16 Sep 2021 - 12:08 a. m.

Comunes llama a control político al Gobierno por incumplimientos en implementación

Durante el debate, los exguerrilleros que actualmente ocupan una curul cuestionaron la labor hecha por el gobierno Duque para la implementación y rechazaron la desatención en varios de los programas.
Partido Comunes citó al gobierno para dar cuenta por el incumplimiento en la implementación.
Partido Comunes citó al gobierno para dar cuenta por el incumplimiento en la implementación.

Los representantes de la Cámara del Partido Comunes llamaron a varios funcionarios del gobierno para que dieran cuenta por supuestos incumplimientos de la administración Duque en la implementación del acuerdo de paz. Esta sesión de control político en la plenaria de la Cámara sirvió para que los exguerrilleros que ocupan curules denunciaran lo que consideran han sido graves omisiones del Ejecutivo frente a lo que se comprometió en los acuerdos de la Habana.

El primero en liderar la sesión fue el representante Luis Alberto Albán, que en la guerra fue conocido como Marcos Calarcá. Este comenzó la intervención citando algunas palabras de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, sobre la importancia del acuerdo para solucionar problemas de vieja data en Colombia. Asimismo, expresó que esta posición no solo la ha expresado ONU, a la que allegados al partido de Gobierno han catalogado de izquierda, sino que también la OEA, y diferentes gobiernos del mundo han enarbolado dicho planteamiento. “Pero el presidente Duque no se ha dado cuenta”, agregó.

A consideración de Alban, a pesar de los ataques, “los intentos por hacer trizas la paz” y de supuestas trampas, como lo sería “la paz con legalidad”, se va a celebrar el quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre las antiguas Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso, este señaló que el motivo de su intervención era dar cuenta del incumplimiento en la implementación y de las incoherencias del Gobierno.

Para el representante de Comunes, hay “una ausencia de garantías para los que dejamos las armas”. Además, aseveró que no solo ellos están en riesgos, sino que todo el proceso está en peligro pues “la paz está desfinanciada”. En este mismo sentido señaló que otros pilares del acuerdo de paz, como la tenencia de la tierra, han sido ignorados o se ha avanzado muy poco.

“El Ministerio de la Defensa calificó en 2018 que las elecciones de ese año eran las más pacíficas. Ese mismo año el hospital militar dijo que era el año con menos heridos. Son hechos concretos que reportan las ventajas del acuerdo. Sin embargo, esa tranquilidad, se empezó a ir como se escapa el agua de los dedos. Poco a poco empezaron las masacres, las desapariciones forzadas, los secuestros”, expresó Albán frente al panorama actual de la violencia.

A renglón seguido denunció que son más de 285 los firmantes del acuerdo que han sido asesinados. De estos, 36 homicidios han ocurrido en lo que va de 2021. Para Albán, lo más grave es que 25 de los casos ocurrieron mientras que las víctimas estaban solicitando por parte de la UNP. En este punto también llamó la atención que el gobierno no ha querido hacer una adición presupuestal a la UNP para lograr la protección de los exguerrilleros. “Más allá de la protección de la UNP, no atienden las alertas tempranas”, fueron las palabras de Albán.

En las denuncias hechas por el congresista de Comunes también mencionaron desplazamientos forzados de los exguerrilleros y 21 víctimas de desaparición forzada. En este punto señaló que serían 22 los casos si la comunidad no hubiera reaccionado a tiempo y evitado el ocultamiento del cuerpo de Dimar Torres. “Lo principal es que seguimos en nuestra resistencia a este gobierno y su objetivo de hacer trizas la paz. Vamos a aguantar para que sumando fuerzas para que en un próximo gobierno florezca la paz. No es cierto que no haya posibilidades”, concluyó Luis Alberto Albán.

Carlos Alberto Carreño fue el siguiente miembro de Comunes que tomó la palabra para seguir con las denuncias sobre las supuestas faltas del gobierno ante la implementación.” La paz no es para los excombatientes. La paz es infraestructura para las zonas rurales”, expresó Carreño, que aseveró que parte de la implementación comenzó con buenos pasos en el anterior gobierno, “pero con la inanición está estancada”.

El representante señaló que las cifras del instituto Kroc, que hace seguimiento al acuerdo, dan cuenta de un gran atraso en la implementación, mientras que el Gobierno intenta dar unas cifras que supuestamente demostrarían un gran avance en el proceso. De acuerdo con las cifras, la reforma rural según el gobierno se ha adelantado en 44,75% y el instituto Kroc dice que solo 4% y el 17% sin iniciar.

También señaló el poco avance en el pilar de la participación política, pues las cifras de Kroc dicen que solo hay un12% ejecutado y 33% sin iniciar, mientras que el Ejecutivo asevera que han avanzado un 32,8%. Las cifras también son dispares en temas como el fin del conflicto (64,48% del gobierno y 48% de Kroc), solución de drogas (46,92% contra 18%) y víctimas (39.95% contra 26%).

En sus denuncias, el que fue conocido en la guerra como Sergio Marín reveló que hay alrededor de 135 cooperativas sin consolidación y proyectos productivos que no han comenzado por falta de desembolso. Además, Carreño denunció el grave incumplimiento a las familias que se vincularon a los planes de restitución. “Ellos sí cumplieron, pero el gobierno no cumplió. Les quitaron las fuentes de sus recursos y al final se quedaron sin el pan y sin el queso”, dijo el representante.

Sobre este tema también se pronunciaron Omar de Jesús Restrepo y Jairo Reinaldo Cala. Restrepo señaló que los campesinos cumplieron con la sustitución voluntario, pero esto fue correspondido por el Gobierno: “Lo poco del PNIS no alcanza para solventar la canasta familiar”. Cala destacó que desde 2016 se han erradicado 44.185 hectáreas mediante el PNIS y que el cumplimiento ha sido de más del 98%, pues la resiembra no supera el 1%. Sin embargo, las cifras de cumplimiento por el Ejecutivo se quedan bastante cortas: “Solo cumplió un 6% de proyectos de ciclo corto y un 0,8% de proyectos de ciclo largo. No se realizaron los programas en materia de salud”. En este sentido agregó que 89 personas del PNIS han sido víctimas de violencia. De esos, 40 han sido asesinados.

Ante los señalamientos, uno de los primeros en responder fue el consejero para la Estabilización, Emilio José Archila. En sus primera palabras recordó que la Corte Constitucional hizo claridad que el acuerdo debía implementarse en al menos las próximas tres administraciones. A renglón seguido contradijo la supuesta falta de garantías y dijo que la mayor muestra de garantías estaba en el Congreso, pues se les entregaron las curules al partido que se originó de la desmovilización de las Farc. En este sentido señaló que las garantías también están en las curules de paz, las cuales varios de los miembros del partido de Gobierno trataron de frenar de distintas maneras.

Archila continuó diciendo que el compromiso y garantías se observa en que radicaron con mensaje de urgencia la prolongación de la ley de víctimas. En este mismo camino expresó que se han multiplicado por mil las reparaciones colectivas frente a lo que se hizo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El secretario también hizo mención al tema de viviendas que han entregado y por el que han sido cuestionados. A su consideración, esto es una muestra de voluntad, pues este apartado no estaba en los acuerdos originales.

“Ninguna de las cámaras de comercio del país ha sido tan eficiente como lo ha sido el gobierno de Colombia”, expresó Archila al revelar que han sido más de 3.100 proyectos productivos los que se han apoyado en los tres años del gobierno Duque. Para Archila, esto implica que en este tiempo se han abierto más de 3.100 nuevas empresas.

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