Este lunes se conoció que el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por irregularidades en la contratación de personal en cargos directivos y Defensorías Regionales.
Las irregularidades a las que se refiere Cepeda son a las de integrar personal que no cumple con los requisitos exigidos, así como de contratar personas que en el pasado han tenido nexos con el paramilitarismo, corrupción o han tenido denuncias por maltrato físico, psicológico y acoso laboral. Y, en otros casos, dice el senador, hay funcionarios nuevos que continúan “haciendo activismo político por el Centro Democrático”.
Bajo estos señalamientos, Cepeda le pidió a la Procuraduría investigar si el defensor ha privilegiado las filiaciones políticas por encima de los requisitos exigidos en las vacantes.
“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores regionales y delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni con los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección”, dijo el senador, señalando que esto se trata de un intento por politizar la Defensoría.
Pero la queja no se hizo solamente ante la Procuraduría. “Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo, a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado”, comentó por otro lado, señalando que esos contratos tienen un valor superior a los $243 millones.
A las contrataciones que Cepeda pidió se le pusiera el ojo son las de Jorge Arturo Moncada, yerno de Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA; Miller Jesús Soto, precandidato a la Gobernación de La Guajira por el Centro Democrático; Eduardo Carmelo Padilla, señalado en el “cartel de la salud de Córdoba; Cielo González, sancionada por manejos irregulares cuando fue alcaldesa de Neiva; José Augusto Rendón, quien al parecer ha asesorado a grandes terratenientes y crítico de la restitución de tierras; Wilson Alberto Núñez; exfuncionario del Centro Democrático que, según Cepeda, sigue usando sus redes para difundir mensajes del partido; Andrés Felipe Villamizar, sin experiencia suficiente y señalado de maltrato físico y psicológico por su esposa; Diana Margarita Silva, acusado de acoso laboral; entre otros.
Otro tema que Cepeda dejó en el tintero fue la preocupación que le extendieron algunos funcionarios de la Defensoría, con relación a la instalación de una oficina que sirve de enlace directo con la Fuerza Pública. “Esta situación es una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las Fuerzas Militares”.