“Fallo en mi contra fue político, no jurídico”: exgobernador Óscar de Jesús López

Óscar de Jesús López Cadavid solo gobernó el Guaviare por 14 meses, antes de ser detenido. / Archivo particular

En la historia del poder político del Guaviare, el nombre de Óscar de Jesús López Cadavid tiene capítulo aparte. Exrepresentante a la Cámara y elegido gobernador del departamento para el período 2008-2011, con el aval del Partido Conservador, en marzo de 2009 fue capturado por la Fiscalía, que lo acusó de tener vínculos con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, uno de los jefes paramilitares de la región, al igual que con José Éver Veloza, alias H.H., otro excomandante de las Autodefensas. En enero de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años y seis meses de prisión, al encontrarlo responsable del delito de concierto para delinquir agravado por la conformación de grupos paramilitares.

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Se trató de un proceso con varias aristas, entre ellas la compra de la finca La Argentina, ubicada en el municipio de Trinidad (Casanare), adquirida presuntamente gracias a la presión de los “paras”, y la conformación de la empresa Exploración y Exportación Minera del Llano, de la que habría sido socio Cuchillo. También se habló de su presencia en una reunión en una finca en Paratebueno (Cundinamarca), en el año 2000, citada por el entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Vicente Castaño, con quien, dijeron algunos testigos, López Cadavid sostenía una cercana amistad. Su nombre —además del de su primo, el también exgobernador Nebio de Jesús Echeverry Cadavid— fue incluido en la Lista Clinton, señalado de testaferrato. Tras su captura y condena, en mayo de 2012 recuperó la libertad.

En todo este tejemaneje, el caso de la compra de la finca La Argentina tuvo recientemente un desarrollo inesperado: el 15 de mayo de 2019, la Sala Civil de la Corte Suprema revocó la sentencia que había proferido el Juzgado Promiscuo de Orocué (Casanare), en la que se ordenaba la devolución del predio a su anterior dueño, el exdiputado Luis Armando Rincón, quien precisamente había denunciado la presión paramilitar para su venta. En el fallo se concluyó que López Cadavid y su socio, Benedicto Romero, no afectaron por la fuerza o viciaron el libre consentimiento del propietario de la finca y que actuaron de buena fe.

En la actualidad, con tutelas y otros recursos jurídicos, Rincón sigue pidiendo que la justicia le reconozca lo que cree es suyo. A su vez, López Cadavid estudia la posibilidad de presentar también una tutela no solo para ratificar el fallo sobre La Argentina, sino para tumbar la condena por nexos con los paramilitares que, según dice, tuvo motivaciones políticas y se dio durante la época del llamado cartel de la toga. El exgobernador, quien había guardado silencio en torno a su caso, habló así para El Espectador:

¿Por qué habla de persecución política en su contra?

Venía de ser representante a la Cámara y en 2007, después de un receso, me lancé y llegué a la Gobernación del Guaviare, departamento que me adoptó porque soy antioqueño. La verdad, había mucha gente inquieta por mi elección, y ese fue uno de los detonantes para que mis contradictores políticos comenzaran la persecución y me tengan en la incertidumbre en la que estoy, que hasta la cárcel me llevaron. Incluso en 2003 me demandaron y hubo un proceso en el cual me declararon inocente, por el presunto delito de testaferrato de las Farc.

Vamos por partes, ¿cuál es la historia de una empresa minera, de la cual resultó socio uno de los jefes de las Auc, hoy muerto: alias “Cuchillo”?

En 2005 nos reunimos cinco socios para montar una empresa minera, que denominamos Exploración y Exportación Minera del Llano. Un año después, cuando se desmovilizaron los paramilitares, uno de los socios le vendió las acciones a alias Cuchillo. Hay que aclarar que para la época, 2006, ese señor, hoy muerto, tenía un salvoconducto del Gobierno Nacional, emanado de la misma Presidencia de la República. Es decir, era un ciudadano con todos los derechos restablecidos. Esa gente andaba y mandaba en toda la región y solo fue el 20 % de la empresa lo que compró. No es que esté justificando nada, pero es la verdad, la realidad de lo que realmente pasó, no solo en el Guaviare sino en todo el país. Lo más irónico es que los socios, con quienes compré la empresa minera, están absueltos, la justicia los declaró inocentes. El único condenado por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal, fui yo.

¿Y por qué cree que pasó eso?

Porque fue un fallo político, no jurídico. Uno de los indicios que esbozó la Sala Penal de la Corte, en la sentencia en mi contra, fue que actué con las Auc y con Cuchillo.

Precisamente la Sala expuso unos argumentos sólidos...

No es cierto, a mí me condenaron por cuatro indicios. Uno de ellos, señala la sentencia, es el tema de la empresa minera. El otro es la compra de la finca La Argentina. Esa finca me la ofrecieron y el negocio se hizo un año después de que los comisionistas me insistieran. La compré con otro socio, y lo hice porque los comisionistas y el dueño fueron los que insistieron. Son muchos los negocios que he realizado, yo le vendí un lote a Azúcar Manuelita, a la Universidad Santo Tomas. Soy comerciante de toda la vida.

¿Quién hizo el avalúo de la finca?

La Fiscalía General de la Nación hizo la valoración en su época, pagó un perito de la Lonja para que presentara un avalúo y fue así como la misma Fiscalía, que absolvió a mi socio, señaló que costaba alrededor de $670 millones, que fue el precio que nosotros pagamos por el predio.

¿Y por qué usted fue incluido en la Lista Clinton, supuestamente por tener capitales ilícitos?

Es cierto que fuimos acusados injustamente de lavar dinero y de ser testaferros. Aquí en mi poder tengo la rectificación del Departamento de Estado y de las autoridades americanas, donde después de una investigación minuciosa determinaron que no teníamos nada que ver con eso. Nuestros abogados viajaron a Estados Unidos y con pruebas, después de más de un año nos sacaron de esa lista. No entiende uno como, si Estados Unidos nos declara inocentes y nos baja de la Lista Clinton, hoy estamos siendo señalados y procesados en Colombia, y nos han quitado las propiedades que conseguimos con el trabajo de más de 40 años. Eso no pasa sino acá.

¿Qué pasó después de la condena de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?

Primero, todos mis contradictores comenzaron un ataque sistemático. A través de terceros me demandaron por todos los frentes. Segundo, el tema de mi familia. Pero hay una cosa, y es que el fallo en este mismo proceso que profirió el Tribunal de Casanare a favor de mi socio, en el proceso de compra de La Argentina, salió a favor de él. Eso ya está en manos de mis abogados para la casación y la segunda instancia.

O sea, en el mismo proceso, a su socio lo absolvieron y a usted lo condenaron…

Benedicto Romero Barrera fue el socio que compró conmigo la finca y en su fallo, el Tribunal del Casanare señaló que él era “comprador de buena fe”, y que por esa razón no adelantaría en su contra ningún proceso.

Hay también una sentencia a su favor por parte de la Sala Civil de la Corte, ¿cómo es eso?

La Sala Civil de la Corte Suprema dijo que no había vicios de consentimiento, lo cual quiere decir que el señor vendió y nosotros le compramos de buena fe. Es una sentencia de la Sala Civil, no lo está diciendo Óscar de Jesús López Cadavid. Es que a mí me condenaron en la presidencia del exmagistrado Leónidas Bustos, el del cartel de la toga, cuando por lo menos el 90 % de los fallos que se produjeron fueron políticos y amañados. Aquí deben revisar esto en segunda instancia. Mis abogados y yo estamos estudiando colocar una tutela para que sea la Corte Constitucional la que entre a decidir sobre los dos fallos, el de la Sala Civil y el de la Sala Penal de la Corte Suprema. Lo que sí debe quedar claro es que tengo la tranquilidad moral, que soy una persona de bien, que he trabajado toda mi vida por este país y por mi departamento, Guaviare.

¿Cree que hubo dádivas o cosas irregulares en ese fallo?

Puede ser, aunque no tengo pruebas.

Se habló también de una reunión suya en Paratebueno con paramilitares...

Como dije, a mí me condenaron solo con indicios, porque uno de los testigos señaló que asistí a una reunión en una determinada fecha. Resulta que le presenté a la Corte que ese día, en esa fecha, estaba fuera del país, con pruebas del pasaporte sellado, del baucher del hotel, la compra de los tiquetes, y nunca las tuvieron en cuenta. La Corte dijo que en realidad no asistí ese día, pero que pude haber asistido a otras reuniones. O sea, fueron solo supuestos.

¿Y el tema de la Procuraduría, que lo denunció disciplinariamente por conformación de grupos al margen de la ley o auspiciar los mismos?

Ese fue otro calvario de más de dos años, en donde señalaron que tenía vínculos con las Auc, en la época de Alejandro Ordóñez. Al final fui absuelto de toda esa falsedad que montaron muchos de mis contradictores políticos.

Entonces usted cree que la torta por el poder político en Guaviare fue el detonante de lo que le pasó...

La verdad es que hoy en día los contradictores políticos hacen toda clase de cosas cuando pierden en las urnas. A mí no me dejaron de gobernador solo un año y medio. Pero este fenómeno no es solamente de San José del Guaviare, es de todo el país. El canibalismo de los políticos ha llegado a los más miserables montajes judiciales para sacar a sus contradictores del camino. Esto debe terminar, hay que saber perder y dejar gobernar a los que ganaron en las urnas.

¿En qué va el proceso de extinción en su contra?

A mí me absolvió la justicia norteamericana, y hoy la Fiscalía y todos estos diablos de la política del Guaviare han conseguido que me dicten extinción de dominio de un apartamento y también quieren la extinción del de mi hermano. Es uno de los golpes más duros para mi familia.

¿Pero por qué en 2014 hubo un operativo de extinción de dominio a 491 bienes de su propiedad y de su primo, el exgobernador Nebio de Jesús Echeverry, avaluados en alrededor de un $1 billón?

Esa es otra mentira. Todas esas falsedades que han dicho el señor Rincón y los otros contradictores políticos, por las que me metieron la extinción de dominio, las justificamos ante la Fiscalía. De hecho, tenemos las declaraciones de renta donde aparece todo lo que hemos comprado. Todo está declarado. Eso de los 491 bienes fue un hermano mío que tenía un bien rural, lo loteó y sacó trescientos y pico de bienes. Cada lote valía $500 mil.

¿Se refiere a Luis Armando Rincón, la persona que le vendió la finca La Argentina y hoy la reclama?

Sí, es un exdiputado del Guaviare, y hay muchos comentarios de que él fue quien llevó la guerrilla al Casanare. No sé si sea verdad. Nosotros le pagamos el precio justo. Él llegó con un comisionista, que se llama Gonzalo Oros, y apareció después de seis años a reclamar que porque lo beneficiaba una ley. Él fue a extorsionarme y no me dejé. Me enteré de que fue a extorsionar a otro señor, dizque para no demandarlo, a quien le había vendido una tierra, y le quitó $250 millones. Ese tipo es un sinvergüenza.

Rincón asegura que fue por orden de Vicente Castaño que lo sacaron de La Argentina...

Lo que tengo que decir es que esa finca la compré de buena fe. Hay un fallo del Tribunal de Casanare que así lo determina y otro de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde también dice que no hubo vicios de consentimiento, o sea, que nosotros compramos esa finca de buena fe. Ahí están los fallos.

¿Y entonces él por qué dice eso?

Lo que pasa es que no sé qué pasó antes. Eso es una falacia.

Usted ha hablado de abogados que azuzan a campesinos para que, en las zonas de violencia, después de haber vendido sus tierras al precio normal, lleguen a reclamar. ¿A qué se refiere exactamente?

El problema de tierras es muy delicado en el país. Así como hay gente que fue desplazada y les han quitado a la fuerza sus predios, también hay un sector que aprovecha que algunos abogados ofrecen el oro y el moro para montar demandas por tierras que se han vendido a precios reales. De manera inescrupulosa hacen demandas para pescar en río revuelto.

El exjefe paramilitar alias “H.H.” habló ante las autoridades de una amistad que usted tenía con Vicente Castaño, quien incluso le decía “Chatarrita”. ¿Es cierto? ¿Conoció usted a Vicente Castaño?

Eso es mentira, al igual que eso de que a mí me decían Chatarrita. No soy esa persona, están muy equivocados. Es más, en otras declaraciones que hicieron varios que supuestamente estuvieron en la finca de la reunión que hablan, dijeron que no me conocían.

¿Cuál ha sido la relación con su primo, Nebio de Jesús Echeverry?

Él también fue investigado y la Fiscalía lo absolvió. Igualmente lo han perseguido mucho políticamente. Como le conté antes, a mí me absolvieron en tres fallos: en el Tribunal del Casanare, en la Fiscalía de Tunja y de la Sala Civil de la Corte Suprema. Nunca había salido a los medios a hablar de esto porque tengo la razón. No sé por qué siguen insistiendo y le han hecho perder tanto tiempo a la justicia diciendo mentiras.