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A raíz del asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, alias ‘Pepe’, uno de los integrantes de las Farc beneficiado con la ley de Amnistía e Indulto, el Estado Mayor de esa guerrilla salió a exigir garantías de seguridad para sus miembros y a reclamar por presuntos incumplimientos por parte del Gobierno, frente al acuerdo de paz.
Para los insurgentes, el asesinato de Ortiz Cabezas, ocurrido en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, Nariño, demuestra “la pervivencia del paramilitarismo en los territorios y minan la confianza en las reales garantías de seguridad”.
La información que revelaron las Farc indica que el responsable del hecho sería un presunto narcotraficante conocido como Renol, quien estaría amedrentando a la población de la zona. “¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de Garantías de Seguridad establecidos en el Acuerdo Final?”, se cuestionaron las Farc, al tiempo que exigieron el esclarecimiento de la presencia de supuestos paramilitares en el municipio.
Sigue a El Espectador en WhatsApp“Honda desazón genera en combatientes de las Farc hechos de este tipo. No es posible que, en pleno proceso de construcción de paz, sus actores principales sean asesinados”, concluyó la guerrilla.