que vota poco y que los políticos suelen tratar con un abierto desdén.
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Los argumentos en contra
Paralelo al argumento del voto como deber ciudadano, está la idea de que el voto obligatorio viola la libertad. Desde luego, obliga a los ciudadanos a hacer acto de presencia en un puesto de votación cada día de elecciones. Hay que precisar, sin embargo, que el elector siempre tiene la posibilidad de votar en blanco, anular el voto, o incluso, poner en la urna una tarjeta sin marcar. Es decir, está obligado a concurrir al puesto de votación, pero no realmente a votar y menos aún a hacerlo por alguien particular.
También se afirma que el voto obligatorio puede facilitar la victoria de ‘outsiders’ poco preparados y con discursos polarizadores y populistas. Estos personajes (como Pedro Castillo, por ejemplo), son apoyados en particular por gente que, sin el voto obligatorio, no hubiera votado, porque no parecen tan interesados en los asuntos políticos y, por el contrario, ven las elecciones como un duelo personal entre personajes con quienes más o menos se identifican. De cierto modo, este argumento es el equivalente opuesto al argumento de la igualdad a favor del voto obligatorio y, como tal, tiene la desventaja de tener cierto tufillo elitista, por no decir francamente antidemocrático.
Por otra parte, está el argumento del costo y la dificultad logística. En las elecciones legislativas, menos de la mitad de los electores vota en Colombia. Pasar al voto obligatorio supondría, en teoría, duplicar el número de electores. Esto significa que la Registraduría tendría que invertir más recursos para abrir más puestos de votación, cuando el presupuesto para organizar las elecciones ya es demasiado elevado.
En realidad, este argumento es fácil de rebatir: la Registraduría, de hecho, tiene que prever una logística que permita, en principio, la participación de todos los electores. Así, el proyecto de Jorge Benedetti menciona en su exposición de motivos que pretende proteger los recursos públicos porque la inversión que se hace para las elecciones es muy alta y las instalaciones son subutilizadas, en la medida en que no todos los electores concurren a las urnas.
Lo que es complicado es que el voto obligatorio implica sancionar a los abstencionistas ¿Cómo se hará eso? ¿Se aplicarán multas? ¿Cómo se cobrarán? Estos problemas tienen que ser muy bien pensados porque si hay argumentos a favor y en contra del voto obligatorio, lo peor que podríamos hacer es adoptar una ley para que no se cumpla (¡otra más!).
Finalmente, hay un argumento muy específico de Colombia: la herencia del conflicto. En las elecciones presidenciales existe una coincidencia geográfica marcada entre la abstención y las zonas más afectadas por la violencia (ver mapa adjunto), como Caquetá, Arauca, el Catatumbo, la fachada Pacífica, el norte antioqueño, etc. Este hecho, constantemente revelado en los mapas de riesgo de la MOE, se debe a que el largo conflicto armado afectó en gran medida la cultura política en estas regiones.
Tradicionalmente, las FARC trataban de sabotear las elecciones declarando paros armados o proponiéndose afectar la organización del escrutinio. Por lo tanto, en estas regiones, las elecciones se volvieron sinónimo de inseguridad y peligro. Esta es una de las razones por las que la gente prefiere quedarse en casa y no desplazarse a las urnas. En este contexto se plantea el siguiente dilema ético: ¿el Estado colombiano, que, durante tanto tiempo, no fue capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos de estas zonas en períodos electorales, va ahora a exigir a la gente que vayan a votar so pena de multa?
En cualquier caso, es poco probable que el representante Benedetti tenga el apoyo necesario para pasar su proyecto de reforma. Como se trata de una reforma constitucional, necesita de 8 debates y no alcanza el tiempo antes del 2022. Los congresistas probablemente tendrán otras cosas en la cabeza en un año preelectoral.
*Director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.