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Hace 20 años, cuando Álvaro Uribe Vélez fue elegido por primera vez, el proceso electoral presidencial estuvo antecedido por señalamientos de fraude electoral en las elecciones legislativas. Un día antes de elegir al sucesor de Andrés Pastrana se ponían en duda la legitimidad y las garantías del proceso electoral. Se llegó a hablar de un código electoral “que favorecía el fraude”, entre otros señalamientos que sembraban dudas sobre los comicios. Ahora, en 2022, el escenario es similar. Son varias las incógnitas que hay sobre las elecciones legislativas del 13 de marzo, lo que ha desembocado en que se llegue a cuestionar la legitimidad y credibilidad de las votaciones del próximo 29 de mayo, cuando se elija al sucesor de Iván Duque.
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Más allá de los contextos parecidos, las situaciones son bastante diferentes. En el caso de 2002, se probó un claro fraude en Bolívar, mientras que en la actualidad, hasta el momento, las veedurías y la información que hay indican que las inconsistencias que hubo en el proceso electoral de marzo, diferencias de casi el 7 % entre el preconteo y el escrutinio, se dieron por errores de diseño en los formularios E-14 y omisiones de los jurados. Aún no se ha podido hablar de manos criminales o de cosa parecida. Sin embargo, la situación ha sido usada por las campañas mayoritarias para sembrar un manto de duda sobre las elecciones venideras. Un lado sigue hablando de fraude, mientras que el otro, hasta hace unos días, denunció supuestos intentos para correr las elecciones y hasta suspenderlas.
Desconociendo lo que han dicho veedurías nacionales e internacionales, sectores de derecha, incluido el uribismo, han usado informes de organizaciones de dudosa fiabilidad para continuar con la tesis de que hubo un gran fraude en las legislativas, sobre todo ante el éxito que tuvo en las urnas el Pacto Histórico. Incluso han pedido la salida de Alexánder Vega de la Registraduría. Por otro lado, el petrismo, en respuesta a esas denuncias, ha llegado a afirmar que conoce planes desde el Gobierno para suspender a Vega y así lograr un aplazamiento de las elecciones del domingo y hasta su suspensión. Según Gustavo Petro, se estaría “intentando un golpe contra el voto popular”.
En medio de los señalamientos de cada lado, de golpes de Estado y demás, había un punto en común de ambos sectores para bajar los ánimos y endilgarle un poco de confianza al proceso electoral de este 29 de mayo: la auditoría internacional pedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El 6 de abril pasado, el tribunal electoral pidió a la Registraduría que se contratara una auditoría externa que entrara a revisar los softwares de escrutinio y otros vinculados al proceso electoral. Estos programas fueron unos de los grandes señalados en medio de las denuncias de fraude, por lo que realizar una revisión profunda sobre los programas permitía dotar de seguridad las elecciones venideras y las ya realizadas. La propuesta fue bien recibida por los sectores que han sido escépticos a las garantías del proceso electoral.
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A pesar de que la solicitud de la auditoría se hizo desde hace más de mes y medio, los recursos solo se vinieron a obtener el 6 de mayo. El proceso de contratación fue tan demorado y con varios problemas -aspirantes que se retiraban y objeto del proceso de contratación iguales a otros vigentes-, que este martes se anunció que ya no se llevaría a cabo, debido a que estaban muy encima los comicios para realizar la revisión de los programas informáticos. A las pocas horas del anuncio, las campañas se pronunciaron en contra de la determinación y volvieron a expresar sus dudas sobre las garantías.
“Les expresamos a los entes de control la importancia de tener una auditoría del software de escrutinio, era una garantía adicional que parece que no se va a dar”, comentó Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro y quien acusó al Gobierno de “girar tarde” los recursos y no darle “a este tema la importancia debida”. De forma similar se pronunciaron Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, quienes coincidieron en que la determinación se sumaba a las varias dudas sobre el proceso electoral y la Registraduría. Además, señalaron que aumentaba la desconfianza y confirmaba la supuesta falta de garantías que ha existido en las elecciones desde que se reportaron las irregularidades del 13 de marzo.
La renuncia a una auditoría externa sepultó cualquier posibilidad de recuperar la confianza en el proceso electoral y en la Registraduría como institución. Ambos, en medio de las recientes controversias, han perdido legitimidad ante el electorado y los participantes de la justa política. Por eso, despejar las dudas, así fuera de forma superficial, era relevante, sobre todo en el tema de los softwares, que han sido motivo de controversia. Su contratación no ha sido del todo clara y tampoco la vigilancia que se está haciendo de ellos. Algunos de los programas informáticos aportados por Disproel fallaron el 13 de marzo y la opinión pública aún no conoce un informe sobre los incidentes por parte de la auditoría de Jahv McGregor, contratada por la Registraduría como interventora inicial a estos programas. También hubo reservas ante la tardanza en la entrega del software usado para el escrutinio nacional, desarrollado por Indra y patentado a nombre del CNE.
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Ante este panorama, la auditoría significaba una certeza ante tantas dudas, y ahora se perdió esta oportunidad. A consideración de Pilar Sáenz, de la Fundación Karisma, ya no se tendrá “una garantía sobre el correcto funcionamiento de los softwares que se van a usar para los escrutinios. La idea de esa auditoría es que los resultados fueran públicos, a diferencia de la auditoría de McGregor, que es confidencial y solo la conoce la Registraduría”. La experta en el tema informático reconoció que hubiera sido poco probable que se hubieran hecho investigaciones de fondo ante el poco tiempo que tenía la auditoría, “sin embargo, la información que hubieran recopilado sí hubiera servido para entender mejor su funcionamiento y darle capacidad al CNE para resolver algunos temas de las reclamaciones”. Aun así, aseguró que las elecciones se pueden realizar sin mayores líos debido a que los problemas que ha habido se han venido resolviendo.
Juliana Uribe, directora del Movilizatorio, también presentó algunas de sus dudas ante la decisión de no realizar la auditoría. Para esta, más allá del impacto que podía tener, el lío pasa porque es “es una más de las cosas que se suman al contexto que está generando mucha desconfianza e incertidumbre”. Para Uribe, la situación pasa por la acumulación de situaciones como la participación del presidente y ministros en política para decir que “no hay sensación de garantías en la democracia. Todo lo que ha pasado con el registrador no ha generado confianza. Esto es un lunar más a todo este proceso. Nos ha puesto como nunca antes en una situación de incertidumbre”.
Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se ha dado un mensaje más optimista al reconocer que es lamentable que no se contrate la auditoría, pero al mismo tiempo se dijo que se tienen “distintas garantías para generar confianza”. La veeduría destacó que desde antes se había contratado una auditoría externa para auditar los programas del proceso electoral. Asimismo, destacó que ahora último se ha venido entregando mucha más información por parte de la Registraduría sobre el proceso. “Estas dos garantías son muy importantes”, reseñó la MOE, que aprovechó para pedirle al registrador Vega que haga público los informes de McGregor como forma de dar más publicidad al tema de los softwares.