“Podríamos analizarla”: Gobierno reaccionó a la propuesta de una ley de punto final

Néstor Osuna, ministro de Justicia, habló de propuesta de ley de punto final.

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Este martes, desde la Casa de Nariño, el ministro Néstor Osuna se refirió a la propuesta de crear una ley de cierre o punto final que ha sido planteada por algunos exintegrantes de las Farc y recientemente por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según el jefe de la cartera, el Gobierno puede analizar el tema, pero tendrá como principal condición la protección de los derechos de las víctimas.

“Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas; sin embargo, la principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla”, aseguró Osuna.

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Según han comentado quienes promueven esta iniciativa, el objetivo de una ley de punto final sería otorgar amnistías generales para cerrar los procesos penales de los excombatientes o actores del conflicto y así plantear una ruta hacia la verdad y reparación para las víctimas.

Sin embargo, la propuesta ha causado mucho ruido en diferentes sectores políticos e incluso molestia en algunas organizaciones de víctimas. Uno de los primeros en rechazarla fue el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que una ley de ese tipo “es inaplicable en Colombia” y que la alternativa sería “una amnistía política, no penal, por una vez”.

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“Conmigo no cuenten para una ley de punto final con la que quienes temen a la JEP y a la verdad, buscan impunidad ¡Aliándose con sus supuestos enemigos! Punto final hoy, garantiza que en 30-40 años vuelva esta desgracia a coparlo todo”, opinó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

La JEP, por su parte, cuestionada por los firmantes de paz que piden una ley de punto final, rechazó la propuesta y aseguró que la institución “es sólida, con un blindaje jurídico muy fuerte. Nuestras normas de funcionamiento están en la Constitución. La estabilidad de la JEP no está en juego”.

Entre los reparo de los excombatientes a la JEP está la citación a mandos medios y bajos (y no solo a los máximos comandantes), las expulsiones de comparecientes, la vinculación a nuevos macrocasos y la expedición de múltiples resoluciones de conclusiones (el documento previo a las sentencias), que extendería su tiempo respondiendo ante el tribunal.

Para los expertos y para las víctimas, lo que pide este grupo no tiene sustento jurídico y podría terminar en una burla a sus derechos de verdad, reparación y no repetición. Por ahora, el Gobierno no le cierra del todo la puerta a esta propuesta, pero sienta una posición firme sobre sus prioridades.

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