26 Apr 2020 - 2:00 a. m.

“Es importante que se sepa que tres gatos cazan más que uno”, procurador Fernando Carrillo

Con el símil de la actividad felina, habla del trabajo conjunto que se proponen su entidad, la Contraloría y la Fiscalía, en la persecución a los funcionarios que intentan robar dineros públicos con contratos para compra y reparto de alimentos, elementos de bioseguridad y otros relacionados con la emergencia sanitaria. En la revisión disciplinaria hay gobernadores, alcaldes e, incluso, unos ministerios y directores de departamentos de la Presidencia.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

“Creo que he actuado con independencia y responsabilidad”, dice el procurador general de la Nación Fernando Carrillo. / Óscar Pérez - El Espectador
“Creo que he actuado con independencia y responsabilidad”, dice el procurador general de la Nación Fernando Carrillo. / Óscar Pérez - El Espectador

Las cabezas de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía anunciaron una serie de procesos por presunta corrupción en muchos despachos públicos del país. ¿Cómo acoplarán las etapas y ritmos judiciales de cada una?

Se trata de realizar diligencias conjuntas y, cuando sea procedente, recaudar articuladamente las pruebas y compartir informaciones analíticas y medios probatorios que permitan que los procesos avancen para tomar decisiones prontas. La sola presencia de las tres entidades en los territorios ha servido para disuadir actos de corrupción. Sabemos de funcionarios que se han abstenido de firmar contratos ilegales, los han liquidado anticipadamente o los han modificado, buscando esquivar las responsabilidades, propósito que, por cierto, no van a lograr. Es importante que los corruptos sepan que tres gatos cazan más y mejor que uno. Y que nunca fue más cierto, como hoy, que los dineros públicos son sagrados porque su destino es el de garantizar el bienestar de los más vulnerables.

Entonces, ¿es cierto que ante el anuncio de las investigaciones varios gobernadores y alcaldes renegociaron los contratos cuestionados y han bajado sustancialmente sus montos?

Sí. Puedo mencionarle, entre otros casos, evidencias halladas en los departamentos de Arauca y Cesar, y en el municipio de Guaduas (Cundinamarca). Como le comentaba, por lo menos para efectos disciplinarios continuaremos con las indagaciones del caso pues pese a modificarse o liquidarse los contratos, las faltas pudieron cometerse.

Haber bajado el costo del contrato es positivo en el sentido en que se evitó un robo, pero también es una cierta aceptación de culpa. Sin embargo, ¿no es una forma de evadir la investigación, pues el acto no se cumplió?

De ninguna manera. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias pese a que se pretenda disfrazar, desvirtuar o disimular la comisión de hechos con incidencia disciplinaria. No estamos jugando. El derecho disciplinario es un tema serio y los funcionarios públicos deben saber que no pueden hacer fiesta con el bienestar de la gente.

En cuanto a la competencia de la Procuraduría, ¿cuántos contratos se han revisado y cuántos dineros se han comprometido desde cuando se declaró la emergencia sanitaria hace poco más de un mes?

Hasta el momento, la Procuraduría le ha seguido la pista a 5.586 contratos por $1,4 billones. El 18 % en el orden nacional, especialmente por contratación en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social. A nivel territorial, se le hace seguimiento a más de $1,1 billones (el 82 %), siendo las entidades más representativas, en compromiso de recursos, Bogotá, Medellín, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. En los casos priorizados para investigación disciplinaria, estamos verificando contratos por más de $200 mil millones.

¿Cuáles son los contratos que llaman la atención de la Procuraduría, de los Ministerios de Salud y de Trabajo, y del Departamento para la Prosperidad Social?

Hay dos criterios: uno, el de impacto nacional de los contratos, y, obviamente, entre esos, los de salud debido a la emergencia: la adquisición de los insumos médicos y los elementos de bioseguridad para el personal sanitario que tienen prioridad. Dos, las ayudas humanitarias y los kits de alimentación en la medida en que la principal preocupación de la Procuraduría es la protección de los derechos de los vulnerables. En donde se concentran más los contratos y el gasto público, en estos momentos, por la función que tienen, es, precisamente en esos ministerios y en el Departamento para la Prosperidad Social.

Usted también menciona a cuatro departamentos y a dos ciudades, Bogotá y Medellín como las entidades que más han comprometido recursos. Pero esas son las regiones y capitales más importantes del país en volumen de población y, por tanto, en presupuesto. ¿Cuáles de los contratos de las gobernaciones y alcaldías le despiertan sospechas a la Procuraduría?

Hago una claridad: los montos de la contratación, en esas zonas, son los más altos, pero no corresponden necesariamente a una mayor cantidad de irregularidades que se hubieren podido cometer en la contratación. Se trata, más bien, de una revisión preventiva para evitar que se cause un daño, y en el curso de esas revisiones, se verá si hay necesidad de implementar otros campos de acción. En el ejercicio de esta función preventiva, la Procuraduría ha iniciado actuaciones en 990 casos.

A propósito, ¿cuántos procesos disciplinarios tiene abiertos la Procuraduría hasta la fecha y contra cuántos gobernadores y alcaldes?

Como medida cautelar, se ha suspendido tanto al gobernador del Chocó como al alcalde de Calarcá (Quindío). Se ha citado a juicio disciplinario a los gobernadores de Arauca y Chocó. Y se les abrió investigación a los del Cesar y Tolima. Hemos recibido 296 quejas o informes sobre presuntos actos de corrupción a la fecha. De estos, ya se han abierto 123 indagaciones preliminares que permitirán definir la procedencia o no, de juicios disciplinarios. También hay 10 investigaciones disciplinarias con convocatoria a audiencias de juzgamiento, a gobernadores, alcaldes y autoridades de entidades territoriales.

Se ha sabido, por medios locales de comunicación, que la Gobernación del Cesar estaría muy comprometida por decenas de contratos sin licitación y con adjudicaciones en diferentes municipios, a empresas y fundaciones “fantasma” que no tienen sede física real ni historia pública. ¿Eso es cierto, y en cuál dimensión?

En ese departamento hay denuncias muy serias y fundamentadas con pruebas de medios de comunicación y de veedurías locales que tenemos que contrastar en los próximos días. Se trata de una contratación muy compleja, pues hay muchos municipios involucrados y fundaciones cuyo objeto social hay que corroborar en función de los objetivos de la contratación. También parece existir un aparente fraccionamiento contractual en el caso de proveedores, cuya idoneidad debe demostrarse.

En general, los contratos más afectados por hechos de corrupción, ¿se relacionan con compra, transporte y entrega de mercados a sectores vulnerables de población o hay otro tipo de contratos?

El hambre es la cara amarga de la crisis, pero muchos han visto, ahí, una mina para enriquecerse rápido y fraudulentamente. Si bien, son representativos los contratos con sobrecostos o deficiencias en la adquisición y entrega de mercados a sectores vulnerables, la Procuraduría también investiga casos de contratación con sobrecostos en elementos de protección; irregularidades contractuales como el favorecimiento o desconocimiento de las normas; contratos cuyo objeto no se justifica de cara a la atención de la emergencia, y extralimitación por parte de servidores en el ejercicio de las funciones a su cargo.

Una pregunta clave para muchos funcionarios que hoy toman decisiones: ¿firmar contratos, en esta época, que no se relacionen con la emergencia sanitaria, constituye falta disciplinaria, fiscal o penal por el solo hecho de que su objeto no tiene que ver con atención a la pandemia?

No, automáticamente. Nos referimos a contratos suntuarios, inútiles o exóticos y cuyos montos se podrían destinar a combatir los efectos de la pandemia. Existen otros contratos que son necesarios para el funcionamiento ordinario de las administraciones territoriales y no podríamos ponerlos, todos, en capilla, sobre todo si cumplen los requisitos legales y se respetan los principios de transparencia y eficacia.

Usted varias veces se ha referido a participación de políticos locales en la entrega de mercados. ¿Dónde se han presentado estos casos y quiénes son los aprovechados?

El país no está para campañas electorales construidas sobre la desgracia de los débiles. Pese a que se trata de asuntos que están bajo la reserva de la actividad investigadora por lo cual no le puedo hablar mucho del tema, lo que debe quedar claro es que ningún político puede aprovecharse de la crisis para favorecer a sus amigos, pagar sus deudas de campaña o hacer proselitismo con las necesidades de los vulnerables. Tampoco tienen derecho a impedir que las ayudas lleguen a los necesitados para generar un caos político que los beneficie y afecte la imagen de los gobernantes. Hay demasiada mezquindad en el corazón de muchos. Hay demasiado odio en el ambiente. Es inaudito que muchos quieran sacar votos en medio de la tragedia. Eso no lo toleraremos.

Cambiando radicalmente de foco, no puedo dejar de referirme a la terminación de su período como procurador general, lo que ocurrirá al concluir este año. ¿Cree que lo estaban persiguiendo, y quiénes, hace unos meses cuando figuras que hoy aparecen a su lado impulsaron la prohibición para procurador, contralor y fiscal, de ser candidato a la Presidencia al concluir la gestión pública? Aunque se incluyeron los otros dos cargos, todo el mundo sabía que la norma era contra usted…

Como procurador general mi preocupación ha sido la de garantizar los derechos de los colombianos. Este es un cargo que exige mucho equilibrio y ecuanimidad para lograr resultados. La pandemia nos obliga a buscar la unidad y a mirar hacia adelante, haciendo respetar los derechos de todos pero, especialmente, de los vulnerables. Cada uno por su lado, no superaremos la crisis. En medio de ella, no voy a perder tiempo mirando el espejo retrovisor. Creo que he actuado con independencia y responsabilidad. He tenido garantías en mi ejercicio como procurador, y siento que he contado con el respaldo de la ciudadanía para cumplir mi tarea. Me quedan nueve meses de gestión y los emplearé en estar más focalizado que nunca en los derechos de la gente.

Pero, ¿usted tenía o tiene en mente ser candidato presidencial algún día? ¿Cuáles son sus planes para el año entrante?

(risas) En principio, tenía en mente dictar clases en una universidad de Estados Unidos sobre reforma a la justicia en América Latina. Con la crisis actual, esos planes están suspendidos. Ya veremos.

Un par de veces ha quedado evidencia visual de la frialdad con que lo saluda o se despide de usted el presidente Duque. Supongo que ahora, con la emergencia sanitaria, la relación entre ustedes ha sido menos tensa. ¿Se ha sentido atacado e, incluso, despreciado por el jefe de Estado o por el partido de Gobierno?

En lo personal, solo he recibido un trato formal y amable del presidente a quien conozco hace más de 30 años. Hemos tenido diferencias respecto a muchos temas, pero la relación de respeto mutuo ha prevalecido. Desde el campo de la responsabilidad de cada uno hemos mantenido una relación dinámica, armónica y marcada por la cordialidad. Los organismos de control no pueden ceder ni negociar sus decisiones con otros poderes del Estado porque, además, no deben ser cuota política de nadie. En la Constituyente del 91 rompimos el cordón umbilical de dependencia del Poder Ejecutivo. Esa ha sido una de las mayores garantías de acción autónoma para el Ministerio Público.

Es usted muy correcto, políticamente hablando. Pero es obvio que su nombre no gusta en las toldas gobiernistas. ¿Le preocupa el inmenso poder que tiene hoy el uribismo?

Una de mis principales luchas en la Procuraduría, desde el primer día, ha sido evitar y condenar la intervención en política de los funcionarios públicos. Por eso, soy el menos llamado a emitir opiniones en esa área. Mucho menos en este momento que se requiere unidad y un solo propósito de sacar el país adelante por la crisis que está presente y que seguirá golpeándonos por un tiempo que hoy es impredecible.

¿Le preocupan, como a muchos otros, los recortes a la democracia y las medidas autoritarias que se proponen con ocasión de la emergencia para depositar todo el poder en el Ejecutivo?

Hay que defender a capa y espada el estado de derecho democrático. En momentos de incertidumbre, es necesario impedir que el autoritarismo y la corrupción se conviertan en un virus más peligroso que la Covid-19. La democracia, la libertad de prensa y el derecho a la información corren peligro en varias partes del mundo. La crisis golpea, muy fuerte, a los medios de comunicación. Los colombianos debemos actuar sin dejarnos contagiar del populismo foráneo. Preocupan las voces que proponen el cierre del Congreso y la supresión o suspensión de las cortes. Colombia, por fortuna, es un país con una institucionalidad sólida que ha demostrado en muchas ocasiones su capacidad de impedir los saltos al vacío.

El caso del Cesar, uno de los más graves

Pese a las serias denuncias públicas hechas, entre otros, por Radio Guatapurí, de Valledupar, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco - que proviene de una de las familias más poderosas de la región pero igualmente, de las más cuestionadas moral y judicialmente -, ignoró las advertencias sobre graves irregularidades en la contratación cuyas firmas él delegó en su secretaria general, Lorena Paola Hernández Dangond. Esas irregularidades no solo los implican a él y a ella legalmente, sino también a dos diputados de la Asamblea: Petra Romero y Raúl Romero Rodríguez.  La secretaria Hernández firmó 37 contratos sin el lleno de requisitos pese a lo cual entregó una suma superior a los $14 mil millones de pesos para la adquisición de paquetes de mercados a los cuales, además, les adicionó otros contratos con nuevas erogaciones millonarias.  La funcionaria también firmó otros contratos con exótico objeto: adquisición de 17 mil 300 tarjetas o bonos prepago por un valor total de $2.132.000 sin cumplir con el deber de selección objetiva, publicidad ni transparencia. En muchos casos, las empresas contratadas habían adquirido personería jurídica pocas semanas antes y sus sedes físicas reportadas, no existían o no les pertenecían. Un caso judicial delicado.

“Emergencia de integridad y ética pública”

Procuraduría, Contraloría y Fiscalía anunciaron el viernes pasado la vigilancia conjunta de los contratos públicos que se han firmado con ocasión de la emergencia sanitaria. Pero el campo de acción legal es muy distinto para cada uno de los entes…

 No solo vivimos una emergencia sanitaria sino también una emergencia de integridad y ética pública. La pandemia de la Covid-19 ha disparado todas las alarmas por la voracidad de los corruptos que han querido convertir el hambre de los más vulnerables en un banquete para llenarse los bolsillos, ilícitamente. Nuestra prioridad es descubrir y sancionar a los inescrupulosos y a  los avivatos. Por eso, creamos un esquema de trabajo articulado y avanzamos en defensa del interés general, la legalidad y los recursos públicos. Se trata de colaborar, armónicamente, reconociendo la autonomía constitucional que cada entidad tiene. Este esfuerzo nos servirá, también, para profundizar esquemas de trabajo colaborativo en temas no relacionados con la Covid-19. Es bueno que todos sepan que la Procuraduría no está confinada porque la corrupción no entró en cuarentena.

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