Una desconcertada opinión pública llega a las urnas este fin de semana. Sin propuestas ni ideas renovadoras, lejos de ambientar discusiones sobre modelos de desarrollo nacional o controvertir los que hoy imperan, las campañas políticas, como nunca antes se había visto, recurrieron a estrategias de descrédito de todo tipo con una única consigna: deslegitimar al contrario, no importa cómo ni a qué costo.
Soterradamente, pero con nombre propio, de un lado y de otro se impulsaron rumores, se desempolvó el pasado de aspirantes y sus familias, aparecieron fotos y videos comprometedores y olvidados, de la manipulación de denuncias ni siquiera escaparon los medios, las encuestas se acomodaron y de la ola de desprestigio no se salvó casi nadie.
En Bogotá los dos candidatos más opcionados a la Alcaldía se trenzaron en una pugna verbal en la que ninguno ha salido bien librado, aunque las encuestas favorezcan por escaso margen a Samuel Moreno, a quien hace cuatro meses Enrique Peñalosa barría en los sondeos. Durante este tiempo, y mientras paulatinamente el aspirante del Polo se afianzaba, comenzaron los dardos de lado y lado. El ex presidente Samper adhirió a la campaña de Moreno y fue Troya. Los peñalosistas recordaron el 8.000, lo acusaron de populista al proponer un metro y criticaron una entrevista de hace 12 años en la que aseguró que apoyaba las vías de hecho y no veía con malos ojos a los dictadores.
Sigue a El Espectador en WhatsAppY, de colofón, le reprocharon con vehemencia la respuesta que hace una semana, en un debate televisado, dio en el sentido de que estaría dispuesto a comprar votos para salvar la ciudad de un corrupto. La tormenta política se desató. Moreno ofreció disculpas y dijo en su defensa que no había entendido la pregunta. Peñalosa arreció en sus acusaciones. Pero el candidato del Polo también sacó las uñas. Sus seguidores emprendieron una campaña de desprestigio contra el ex alcalde entre los beneficiarios del programa Bogotá Sin Hambre. "Si gana Peñalosa se acabarán los comedores comunitarios", se oye decir en esos sitios.
No es el único rumor. Algunos líderes del gremio del transporte han asistido a reuniones en las que les dicen que Peñalosa tiene una empresa de taxis blancos y que, de ganar, instauraría un monopolio que los dejaría en la calle. Y, como si fuera poco, se ha dicho también que, una vez en la Alcaldía, Peñalosa acabaría con Misión Bogotá, programa de cultura ciudadana, que busca reforzar la identidad capitalina. "Lo curioso -asegura el propio Peñalosa- es que yo fui quien lo creó".
Medellín tampoco escapó a la guerra sucia. El ex alcalde Luis Pérez le cayó encima a la campaña de Alonso Salazar cuando la primera dama de la Nación, Lina Moreno de Uribe, respaldó la candidatura del escritor y empezó a acompañarlo en sus correrías. Pérez ripostó con diplomacia diciendo que cada quien era libre de apoyar a quien quisiera, pero "con lo que no estoy de acuerdo es con que se utilice el avión presidencial para movilizarse y hacer campaña". Y agregó que aquella movida era un "guiño presidencial" que podría inclinar la balanza en su contra.
Tampoco han faltado quienes acusan al alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, de participar activamente en la campaña de Salazar, su ex subalterno. De hecho, Mariana Fajardo, su hija, en una manifestación pública sostuvo: "Alonso debe seguir el proyecto que empezó con mi papá. Lo que es bueno debe continuar". Para los entendidos, este apoyo se traduce en la bendición de Fajardo para heredarle el gobierno a su amigo. Y para rematar, se revivieron entre los paisas dos escándalos memorables en la administración de Pérez: la vajilla millonaria y los viajes, al parecer injustificados, que realizó con dineros del Erario público.
Pérez, por su parte, advirtió que se gestó en su contra una guerra de infamias y acusó a la campaña de Salazar de haber contratado un testigo falso para que lo incriminara, junto a Luis Alfredo Ramos, candidato a la Gobernación del departamento, con grupos de autodefensa. "Tiempo después se supo que al testigo le ofrecieron $40 millones, pero sólo le pagaron $2 millones y por eso dio a conocer lo que pasó", aclaró Pérez.
A 420 kilómetros de allí el ambiente electoral atraviesa ciénagas peores. La codiciada Alcaldía de Cali vive un rifirrafe de pullas entre Francisco Lloreda y Jorge Iván Ospina. Los contradictores del primero no han ahorrado adjetivos para menoscabar su imagen al relacionar a su familia con el escándalo de corrupción por la liquidación irregular de pensiones de trabajadores de Puertos de Colombia. "Kiko, ¿donde está tu tío?", se lee en algunos avisos.
En la otra orilla, los seguidores de Lloreda difundieron correos electrónicos en los que se insinúan malos manejos de Ospina cuando fue director del Hospital Universitario. Según los correos, durante su gestión, dos niños fueron contagiados de sida en una transfusión de sangre y se ocultaron los hechos. A ese rumor jamás comprobado se sumó esta semana una controversia de no menor calibre: la rifa de un taxi y la entrega de $30.000 para quienes lo acompañaran con su voto. En su defensa, Ospina desmintió lo que calificó como una calumnia y dijo que tenía conocimiento de que una agencia de publicidad estaba usando su nombre sin su consentimiento.
La feria de reproches también está a la orden del día en la campaña por la Gobernación del Valle. Sobre el candidato Juan Carlos Abadía ha caído una lluvia de críticas, en principio por ser hijo de un ex congresista condenado por sus relaciones con el cartel de Cali, pero sobre todo por los dineros con los que ha financiado su campaña. Sus opositores han denunciado la infiltración de la mafia en el seno de su movimiento. Él ha sorteado los señalamientos y ha dicho que el inusitado éxito de su apoyo se debe a su carisma. Con él o no, lo cierto es que puntea de lejos en las encuestas.
En Santander, el enfrentamiento entre los candidatos a la Gobernación, Didier Tavera y Horacio Serpa, ha sido también agrio. De Tavera, por ejemplo, se ha dicho que su campaña reparte dinero a manos llenas; que su pasado es turbio y que su relación con Luis Alberto Gil -jefe del partido Convergencia Ciudadana y recientemente llamado a indagatoria por la Corte Suprema por el mentado escándalo parapolítico- ensombrece la transparencia de su nombre. Él atribuye esta campaña de desprestigio a Serpa, de quien recuerda que fue uno de los protagonistas del proceso 8.000.
Casanare también bulle. Los dos candidatos a la gobernación, Efrén Hernández y Raúl Flórez, se han acusado mutuamente de tener nexos con paramilitares. La semana pasada El Espectador publicó el testimonio del ex jefe de seguridad de Flórez, quien señaló que éste habría recibido $600 millones de las Auc en 2003. Flórez aseveró que fue el propio Hernández quien le pagó $300 millones a su ex escolta para que lo denunciara. Ese domingo la edición de El Espectador fue recogida en Yopal antes de salir a la venta y fue alterada la página en la cual se relataba dicha historia. (Ver facsímil)
Y lo más grave: se eliminó el recuadro en el cual el candidato Flórez se defendía del señalamiento, se reimprimió una página nueva que se anexó al periódico y que pasó como la verdadera. Este semanario conoció que dicha página alterada fue repartida en las calles de Yopal y que desde una avioneta se lanzaron copias de esta burda imitación en el municipio de Aguazul. Pero además se entregaron en los semáforos de la capital cientos de réplicas de la denuncia que instauró en la Fiscalía el ex escolta de Flórez. El colmo de la guerra sucia, se diría.
El escenario no es muy disímil en la Costa Atlántica, el Eje Cafetero y el sur del país. Los unos acusan, los otros se defienden y contraatacan. El veredicto en las elecciones de este domingo ratificará el alcance de estas estrategias non sanctas. Seguramente serán muchos los derrotados. Pero, qué duda queda, cualesquiera que sean los ganadores, la democracia ya perdió. La guerra sucia en la política ha demostrado la ausencia de ideas y el triunfo de los agravios.