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Con la instalación del Congreso 2018-2022 el viernes pasado, se gestó un nuevo capítulo para la historia de Colombia. Lo dijo el presidente Juan Manuel Santos durante su último discurso ante el Capitolio Nacional: “Un Congreso verdaderamente único, el más diverso, el más plural, el más participativo y el más incluyente en más de dos siglos de vida republicana. El Congreso de Colombia entra, por fin, en el siglo XXI”. En últimas, se instaló un poder Legislativo sui generis que da el primer paso hacia la apertura política después de más de 50 años de guerra.
Son 280 personas elegidas por votación popular las que representarán en el Senado y en la Cámara de Representantes a un país que carga consigo la sombra de la polarización y que, paradójicamente, arreció por cuenta de un proceso de paz con la guerrilla más vieja del continente. Así que la responsabilidad que reciben quienes se posesionaron arranca por sanar heridas, por asumir con honor la dignidad que detentan y por asegurarse de que Colombia marche en la dirección correcta, ahora al mando del partido que ejerció por cuatro años la oposición al gobierno saliente: el Centro Democrático.
Tal vez ello explica que el discurso del presidente electo, Iván Duque, se haya matizado después de conocerse su triunfo en la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio. Ya no representa a una de las voces más tozudas para reformar la principal bandera del mandatario saliente, sino una de unidad y que, como dijo desde que era candidato, mire “hacia el futuro”. Su principal tarea será, entonces, la de contagiar de ese tono de reconciliación a su bancada en el Congreso, que definitivamente parece no marchar en el mismo lenguaje.
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Apenas el viernes, mientras Santos era ovacionado por quienes le guardan lealtad en sus últimas semanas de mandato, su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe, emitía un discurso paralelo vía Twitter con el que cuestionó sus ocho años de gestión. “El país retrocede”, fue la consigna del hoy senador del Centro Democrático, quien le encaró al presidente saliente, principalmente, el estado financiero por el que atraviesa Colombia. Pero ahora, sin un Santos al qué atacar, la verdadera tarea del uribismo será materializar las propuestas que el futuro gobierno de Duque prometió en campaña.
Desde esa perspectiva, su bancada, hoy mayoría en el Senado con 19 curules, se prepara para radicar ya no iniciativas a diestra y siniestra como lo solían hacer, sino de cara a las prioridades del nuevo presidente. En ese sentido, el 20 de julio no llegaron con proyectos de ley debajo del brazo, como en algún momento se anunció, para contravenir el Acuerdo de Paz. Decidieron tomarse un tiempo, dialogar y apenas hasta mañana hay una reunión entre Duque y sus parlamentarios para discutir la situación.
“Está claro que una cosa es ser bancada de oposición y otra de gobierno. En oposición hay libertad de presentar proyectos de ley y actos legislativos. Es obvio que cada congresista mantiene la libertad de presentar iniciativas, pero tienen que ser coincidentes con la agenda del Ejecutivo”, dijo una importante voz del uribismo a El Espectador. Así que la primera reunión entre el gabinete hasta ahora delegado por el mandatario electo y sus legisladores será para “tirar línea”, como dijo un senador alrededor de dicho encuentro.
No obstante, lo que se anticipa del lado del uribismo es que una de las prioridades de Duque ante el Congreso será promover una gran reforma fiscal, como lo ha venido anunciando desde hace varias semanas. El objetivo, ha dicho el futuro jefe de Estado, será bajar impuestos y mejorar los salarios de los trabajadores. Además, dados los primeros encuentros que sostuvo Duque con los magistrados de las altas cortes recién electo, se vislumbra que otra de las iniciativas que serán radicadas por el uribismo en este primer año será una reforma a la justicia.
En materia de cambios al Acuerdo de Paz, no es tan claro que el Centro Democrático quiera tramitar las iniciativas vía legislativa. Porque si bien es la bancada mayoritaria y para las elecciones de segunda vuelta su candidato presidencial contó con el respaldo de los partidos de la antigua Unidad Nacional (Liberal, Cambio Radical, la U y Conservador), lo cierto es que esas mismas colectividades refrendaron en el Congreso el Acuerdo del Teatro Colón. Y ese antecedente indica que, pese al citado apoyo, no todos estarían de acuerdo con darles luz verde a las reformas que propondría Duque. No en vano, los congresistas Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada se anticiparon a esta realidad y están promoviendo un referendo para modificar lo pactado con la ya desarmada guerrilla de las Farc.
Pero todas estas propuestas son apenas un borrador de lo que está por concertarse con el mandatario electo esta semana. En contraste, el Gobierno —ya desgastado y a pocos días de abandonar la Casa de Nariño—, sacó su última carta. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dejó radicadas en el Legislativo tres iniciativas enmarcadas en la implementación del Acuerdo de Paz: el proyecto de ley de tierras, que no había sido radicado porque no había sido tramitada la consulta previa. Además, hará un nuevo intento por buscar que se aprueben las 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto, y se radicó un proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria, incluida dentro de los compromisos adquiridos en La Habana.
La denominada “bancada por la paz”, de la que forman parte la lista de la Decencia —que va a liderar el excandidato y ahora senador Gustavo Petro—, miembros del Polo Democrático, de la FARC, de Mais y algunos de la Alianza Verde, también radicó su paquete de iniciativas. Son 14, dentro de las cuales se contempla un reajuste anual de pensiones, garantizar la atención integral prioritaria a la primera infancia en situación de emergencia vital en zonas rurales dispersas, otorgar beneficios a deudores del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y reducir la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados.
El otro bloque de proyectos, que tiene que ver con el ejercicio de la política y el desarrollo de la paz en sí mismos plantea modificaciones a la Ley de Víctimas, a la que se le incluirían más dientes e instrumentos jurídicos que aseguren la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo de Paz. Además, esta bancada buscará crear el servicio social para la paz en las instituciones, y tipificar en el Código Penal el combate expreso en contra de “grupos armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados comúnmente autodefensas; grupos de seguridad que ejecuten actos ilegales, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas u otras denominaciones equivalentes”, según señala la iniciativa.
En paralelo, la Alianza Verde dejó en manos de los legisladores 16 iniciativas adicionales que se enmarcan en los sectores ambiental, social y de protección. Por ejemplo, buscar que el agua se convierta en derecho fundamental, reglamentar las actividades apícolas para que la crianza de las abejas, la producción de miel, la trashumancia de las colmenas o la polinización de cultivos entomófilos sean prácticas responsables. Dicha colectividad buscará, además, configurar consejos territoriales de planeación que garanticen la participación ciudadana en el proceso de licenciamiento ambiental o la concertación minera para que las autoridades nacionales y municipales coordinen la delimitación de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras.
En materia social, los verdes propondrán dos iniciativas que, desde ya, prometen una amplia discusión. En primer lugar, la eliminación del servicio militar obligatorio —propuesto también por el gobierno saliente, pero no cumplió— y que sea reemplazado por servicio social o ambiental. Este proyecto iría de la mano con otro que busca reducir las sanciones para los jóvenes colombianos que tengan la condición de remiso. “La iniciativa nace de la profunda preocupación ante la situación de casi un millón de jóvenes colombianos, quienes se encuentran atravesando una inexplicable situación en su futuro, que los llevan al desconcierto, la inseguridad y el abandono”, argumenta la colectividad.
Así pues, todo un abanico de proyectos de ley y actos legislativos son los que comienzan a enfilarse para recibir el aval del nuevo Congreso, uno histórico, uno con una responsabilidad a cuestas sin precedentes y uno con verdadera representación de los matices ideológicos en Colombia. La oposición, los independientes y los del gobierno ahora, más que nunca, tienen el deber de lograr consensos en medio de las evidentes diferencias para que el país avance, y el liderazgo que ejerza Ernesto Macías, recién elegido como presidente del Senado por el Centro Democrático, será fundamental para materializar esta intención.