Insisten a Corte Constitucional mantener registro de abusadores de menores

En momentos en los que la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión sobre una demanda que pretende tumbar una ley que inhabilita a condenados por delitos sexuales contra menores para ser contratados para cargos u oficios en los que tengan relacionamiento con niños –alegando que se trata de una “pena perpetua”–, este jueves hubo nuevas muestras de protesta para que se mantenga la norma.

Un grupo de personas, vestidas con máscaras de lobo e indumentaria de las profesiones y cargos que tienen más cercanía con los niños, se apostó hoy a las afueras del Palacio de Justicia para hacerle un llamado a los magistrados de la Corte buscando que mantengan la Ley 1918 de 2018, que creó el registro de abusadores sexuales.

En contexto: El debate que abrió la ley que inhabilita y crea registro de abusadores de menores

Los manifestantes portaban carteles con mensajes como ‘un violador se puede disfrazar de cuidador de tus hijos’. Según uno de los participantes, hay preocupación porque si se tumba la ley, “los abusadores pueden llegar a nuestras casas, a nuestros colegios y estar cerca de nuestros niños con facilidad. Por favor señores magistrados, no lo hagan, nuestros niños son primero”.

Detrás del recurso judicial presentado ante la Corte Constitucional se encuentran dos abogados de un grupo de investigación de la Universidad de Manizales, quienes alegan que la Ley 1918 de 2018 –reglamentada por el presidente Iván Duque en abril de 2019– está en contravía de al menos 11 artículos y del preámbulo de la propia Constitución.

Además de establecer el régimen de inhabilidades para los condenados por delitos sexuales contra menores, la norma deja en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la definición de los oficios a los que no podrán aplicar y encarga al Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional, la administración de una base de datos personales de quienes hayan sido declarados inhabilitados.

Según se lee en la demanda que presentaron el profesor Luis Andrés Vélez y la investigadora Jury Vanessa Marulanda, se trata de una “norma regresiva” que promueve la exclusión social sobre la base, “solapada o expresa”, de que los condenados “adolecen de un estatus inferior de dignidad”. Para sus promotores, el recurso no hace parte de un ejercicio de “histrionismo academicista, sino un programa político criminal de enfoque excluyente y contrario al Estado social y democrático de derecho”.

Para los demandantes, el Código penal colombiano cuenta con diferentes artículos, incorporados por al menos seis leyes, que tratan la violencia sexual, en particular cuando se ejerce contra menores y que “apuntan a un mayor rigor punitivo y ampliación de ámbito de criminalización”. En ese sentido, alegan que de parte del Congreso existe una “clara tendencia” por aumentar el arsenal punitivo contra este tipo de conductas.

“Esta ley se inserta dentro de una dinámica legislativa claramente orientada a la exclusión social de los autores de delitos contra menores, a través de la imposición de condiciones más gravosas y con un notable contenido estigmatizante”, advierten, alegando que con este tipo de sanciones se quiere imponer “una pena adicional que se extendería más allá del tiempo cumplido en la medida privativa de la libertad y sin un límite temporal”.

No obstante, los promotores de la iniciativa aseguraron que, de acuerdo cifras del ICBF, en lo corrido del año se han atendido más de 4.300 casos de abuso sexual contra menores y en 2019 se registraron 25.695 víctimas, de ellas el 74 % eran menores de 15 años.

“Con el registro de abusadores sexuales, los colegios, instituciones deportivas, médicas, culturales y cualquiera otra que tenga bajo su responsabilidad el cuidado o la protección de los niños, tienen la obligación de verificar, antes de contratar su personal, si estos tienen alguna inhabilidad por haber cometido delitos sexuales contra menores de edad. A la fecha ya se han realizado más de 16.500 consultas en esta plataforma”, explicaron.

En momentos en los que la Corte Constitucional se apresta a tomar una decisión sobre una demanda que pretende tumbar una ley que inhabilita a condenados por delitos sexuales contra menores para ser contratados para cargos u oficios en los que tengan relacionamiento con niños –alegando que se trata de una “pena perpetua”–, este jueves hubo nuevas muestras de protesta para que se mantenga la norma.

Un grupo de personas, vestidas con máscaras de lobo e indumentaria de las profesiones y cargos que tienen más cercanía con los niños, se apostó hoy a las afueras del Palacio de Justicia para hacerle un llamado a los magistrados de la Corte buscando que mantengan la Ley 1918 de 2018, que creó el registro de abusadores sexuales.

En contexto: El debate que abrió la ley que inhabilita y crea registro de abusadores de menores

Los manifestantes portaban carteles con mensajes como ‘un violador se puede disfrazar de cuidador de tus hijos’. Según uno de los participantes, hay preocupación porque si se tumba la ley, “los abusadores pueden llegar a nuestras casas, a nuestros colegios y estar cerca de nuestros niños con facilidad. Por favor señores magistrados, no lo hagan, nuestros niños son primero”.

Detrás del recurso judicial presentado ante la Corte Constitucional se encuentran dos abogados de un grupo de investigación de la Universidad de Manizales, quienes alegan que la Ley 1918 de 2018 –reglamentada por el presidente Iván Duque en abril de 2019– está en contravía de al menos 11 artículos y del preámbulo de la propia Constitución.

Además de establecer el régimen de inhabilidades para los condenados por delitos sexuales contra menores, la norma deja en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la definición de los oficios a los que no podrán aplicar y encarga al Ministerio de Defensa, a través de la Policía Nacional, la administración de una base de datos personales de quienes hayan sido declarados inhabilitados.

Según se lee en la demanda que presentaron el profesor Luis Andrés Vélez y la investigadora Jury Vanessa Marulanda, se trata de una “norma regresiva” que promueve la exclusión social sobre la base, “solapada o expresa”, de que los condenados “adolecen de un estatus inferior de dignidad”. Para sus promotores, el recurso no hace parte de un ejercicio de “histrionismo academicista, sino un programa político criminal de enfoque excluyente y contrario al Estado social y democrático de derecho”.

Para los demandantes, el Código penal colombiano cuenta con diferentes artículos, incorporados por al menos seis leyes, que tratan la violencia sexual, en particular cuando se ejerce contra menores y que “apuntan a un mayor rigor punitivo y ampliación de ámbito de criminalización”. En ese sentido, alegan que de parte del Congreso existe una “clara tendencia” por aumentar el arsenal punitivo contra este tipo de conductas.

“Esta ley se inserta dentro de una dinámica legislativa claramente orientada a la exclusión social de los autores de delitos contra menores, a través de la imposición de condiciones más gravosas y con un notable contenido estigmatizante”, advierten, alegando que con este tipo de sanciones se quiere imponer “una pena adicional que se extendería más allá del tiempo cumplido en la medida privativa de la libertad y sin un límite temporal”.

No obstante, los promotores de la iniciativa aseguraron que, de acuerdo cifras del ICBF, en lo corrido del año se han atendido más de 4.300 casos de abuso sexual contra menores y en 2019 se registraron 25.695 víctimas, de ellas el 74 % eran menores de 15 años.

“Con el registro de abusadores sexuales, los colegios, instituciones deportivas, médicas, culturales y cualquiera otra que tenga bajo su responsabilidad el cuidado o la protección de los niños, tienen la obligación de verificar, antes de contratar su personal, si estos tienen alguna inhabilidad por haber cometido delitos sexuales contra menores de edad. A la fecha ya se han realizado más de 16.500 consultas en esta plataforma”, explicaron.