Antes de las reformas política, pensional, agraria, a la salud y la justicia, la regulación del cannabis de uso adulto o el Ministerio de la Igualdad, solo por nombrar algunos proyectos prioritarios, la gran discusión que habrá en el Congreso el primer semestre de 2023 será el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este plan es nada menos que la hoja de ruta que determina los objetivos, inversiones y programas para el próximo cuatrienio, y su texto se encuentra bajo estudio de los integrantes de la sociedad civil que poco a poco empiezan a emitir sus sugerencias.
La idea del Gobierno es que el documento final del PND, que tendrá un valor que supera los $1.048 billones, se radique en el Congreso antes del 7 de febrero de 2023. Así las cosas, los congresistas tendrán un receso más corto y retomarán sesiones en febrero (por lo general regresan la segunda semana de marzo) para iniciar pronto los debates y que el PND esté aprobado antes del 7 de mayo, fecha en que se vence el plazo para su trámite.
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Sobre ese primer borrador que presentó el Gobierno ante el Consejo Nacional de Planeación (CNP) a mediados de noviembre, el Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz presentó sus primeros comentarios. El Foro, una red colaborativa más de 100 organizaciones que representan al sector de la educación y la ciencia, sugirió al Gobierno un decálogo de propuestas, que también hizo llegar a los ministros de Educación, Alejando Gaviria, y de Ciencia, Arturo Luna.
El Foro agrupa no solo a organizaciones de educación superior, sino también colegios, centros de formación para el desarrollo humano, academias científicas y centros de investigación, y desde hace 13 años trabaja en la creación de propuestas y recomendaciones de política pública. En el marco de construcción del PND, desde la red señalan que vienen trabajando con el Gobierno sobre la posibilidad de trabajar e incorporar sus propuestas.
Carlos Alberto Garzón es vicerrector académico de la Uniagustiniana y vocero del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Según explica, el ejercicio que hicieron se basó en analizar las prioridades en materia de ciencia y educación para presentar el decálogo al Gobierno. Son, dice Garzón, propuestas completas de reformas que se requieren y algunos ajustes que puedan ser incorporados en la política pública.
De acuerdo con el portavoz del Foro, ha habido una “buena receptividad por parte de los ministros”, quienes se encuentran revisando y estudiando las propuestas para saber cuáles se pueden incorporar en el PND y cuáles podrían tramitarse como proyectos en el Congreso. “No todo cabe en el PND. La ley del PND tiene una vigencia de 4 años y hay reformas que requieren nuevas leyes”, reconoce Garzón.
En el decálogo de propuestas se destacan temas como el reconocimiento de la educación como derecho fundamental con acceso universal; la promoción de la educación para la paz en todos los niveles; el enfoque regional y diferencial de la educación, y dar prioridad a las víctimas del conflicto interno al acceso educativo como principal estrategia de la reparación integral.
“La primera propuesta es elevar la educación a un derecho fundamental. En Colombia aparece la educación como un derecho, pero las leyes no la desarrollan como derecho sino como un servicio público a cargo del Estado”, señala Garzón, y remarca que para esto se requiere el trámite de una ley estatutaria para la que también han tenido acercamientos con el Congreso, aunque la consideración del Foro es que “una iniciativa de estas debe ser liderada por el Gobierno”.
“Ya hay una propuesta que esta trabajándose en el Congreso, pero debe ser una iniciativa que sea acogida por el gobierno”, agrega el portavoz de la red, que entre el 22 y el 24 de febrero llevará a cabo un encuentro para el desarrollo y la paz, en el que se entregará una segunda parte de las propuestas mediante un plan con inversiones para el PND. “Que sea algo mucho más concreto. Son propuestas en términos generales y la idea es aterrizarlas a proyectos que puedan ser ejecutados en este cuatrienio”, sostiene Garzón.
Mediante los dos espacios de propuestas, desde la red pretenden que se reconozca que existe una deuda histórica con los sectores de la ciencia y la educación. La finalidad es que, con esa certeza, se hagan inversiones para superar dicha deuda y se convoque a un gran Acuerdo Nacional con todos los actores de la sociedad para discutir cómo se pueden entretejer esas reformas estructurales con otros sectores.
Tener más y mejor presencia en los grandes procesos de investigación, hacer parte del proceso de búsqueda de una “Paz total”, influir en el cierre de brechas sociales, articularse con el sector productivo y la reparación integral a las víctimas, son algunas de esas proposiciones que, considera el Foro, pueden hacerse desde la educación.
Sobre la paz, uno de los temas transversales a su propuesta, Garzón propone que les den “un papel que además de facilitar acuerdos, negociaciones para que empecemos a trabajar en cultura de paz”. Para el portavoz del Foro, la búsqueda de la paz “no solo tiene que ver con negociación con grupos al margen de la ley”, sino que “la paz y reconciliación se tiene que trabajar desde los jardines, colegios, instituciones académicas y otros ambientes que promuevan una cultura de paz”.
En materia de reparación integral a las víctimas, el planteamiento es que en este se incluya un componente de verdadero acceso a la educación, para incidir también en la mitigación de la desigualdad. “Hay organizaciones internacionales que señalan que para el cierre de brechas la única forma es a través de la educación. Hay que empezar a trabajar sobre la desigualdad, sobre todo en el acceso a la educación en los territorios”, concluye Garzón.