Colombia y Nicaragua se enfrentan por intervención de Costa Rica en disputa
Ambos países se enfrentan en la Corte Internacional de Justica para determinar la frontera en el Caribe entre Bogotá y Managua.
Agencia EFE
Colombia y Nicaragua volvieron a mostrar sus posturas a favor y en contra, respectivamente, de la intervención de Costa Rica en el litigio que les enfrenta en la Corte Internacional de Justica (CIJ) y que debe determinar la frontera en el Caribe entre Bogotá y Managua.
La CIJ celebró este viernes la última audiencia para tramitar la solicitud de Costa Rica de intervenir en el conflicto porque considera que la resolución del mismo puede afectar a sus intereses legales en el mar Caribe.
El embajador de Nicaragua en los Países Bajos, Carlos José Argüello, acusó a Colombia de usar argumentos incorrectos en estas audiencias que, a su entender, deberían de tratar solamente sobre "procesos incidentales" como es la solicitud de intervención de un tercer país en el contencioso.
Para Managua, Bogotá ha usado argumentos que afectan más al contenido del litigio que a la mera intervención de Costa Rica, que no pide ser parte en el conflicto, al contrario de Honduras, cuya solicitud será tramitada la semana próxima.
Otro miembro de la delegación nicaragüense, el experto en Derecho Internacional, Paul Reichler, añadió para reincidir en la oposición de Managua a la participación de San José, que Nicaragua "sólo pide una frontera con Colombia, no con Costa Rica".
Además, Reichler indicó a los jueces que "Costa Rica no ha mostrado cómo el fallo (en el litigio con Colombia) puede afectar sus intereses legales".
El experto especificó que "el interés legal de Costa Rica ya está definido en el tratado de 1977" y acusó a San José de "querer definir ahora sus intereses más allá de la línea marcada" en el citado pacto.
Por parte de Colombia, el abogado Rodman Bundy dijo que Nicaragua intenta "romper" las relaciones pacíficas entre Colombia y Costa Rica, regidas por los acuerdos conseguidos en el tratado de 1977.
También negó la afirmación de Nicaragua de que sus demandas en el caso no afectan a los intereses de Costa Rica, por lo que instó a los jueces a que acepten la petición de San José para intervenir en el proceso.
El profesor de Relaciones Internacionales Julio Londoño Paredes, que encabeza la delegación colombiana, volvió a incidir en el objetivo de los tratados internacionales como el firmado en 1977 entre Colombia y Costa Rica es "preservar la paz y promover la colaboración entre países", por lo que deben de ser respetados.
También reiteró ante los jueces que, de acuerdo con Bogotá, "Costa Rica ha cumplido con todos los requisitos necesarios" para poder participar en el contencioso.
La CIJ celebra la próxima semana audiencias para estudiar una posible intervención de Honduras en la disputa entre Nicaragua y Colombia, que se inició en 2001 con la denuncia de Managua a Bogotá para delimitar su frontera marítima.
En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la disputa por la jurisdicción de esas islas, atribuidas a Bogotá.
Colombia y Nicaragua volvieron a mostrar sus posturas a favor y en contra, respectivamente, de la intervención de Costa Rica en el litigio que les enfrenta en la Corte Internacional de Justica (CIJ) y que debe determinar la frontera en el Caribe entre Bogotá y Managua.
La CIJ celebró este viernes la última audiencia para tramitar la solicitud de Costa Rica de intervenir en el conflicto porque considera que la resolución del mismo puede afectar a sus intereses legales en el mar Caribe.
El embajador de Nicaragua en los Países Bajos, Carlos José Argüello, acusó a Colombia de usar argumentos incorrectos en estas audiencias que, a su entender, deberían de tratar solamente sobre "procesos incidentales" como es la solicitud de intervención de un tercer país en el contencioso.
Para Managua, Bogotá ha usado argumentos que afectan más al contenido del litigio que a la mera intervención de Costa Rica, que no pide ser parte en el conflicto, al contrario de Honduras, cuya solicitud será tramitada la semana próxima.
Otro miembro de la delegación nicaragüense, el experto en Derecho Internacional, Paul Reichler, añadió para reincidir en la oposición de Managua a la participación de San José, que Nicaragua "sólo pide una frontera con Colombia, no con Costa Rica".
Además, Reichler indicó a los jueces que "Costa Rica no ha mostrado cómo el fallo (en el litigio con Colombia) puede afectar sus intereses legales".
El experto especificó que "el interés legal de Costa Rica ya está definido en el tratado de 1977" y acusó a San José de "querer definir ahora sus intereses más allá de la línea marcada" en el citado pacto.
Por parte de Colombia, el abogado Rodman Bundy dijo que Nicaragua intenta "romper" las relaciones pacíficas entre Colombia y Costa Rica, regidas por los acuerdos conseguidos en el tratado de 1977.
También negó la afirmación de Nicaragua de que sus demandas en el caso no afectan a los intereses de Costa Rica, por lo que instó a los jueces a que acepten la petición de San José para intervenir en el proceso.
El profesor de Relaciones Internacionales Julio Londoño Paredes, que encabeza la delegación colombiana, volvió a incidir en el objetivo de los tratados internacionales como el firmado en 1977 entre Colombia y Costa Rica es "preservar la paz y promover la colaboración entre países", por lo que deben de ser respetados.
También reiteró ante los jueces que, de acuerdo con Bogotá, "Costa Rica ha cumplido con todos los requisitos necesarios" para poder participar en el contencioso.
La CIJ celebra la próxima semana audiencias para estudiar una posible intervención de Honduras en la disputa entre Nicaragua y Colombia, que se inició en 2001 con la denuncia de Managua a Bogotá para delimitar su frontera marítima.
En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la disputa por la jurisdicción de esas islas, atribuidas a Bogotá.