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En la edición del pasado domingo, Sergio Jaramillo expuso en El Espectador lo que desde su punto de vista y experiencia debe ser la construcción de una nueva agenda para el país, que le permita salir del embrollo en el que hoy se encuentra a raíz del estallido social. Ahora, en esta nueva conversación, el excomisionado de Paz desmenuza sus ideas y define lo que debe ser una hoja de ruta para esa nueva agenda, recalcando en que lo que necesita Colombia es encontrar un nuevo equilibrio en el marco de la Constitución, con reformas de fondo en las que los jóvenes tengan poder de decisión, al tiempo que insiste en un proceso de diálogo creíble, con método y garantías.
¿Qué salida le ve al actual estallido social, cinco años después de la firma del Acuerdo con las Farc?
Las crisis hay que cogerlas en su punto para que sean productivas. Estamos en ese punto y no hay tiempo que perder. La movilización ciudadana tiene más profundidad de lo que muchos imaginan. No es casualidad que los vecinos se estén organizando en los barrios de Cali o de Bogotá en apoyo a la protesta, el desespero es real. Pero en Cali, a esos jóvenes enmascarados ya les están disparando desde camionetas y hasta desde los balcones de los edificios. La situación se degenera. Por otro lado, los bloqueos en las carreteras están paralizando la economía y llevando a los empresarios a la quiebra. Hay que abrir una válvula de escape ya.
Usted dice que la crisis puede ser también “una palanca de transformación” y que “depende de nosotros”, ¿qué hay que hacer?
Hay que armar un proceso creíble para oír a los jóvenes, que es lo que ellos están pidiendo a gritos, y ponerle una pista de aterrizaje: un escenario de desenlace serio para tramitar esas demandas. No es difícil de diseñar. Pero primero, el Gobierno tiene que aclarar si su postura ante la protesta es de diálogo o de represión, como lo ha hecho hasta el momento, hablando y actuando como si estuviéramos en los años 70.
¿Será que eso tiene que ver con su postura frente al proceso de paz?
Claro, el gobierno Duque se ha retirado del proceso de paz y por eso estamos como estamos. No me refiero simplemente a la implementación del Acuerdo, sino a algo más fundamental: a una postura que favorece el diálogo y la inclusión como primera opción. Ni siquiera Uribe de presidente fue tan radical como Duque. Cuando los indígenas del Cauca, en octubre de 2008, le bloquearon la Panamericana, fue a La María, se sentó con ellos seis horas y les propuso una “mesa permanente de diálogo”. Duque no ha sido capaz de ponerles la cara. ¿Cómo se sorprende que desciendan sobre Cali?
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Volviendo al paro, el lío es que hay quienes dicen que el Comité no representa toda la protesta...
Ahí hay un problema, porque los jóvenes en la calle dicen: “El Comité del Paro no nos representa”. Además, el Comité procede como en una negociación, con un pliego de peticiones. Pero a los jóvenes no les interesa que les digan de antemano cuál es la solución. “Esto no es un paro sindical”, me dijo uno en Cali. Ellos quieren que los oigan primero, quieren ser parte de la solución.
Ha propuesto un proceso de dos fases, ¿eso en qué consiste?
Los procesos que funcionan, en general tienen dos fases: una en la que se acuerdan unas reglas y condiciones, y otra en la que se desarrollan, como de hecho lo hicimos en La Habana. El Gobierno y el Comité del Paro deberían comenzar por acordar tres cosas. Primero, un principio de rechazo a la violencia y a la represión como forma de solución. No estamos frente a un enemigo, sino frente a una sociedad movilizada, sin ignorar que hay criminales tratando de sacar provecho. Segundo, unas primeras medidas que creen confianza y ataquen la crisis, como pueden ser una misión para establecer la verdad de los abusos ocurridos y las garantías para la protesta que está pidiendo el Comité, o un programa masivo de empleo público, como está proponiendo Mauricio Cabrera para Cali. Y tercero, una hoja de ruta para un proceso participativo con los jóvenes, que se construya desde el nivel local y desemboque en unas reformas estructurales en el nivel nacional. Lo que he llamado una nueva agenda nacional.
Pero, en concreto, ¿de qué se trata esa agenda?
De que, con propuestas, los jóvenes tomen el control de su propio futuro. Nadie quiere un mesías más. Lo que se necesita es una nueva agenda compartida. La clave en este momento está en la hoja de ruta. Si se acuerdan rápidamente los elementos de esa hoja –los facilitadores, los garantes, la línea de tiempo, etc.– y se amarra un compromiso fuerte de tramitar el resultado por parte de los partidos políticos, toda esta energía social se puede encauzar hacia procesos de transformación y los bloqueos se pueden levantar ya, porque está claro que hay un proceso con un puerto de llegada.
¿Y cómo se haría ese proceso?
Hay varias posibilidades. Los congresistas jóvenes ya han comenzado un valioso proceso de escucha en Cali y van para Ibagué. Organizaciones como Dejusticia han echado mano de la figura de los cabildos abiertos que está en la Constitución y de los muchos comités territoriales que existen en la ley. Yo prefiero mecanismos más ágiles y sencillos, sin voceros predeterminados, siempre y cuando tengan suficientes garantías.
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¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, una universidad pública y una privada podrían centralizar las propuestas en las principales ciudades, con el apoyo de las demás universidades. Naciones Unidas, como garante, podría contribuir con metodología y logística, y la Iglesia católica, que ha cumplido un papel excepcional en Cali, podría hacer de permanente “protector”. Insisto, lo que importa no es predeterminar demasiado los mecanismos, sino acordar una hoja de ruta creíble, con unos criterios, unos responsables y un objetivo: poner en marcha una discusión con garantías que termine en reformas reales en el Congreso. Una instancia en Bogotá podría supervisar todo el proceso.
¿Pero cómo manejar unas vocerías tan dispersas?
En Cali hay algo así como 28 puntos de protesta, cada uno con su propia agenda. En lugar de pretender centralizarlos, equipos de las universidades o de organizaciones especializadas podrían armar discusiones en cada punto e ir recogiendo propuestas alrededor de un mismo texto. Y eso se podría combinar con deliberaciones abiertas en las universidades, con jóvenes que no necesariamente están en los puntos de protesta y con quien quiera participar. Las posibilidades son infinitas, lo que importa es la decisión de entablar un proceso nacional. En varias regiones ya han comenzado.
¿Usted cree que eso va a ser suficiente?
No. Se requieren procesos de atención y reconciliación en el nivel local. Un joven de Cali me dijo: “Aquí ha habido muertos, tenemos algo trabado en la garganta”. Es la lógica clásica, con cada hecho de violencia crece la desconfianza de lado y lado y se hace más difícil dar marcha atrás. Por eso hay que tomar decisiones rápido: la Policía debe pasar de la confrontación a un papel de enlace y protección, los jóvenes deben desbloquear ya y congregarse en lugares acordados con las alcaldías, y los empresarios deben meterse de cabeza a crear empleo juvenil. Es la hora de los liderazgos locales, y sobre todo es la hora de aprender a oír.
¿Y todo esto en dónde termina?
Hay que construir un escenario de desenlace, tanto simbólico como real, que como propusimos con Humberto de la Calle, debe ser un acuerdo que se tramite en el Congreso. En Chile terminaron con una constituyente, para echar por la borda la constitución de Pinochet. Ese no es nuestro problema. Lo que necesita Colombia es encontrar un nuevo equilibrio en el marco de su Constitución. En países como el nuestro, las demandas de la sociedad –mucho más ahora con el derrumbe causado por la pandemia– siempre excederán por mucho las posibilidades de la economía y del Estado. Pero se pueden lograr equilibrios mucho más justos que los que tenemos.
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¿Equilibrios más justos? ¿A qué se refiere exactamente?
A reformas de fondo. Le doy un ejemplo concreto: mientras a las barricadas de las ciudades salen hasta las madres a protestar porque no les pueden dar de comer a sus hijos, la procuradora Margarita Cabello presenta un proyecto de ley, con mensaje de urgencia de Duque, para ampliar su nómina en 500 cargos, según los medios. La razón obviamente es que así se gobierna Colombia: repartiendo cargos públicos en el Congreso para pasar proyectos de ley a pupitrazos, como intentó Carrasquilla. La democracia se vuelve insensible a las demandas ciudadanas y se convierte en un circuito cerrado. Así se pudre el sistema.
¿Y qué se puede hacer?
La Procuraduría ya le cuesta al país casi la cuarta parte más que el Congreso –sin los cargos nuevos–, algo que le aseguro no pasa en ningún otro país. Rodrigo Uprimny ha dicho que los procuradores judiciales, que ganan $26 millones al mes, son redundantes. Hacer un recorte radical de la Procuraduría y usar esa plata para programas de infraestructura y empleo, es el tipo de cosas que se podrían acordar. Construir futuro, eso es lo que esperan los jóvenes.
¿No le parece que estamos volviendo a la discusión entre el Sí y el No?
Yo no creo que los jóvenes estén pensando en el Sí y en el No. Lo que es cierto es que en 2016 pesó más la rivalidad entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos que el interés nacional. Se perdió una oportunidad de cierre y Colombia quedó con una herida abierta. Ahora tenemos otra oportunidad si armamos una gran deliberación en el Congreso en la que todos participen y los jóvenes pongan la agenda del futuro. Vuelvo a lo mismo: hay que deliberar para reconciliar.