La piedra en el zapato de la moción de censura
Tanto congresistas uribistas como de la oposición aseguran que cerrarán filas para hacer respetar su soberanía legislativa. Sin embargo, el Gobierno citó a extraordinarias en busca de su derogatoria.
Mariana Suárez Rueda
En una semana entrará en vigencia la nueva moción de censura. La figura, extraída del sistema parlamentario e instaurada en la Constitución de 1991, fue recientemente modificada para que una sola de las Cámaras del Congreso pueda promover la renuncia forzosa de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Pero, sin que la reforma haya entrado en vigor, ya tiene un acérrimo enemigo: el Gobierno, que decidió convocar a sesiones extraordinarias en febrero para derogar cuanto antes este mandato.
El mismo presidente Uribe argumentó esta semana por qué no está de acuerdo con la nueva moción de censura, al calificarla como “un chantaje clientelista permanente sobre el Gobierno, los alcaldes y gobernadores”. Y en declaraciones a Caracol Radio, añadió, con destinatario específico: “Yo ayudé a elegir esta bancada y por eso le pido a todos los partidos de Primero Colombia que me han acompañado que, sin cálculos clientelistas, lleguemos al nuevo período del Congreso de la República a desmontar ese adefesio”.
De hecho, los intentos del Gobierno por desmontar la nueva moción de censura comenzaron a finales de septiembre, una vez se hizo evidente la incidencia que tendrá la figura sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En su momento, el ministro del Interior, Carlos Holguín, aseguró que dicha modificación fue un gol que le metió el Congreso al Gobierno, y por eso radicó un proyecto para cambiar varios artículos de la Constitución y derogar la reforma a la moción de censura, aprovechando para promover la reelección de alcaldes y gobernadores y para subir el umbral electoral al 5%.
No obstante, esta primera contraofensiva no tuvo éxito. Tanto en la Cámara como en el Senado se omitió la discusión del proyecto. Incluso, varios congresistas dejaron constancia de que, en su sentir, fue abusiva la manera como el Gobierno presentó la modificación de su reforma. Aún más, varios parlamentarios de las bancadas uribistas también se manifestaron abiertamente en contra de anular los nuevos alcances de la moción de censura, por una razón muy clara: ellos mismos ayudaron a aprobarla.
El interrogante obligado es: ¿Qué contempla la nueva moción de censura, que tiene al borde de un ataque de nervios al presidente Uribe? ¿Es realmente un chantaje clientelista del Legislativo al Ejecutivo? El ponente de la reforma, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, la defiende: “La moción de censura no ha servido para nada. Se ha convertido en rey de burlas y no en un instrumento de control político. Por eso el Congreso la extendió a los directores de departamentos, superintendentes y gerentes de institutos descentralizados. También podrán comenzar a hacer uso de ella los concejos y asambleas para fiscalizar las gestiones de los secretarios de despacho”.
Y agregó: “Francamente no entiendo la posición del Gobierno. El Congreso, los concejos y las asambleas tienen la suficiente cultura política y la sobrada responsabilidad para utilizar este instrumento de control político. El Presidente, los gobernadores y alcaldes se deben rodear de los funcionarios más honestos y capaces, y si esto es así, no tiene porqué haber ningún problema”.
En contraste, Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, advierte algunos riesgos en la aplicación de la nueva moción de censura. En primer lugar, considera que se flexibilizó demasiado su implementación, al permitir que una sola Cámara pueda promover la renuncia forzosa de alguno de los ministros, superintendentes o directores de departamentos. Sin embargo reconoce que ello permitirá al Congreso ejercer una posición más fuerte frente al Ejecutivo.
También considera muy peligroso que diputados y concejales tengan ahora la facultad de utilizar este instrumento. “A nivel regional hay incentivos e intereses diferentes y mucho más fuertes que los políticos. Como, por ejemplo, las presiones de orden público, que facilitarían que la aplicación de la figura se prestara para clientelismo”, añadió.
Por su parte, Nicolás Uribe, representante a la Cámara del Partido de la U, explicó que la reforma a la moción de censura pasó sin un solo voto negativo y, por ende, el Gobierno tendrá dificultades para conseguir que se reconozca su modificación. “Para los congresistas sería un costo muy complicado de asumir. El Gobierno tendrá que hacer una presentación respetuosa del nuevo proyecto y trabajar con la bancada, resolviendo diferencias y recurriendo a un mecanismo que no sea simplemente abogar por su derogatoria, para que sea posible su tránsito en el Congreso”.
El pulso está planteado. Y antes de las sesiones extraordinarias de febrero, los antagonistas tendrán un mes para pulir sus argumentos. El Gobierno buscará a toda costa la derogación de la nueva moción de censura, mientras que el Congreso defenderá a capa y espada su función de control político y su intención de ganar más terreno frente al Ejecutivo. El temor de una clase política ávida de puestos, será uno de los argumentos más debatidos en esta disputa de poderes, que será como para alquilar balcón.
Casos recientes
Octubre 2003 Fracasa moción de censura contra el ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía. Citado por su proceder en el desmonte a subsidios de combustibles líquidos.
Mayo 2005 Se hunde moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, promovida por su inasistencia a las citaciones del legislativo.
Octubre de 2005 El Congreso niegan moción de censura contra la ministra de Comunicaciones Martha Pinto, por privatización y posible venta de Telecom.
Junio de 2007 El Congreso no aprueba moción de censura contra el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Luego de oír sus explicaciones sobre la interceptación ilegal de llamadas telefónicas.
En una semana entrará en vigencia la nueva moción de censura. La figura, extraída del sistema parlamentario e instaurada en la Constitución de 1991, fue recientemente modificada para que una sola de las Cámaras del Congreso pueda promover la renuncia forzosa de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Pero, sin que la reforma haya entrado en vigor, ya tiene un acérrimo enemigo: el Gobierno, que decidió convocar a sesiones extraordinarias en febrero para derogar cuanto antes este mandato.
El mismo presidente Uribe argumentó esta semana por qué no está de acuerdo con la nueva moción de censura, al calificarla como “un chantaje clientelista permanente sobre el Gobierno, los alcaldes y gobernadores”. Y en declaraciones a Caracol Radio, añadió, con destinatario específico: “Yo ayudé a elegir esta bancada y por eso le pido a todos los partidos de Primero Colombia que me han acompañado que, sin cálculos clientelistas, lleguemos al nuevo período del Congreso de la República a desmontar ese adefesio”.
De hecho, los intentos del Gobierno por desmontar la nueva moción de censura comenzaron a finales de septiembre, una vez se hizo evidente la incidencia que tendrá la figura sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En su momento, el ministro del Interior, Carlos Holguín, aseguró que dicha modificación fue un gol que le metió el Congreso al Gobierno, y por eso radicó un proyecto para cambiar varios artículos de la Constitución y derogar la reforma a la moción de censura, aprovechando para promover la reelección de alcaldes y gobernadores y para subir el umbral electoral al 5%.
No obstante, esta primera contraofensiva no tuvo éxito. Tanto en la Cámara como en el Senado se omitió la discusión del proyecto. Incluso, varios congresistas dejaron constancia de que, en su sentir, fue abusiva la manera como el Gobierno presentó la modificación de su reforma. Aún más, varios parlamentarios de las bancadas uribistas también se manifestaron abiertamente en contra de anular los nuevos alcances de la moción de censura, por una razón muy clara: ellos mismos ayudaron a aprobarla.
El interrogante obligado es: ¿Qué contempla la nueva moción de censura, que tiene al borde de un ataque de nervios al presidente Uribe? ¿Es realmente un chantaje clientelista del Legislativo al Ejecutivo? El ponente de la reforma, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, la defiende: “La moción de censura no ha servido para nada. Se ha convertido en rey de burlas y no en un instrumento de control político. Por eso el Congreso la extendió a los directores de departamentos, superintendentes y gerentes de institutos descentralizados. También podrán comenzar a hacer uso de ella los concejos y asambleas para fiscalizar las gestiones de los secretarios de despacho”.
Y agregó: “Francamente no entiendo la posición del Gobierno. El Congreso, los concejos y las asambleas tienen la suficiente cultura política y la sobrada responsabilidad para utilizar este instrumento de control político. El Presidente, los gobernadores y alcaldes se deben rodear de los funcionarios más honestos y capaces, y si esto es así, no tiene porqué haber ningún problema”.
En contraste, Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, advierte algunos riesgos en la aplicación de la nueva moción de censura. En primer lugar, considera que se flexibilizó demasiado su implementación, al permitir que una sola Cámara pueda promover la renuncia forzosa de alguno de los ministros, superintendentes o directores de departamentos. Sin embargo reconoce que ello permitirá al Congreso ejercer una posición más fuerte frente al Ejecutivo.
También considera muy peligroso que diputados y concejales tengan ahora la facultad de utilizar este instrumento. “A nivel regional hay incentivos e intereses diferentes y mucho más fuertes que los políticos. Como, por ejemplo, las presiones de orden público, que facilitarían que la aplicación de la figura se prestara para clientelismo”, añadió.
Por su parte, Nicolás Uribe, representante a la Cámara del Partido de la U, explicó que la reforma a la moción de censura pasó sin un solo voto negativo y, por ende, el Gobierno tendrá dificultades para conseguir que se reconozca su modificación. “Para los congresistas sería un costo muy complicado de asumir. El Gobierno tendrá que hacer una presentación respetuosa del nuevo proyecto y trabajar con la bancada, resolviendo diferencias y recurriendo a un mecanismo que no sea simplemente abogar por su derogatoria, para que sea posible su tránsito en el Congreso”.
El pulso está planteado. Y antes de las sesiones extraordinarias de febrero, los antagonistas tendrán un mes para pulir sus argumentos. El Gobierno buscará a toda costa la derogación de la nueva moción de censura, mientras que el Congreso defenderá a capa y espada su función de control político y su intención de ganar más terreno frente al Ejecutivo. El temor de una clase política ávida de puestos, será uno de los argumentos más debatidos en esta disputa de poderes, que será como para alquilar balcón.
Casos recientes
Octubre 2003 Fracasa moción de censura contra el ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía. Citado por su proceder en el desmonte a subsidios de combustibles líquidos.
Mayo 2005 Se hunde moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, promovida por su inasistencia a las citaciones del legislativo.
Octubre de 2005 El Congreso niegan moción de censura contra la ministra de Comunicaciones Martha Pinto, por privatización y posible venta de Telecom.
Junio de 2007 El Congreso no aprueba moción de censura contra el ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Luego de oír sus explicaciones sobre la interceptación ilegal de llamadas telefónicas.