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Los miembros del denominado Pacto Histórico se reunirán en la noche de este miércoles con los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza una visita en Colombia para verificar de primera mano la situación de derechos humanos en el país, con ocasión del paro nacional y las manifestaciones que se han desarrollado en el país desde el pasado 28 de abril.
Según el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y quien estará en el encuentro, en Colombia sí ha habido violaciones de derechos humanos de manera sistemática en las protestas. “Vamos a informar que en Colombia sí se ha presentado un estado de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, que de esas violaciones ha sido protagonista la Fuerza Pública, en concreto la Policía, que se han tomado medidas que han permitido esa violación”, señaló.
En ese mismo sentido, reclamó que ni el presidente Iván Duque Márquez ni el ministro de Defensa, Diego Molano, han hecho declaraciones que prohíban el uso de armas letales o de baja letalidad, que se dispare a los manifestantes o que haya lo que calificó como paramilitarismo urbano.
También anunció que se pedirá la conformación de un grupo de expertos independientes que formulen recomendaciones “para que Colombia deje de ser un Estado violador de derechos humanos”.
Por otra parte, en un comunicado, el Pacto Histórico manifestó su preocupación por la decisión de la Procuraduría General de abrir una investigación en contra de varios congresistas de la oposición y pedirá que la CIDH dicte medidas cautelares a favor de Ángela María Robledo, María José Pizarro, Wilson Arias, Alexánder López y Gustavo Bolívar.
Igualmente, le piden al Estado que se respeten las disposiciones de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro en el trámite del proyecto del código disciplinario que ha sido promovido por la Procuraduría. “El proyecto de ley que cursa para reformas el código disciplinario no solamente desacata abiertamente esta decisión judicial, sino que le otorga funciones de policía judicial a la Procuraduría, lo cual, en la práctica, es convertir a este organismo en una especie de ‘policía política’, desvirtuando su rol como garante de los derechos, en este caso, de la oposición”.