19 Apr 2016 - 3:46 a. m.

Cámaras en los taxis, a debate

La Comisión Sexta del Senado comenzará a debatir esta semana un proyecto de ley que propone instalar cámaras de seguridad en todos los taxis del país, con el objetivo de minimizar la problemática de violencia e inseguridad generada para conductores y usuarios de este tipo de servicio público de transporte.

Redacción Política

La Comisión Sexta del Senado comenzará a debatir esta semana un proyecto de ley que propone instalar cámaras de seguridad en todos los taxis del país, con el objetivo de minimizar la problemática de violencia e inseguridad generada para conductores y usuarios de este tipo de servicio público de transporte. Según el senador Bernardo Elías, autor de la iniciativa, hoy en día los conductores de taxis son principales víctimas de la delincuencia común y a la vez son vulnerados por los criminales para infiltrarse en este gremio transportador y cometer diferentes delitos como son hurtos a residencias, transporte de armas o drogas, y los delitos conocidos como “paseo millonario” y “fleteo”.

La idea es que las empresas de taxis doten a los vehículos con cámaras de seguridad que registren lo que ocurre en su interior, instaladas de forma tal que quede registro de todos los ocupantes y con un sistema que permita, como mínimo, el almacenamiento del video por quince días. Para el registro de las imágenes dentro del taxi no se requerirá de consentimiento expreso por parte de los taxistas o usuarios, aunque sería tener letreros visibles para los usuarios donde se les informe sobre la videovigilancia. Si la ley es aprobada, las empresas contarán con un plazo de 24 meses para instalar las cámaras y las autoridades de tránsito podrán, en cualquier tiempo, verificar su existencia y buen funcionamiento.

Un tema que da para discusión. Desde las mismas empresas de taxis ven el proyecto con buenos ojos, aunque creen que hace falta definir mucho más la reglamentación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el costo de la implementación de la ley en términos de instalación y mantenimiento, donde se podrían ver afectadas compañías pequeñas prestadoras del servicio que operan no solo en las grandes ciudades, sino en municipios pequeños. “Lo que se busca es facilitar la identificación y posterior judicialización de los delincuentes que han cometido actividades ilícitas dentro de o sirviéndose de un taxi y ayudar a las empresas en el control de sus afiliados”, insiste Elías.

Desde la ciudadanía, las posiciones son de todo tipo. Por ejemplo, no falta quien considere que la norma se puede prestar para el abuso de las autoridades de tránsito y hay quienes piensan que, de aprobarse, no sería más que otro saludo a la bandera, como lo fue el chip para identificar los taxis legales y sacar de circulación a los ilegales o gemeleados, o como los controles de velocidad de los buses intermunicipales y de los transporte de colegio. “El problema no es de leyes, sino de hacerlas cumplir, o ¿cómo van a controlar que el taxista no manipule la cámara para que no lo grabe cuando hace el paseo millonario o cuando está insultando al pasajero o cuando dice para allá no voy?”, expresó un ciudadano.

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