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Terminando la legislatura pasada, cuando el Congreso comenzó a marchar de forma más bien atropellada en contravía de los proyectos de la paz, senadores y representantes de la Unidad Nacional demostraron que su actitud se debía, básicamente, a la evidente falta de oxígeno proveniente del Ejecutivo. Eso explicó, en gran parte, los conatos de rebeldía que demostraron varios de ellos para no aprobar algunas iniciativas claves para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Y ejemplo de eso fue el proyecto que crea las 16 circunscripciones especiales de paz en las zonas más golpeadas por el conflicto armado que, luego de dos intentos, no pudo ser aprobado en la plenaria del Senado, a finales de junio. (Lea: La realidad de las circunscripciones de paz).
Por eso hoy, cuando arranca formalmente la última legislatura, el Congreso hará un tercer intento para sacar adelante una iniciativa que, indudablemente, se convertirá en el primer reto del Gobierno dentro del Capitolio. Las circunscripciones especiales de paz entran a su segundo debate vía fast track, pero los partidos no están dispuestos a ceder de manera tan fácil a un Ejecutivo ya de salida. Y todo se debe, en últimas, a las elecciones legislativas y presidenciales de 2018. Según el texto radicado por el Gobierno, los candidatos que participen para dichas circunscripciones sólo podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos o por organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas, dejando por fuera la participación de los partidos políticos, incluido el que surja de las Farc. (Lea: Cauca, Nariño y Valle: territorios de violencia).
Congresistas del Centro Democrático, de Cambio Radical y hasta del partido Liberal han argumentado que sus votos en esas regiones, ad portas de iniciarse el debate electoral en las urnas, pueden verse seriamente afectados. En el mismo sentido, senadores afirmaron que por el mismo hecho de que esas son zonas donde históricamente hicieron fuerte presencia las Farc y otros grupos armados al margen de la ley, no existen las suficientes garantías de que las personas que sean escogidas no sean excombatientes o candidatos cuyo origen político y social sea desconocido o de dudosa procedencia. (Lea: Especial Circunscripciones Especiales de Paz).
Para eso, hoy mismo será votada una proposición en la que se la da facultades al presidente de la República para suspender las elecciones de estas circunscripciones si las autoridades de control reportan algún tipo de coacción al elector o intimidación armada que ponga en serios cuestionamientos de legitimidad los resultados de las urnas. “También se establecerán sanciones para aquellas personas que se hagan elegir violando las reglas previstas en el proyecto que crea las circunscripciones especiales de paz”, ha dicho el ministro del Interior, Guillermo Rivera. (Lea: Arauca y la estela del conflicto armado).
En últimas, se trata de darles representación a las zonas más afectadas por la guerra en estos más de 50 años y en donde el Estado ha brillado por su ausencia. Ayer, precisamente, el presidente Juan Manuel Santos estuvo visitando el municipio de Morelia (Caquetá), en donde instaló los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y allí se priorizarán proyectos para las comunidades golpeadas por la guerra. Para ello, se llevarán propuestas de sustitución de cultivos, desminado humanitario, protección a líderes sociales de dichas zonas y se fortalecerá la presencia estatal. Los denominados PDET coinciden, por supuesto, con las 16 regiones estipuladas para las circunscripciones de paz. “No queremos que desde la capital se impongan soluciones a las necesidades del campo. La idea es que entre comunidades, organizaciones sociales, gobiernos territoriales y empresarios imaginen cómo quieren ver a su región en 10 años”, señaló el jefe de Estado, quien explicó, además, que los programas serán financiados con recursos del presupuesto general de la nación, fuentes privadas y públicas, cooperación internacional, regalías y por el Sistema General de Participaciones.
En medio de eso, y con un evidente reclamo hacia el Gobierno para que en el revolcón ministerial se reajusten las fuerzas políticas que “renueven” la Unidad Nacional, arranca un segundo período del procedimiento especial legislativo o fast track. Es la última oportunidad para hacer del Acuerdo de Paz un hecho verdaderamente estable y ajeno a los cálculos electorales que se avecinan. El Gobierno no la tendrá fácil y menos aún cuando los inconformismos arrecian con otros proyectos de la paz, como la reforma política, que tampoco tiene las mayorías garantizadas. La gobernabilidad del presidente Santos apenas se comienza a evaluar.