Ante CIDH denuncian a magistrados del Consejo Electoral
En la acción un grupo de colombianos residentes en el exterior exigieron la protección de sus derechos políticos.
Germán Espejo
Un grupo de colombianos residentes en el exterior denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
La acción busca la aplicación de medidas cautelares a favor de los derechos electorales de millones de colombianos en el exterior que han venido denunciando fraude electoral en los consulados del mundo en los pasados comicios del 9 de marzo.
Zoilo Nieto, candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos residentes en el exterior, quien lideró la denuncia, indicó que instauró formalmente la demanda con varias evidencias que “claramente muestran preocupantes actuaciones en contra de la democracia colombiana”.
“Interpusimos los recursos legales en instancias internacionales ya que en Colombia hemos acudido a la Corte Suprema de Justicia, el Contencioso Administrativo y al Consejo Nacional Electoral, además de los entes de control y vigilancia, sin que nada pase para garantizar la defensa de los derechos políticos y electorales, de los colombianos en el exterior”, dijo.
Y continuó: “Hoy estoy enfrentado al sistema electoral colombiano pues las irregularidades observadas no sólo afectan la participación ciudadana en su toma de decisiones sino que también juegan con el futuro de la representación de los cinco millones de colombianos en el exterior. Hoy somos testigos de la banalidad y desfachatez con que se roban las elecciones en nuestro país y eso no lo voy a permitir porque puede volver a suceder y acudiré a todas las instancias legales en Colombia y por razones del caso, en el mundo, para evitar que los magistrados del CNE intervengan en la decisión soberana del pueblo”.
Con esta denuncia el grupo político de Nieto Díaz se convierte así en el segundo político colombiano después del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, en acudir a instancias de la CIDH, quien emitió medidas cautelares a favor del mandatario ordenando su restitución luego de la destitución e inhabilidad dictada por la Procuraduría.
Un grupo de colombianos residentes en el exterior denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
La acción busca la aplicación de medidas cautelares a favor de los derechos electorales de millones de colombianos en el exterior que han venido denunciando fraude electoral en los consulados del mundo en los pasados comicios del 9 de marzo.
Zoilo Nieto, candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos residentes en el exterior, quien lideró la denuncia, indicó que instauró formalmente la demanda con varias evidencias que “claramente muestran preocupantes actuaciones en contra de la democracia colombiana”.
“Interpusimos los recursos legales en instancias internacionales ya que en Colombia hemos acudido a la Corte Suprema de Justicia, el Contencioso Administrativo y al Consejo Nacional Electoral, además de los entes de control y vigilancia, sin que nada pase para garantizar la defensa de los derechos políticos y electorales, de los colombianos en el exterior”, dijo.
Y continuó: “Hoy estoy enfrentado al sistema electoral colombiano pues las irregularidades observadas no sólo afectan la participación ciudadana en su toma de decisiones sino que también juegan con el futuro de la representación de los cinco millones de colombianos en el exterior. Hoy somos testigos de la banalidad y desfachatez con que se roban las elecciones en nuestro país y eso no lo voy a permitir porque puede volver a suceder y acudiré a todas las instancias legales en Colombia y por razones del caso, en el mundo, para evitar que los magistrados del CNE intervengan en la decisión soberana del pueblo”.
Con esta denuncia el grupo político de Nieto Díaz se convierte así en el segundo político colombiano después del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, en acudir a instancias de la CIDH, quien emitió medidas cautelares a favor del mandatario ordenando su restitución luego de la destitución e inhabilidad dictada por la Procuraduría.