Por el momento, listas cerradas y paridad de género descartadas de la reforma política

La posibilidad de que para el próximo año se presentaran unas elecciones regionales paritarias se frustró cuando 78 representantes a la Cámara le dieron la espalda al artículo 8° de la reforma política. Este recogía la implementación de las listas cerradas y eliminaba el voto preferente en el sistema electoral, además de contemplar su conformación bajo la paridad de género, un punto de la reforma que desde siempre causó polémica entre los legisladores.

Sin embargo, la salida de las listas cerradas y la igualdad de participación entre hombres y mujeres podría ser momentánea, pues al proyecto de acto legislativo le resta la conciliación y cuatro debates, en los que existe la posibilidad que los defensores de un 50/50 en los cargos de elección popular lo vuelvan a incluir. 

Con esta decisión quedó en evidencia que, aunque han pasado más de seis décadas desde que el 41 % de las mujeres en Colombia votaron por primera vez en el plebiscito del 1° de diciembre de 1957, hito que le abrió las puertas de la vida democrática al género femenino, es poco el avance en la igualdad política entre hombres y mujeres en el país, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos de establecer medidas y acciones que materialicen el cierre de brechas ante la ley. 

La propuesta era así: para las elecciones locales de 2019 se debía garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en las candidaturas, es decir, 50/50. Las resistencias que se plantearon desde el Legislativo dejaron en la cuerda floja el desarrollo de los compromisos adquiridos internacionalmente por Colombia en materia de garantías para la presencia femenina en los corporados de elección popular, como la iniciativa de Naciones Unidas “Por un planeta 50/50 en 2030”, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las voces en contra de la iniciativa en la plenaria de este jueves señalaban que vincular el tema de la paridad con las listas cerradas podía ser un gancho para impulsar la votación positiva de este enunciado. “Si queremos una participación femenina en igualdad de condiciones, hagamos un artículo nuevo”, fue la petición del representante Erwin Arias, de Cambio Radical.

También Jorge Tamayo, de la U, se opuso a garantizar 50/50 de la participación política, alegando que mujeres sin experiencia llegarían al Congreso a legislar. “La participación efectiva de las mujeres se logra en la medida en que los partidos estimulen y formen liderazgos femeninos. Con el 33 %, lo que hicieron fue rellenar la lista con mujeres que no tienen liderazgo, que no tienen votos”, argumentó Tamayo refiriéndose a la Ley de Cuotas.

Ante estos alegatos, justamente, la semana pasada estuvo en el país Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral de México, compartiendo su experiencia en la implementación de dicho principio en las elecciones mexicanas de este año —que determinaron un Congreso con paridad numérica por primera vez en su historia— y reiterándoles al Gobierno y a los congresistas colombianos la necesidad de dejar atrás la lógica de cuotas que hasta ahora ha sido aplicada. Según le dijo a El Espectador, las mismas resistencias que se manifestaron en el debate legislativo también las tuvo México en su momento, “pero a la hora de aplicar el principio de igualdad se demostró que eran argumentos falsos”, aseguró.

Para Córdova, que se diga que no hay tantas mujeres interesadas en la política como hombres, o que las que lo están no tienen suficiente capacitación es la prueba misma de que “la desigualdad es evidentemente un problema estructural y cultural”. Debido a esto, señala, “son las entidades estatales las que deben estar encargadas de aplicar los instrumentos de garantía, en vez de entorpecerlos. Si las mujeres no tienen acceso al Parlamento, difícilmente van a tener experiencia en la moción parlamentaria. Es una especie de círculo vicioso y por algún lado hay que romperlo”. 

Y las estadísticas no mienten, anotaron varias representantes, argumentando que el voto preferente ha demostrado todo lo contrario a lo que la Ley 1475 de 2011 (Ley de Cuota) dispuso para promover la elección de mujeres en cargos de representación popular. La representante conservadora Adriana Magali Matiz, por ejemplo, recordó los resultados en las pasadas elecciones parlamentarias del 11 de marzo. “Las mujeres llevamos 64 años luchando por una participación política efectiva y no hemos logrado pasar del 20 %. Al Congreso se presentaron 945 mujeres y solo 56 fuimos electas, a las Gobernaciones se posturlaron 21 y solo se eligieron a cinco”.

Sin embargo, la paridad cuantitativa no implica necesariamente calidad en la democracia, anotó Córdova, insistiendo en que, igualmente, es el primer paso para dar: “Que haya más mujeres en la política no la va a mejorar per se, pero sí va en coherencia con la lógica del funcionamiento y los principios inspiradores de la democracia, da más posibilidades de renovar liderazgos y es el primer paso para romper con las estructuras de discriminación y desigualdad”.

Juanita Goebertus, representante de los verdes, manifestó lo mismo durante la plenaria. “No es cierto que simplemente de manera natural las mujeres vayamos a llegar aquí en igualdad de condiciones, quienes hemos llegado lo hemos hecho luchando con méritos. No nos han regalado nada. Antes de la ley de cuotas, en el Congreso había menos del 10 % de mujeres, hoy somos el 19 %. Lleguemos hasta la igualdad y ahí eliminamos la discriminación positiva”. Para ella, la decisión de la Cámara “hizo que los contenidos de la reforma, que de por sí era precaria porque no plantea modificar el Consejo Nacional Electoral, se convirtieran en una colcha de retazos que no resuelve los principales problemas políticos y electorales del país”.

Aun así, al proyecto le queda toda una ronda de discusión en el Legislativo y la posibilidad, aunque estrecha, de reintroducir el punto de listas cerradas sigue abierta.

La posibilidad de que para el próximo año se presentaran unas elecciones regionales paritarias se frustró cuando 78 representantes a la Cámara le dieron la espalda al artículo 8° de la reforma política. Este recogía la implementación de las listas cerradas y eliminaba el voto preferente en el sistema electoral, además de contemplar su conformación bajo la paridad de género, un punto de la reforma que desde siempre causó polémica entre los legisladores.

Sin embargo, la salida de las listas cerradas y la igualdad de participación entre hombres y mujeres podría ser momentánea, pues al proyecto de acto legislativo le resta la conciliación y cuatro debates, en los que existe la posibilidad que los defensores de un 50/50 en los cargos de elección popular lo vuelvan a incluir. 

Con esta decisión quedó en evidencia que, aunque han pasado más de seis décadas desde que el 41 % de las mujeres en Colombia votaron por primera vez en el plebiscito del 1° de diciembre de 1957, hito que le abrió las puertas de la vida democrática al género femenino, es poco el avance en la igualdad política entre hombres y mujeres en el país, a pesar de los compromisos internacionales adquiridos de establecer medidas y acciones que materialicen el cierre de brechas ante la ley. 

La propuesta era así: para las elecciones locales de 2019 se debía garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en las candidaturas, es decir, 50/50. Las resistencias que se plantearon desde el Legislativo dejaron en la cuerda floja el desarrollo de los compromisos adquiridos internacionalmente por Colombia en materia de garantías para la presencia femenina en los corporados de elección popular, como la iniciativa de Naciones Unidas “Por un planeta 50/50 en 2030”, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las voces en contra de la iniciativa en la plenaria de este jueves señalaban que vincular el tema de la paridad con las listas cerradas podía ser un gancho para impulsar la votación positiva de este enunciado. “Si queremos una participación femenina en igualdad de condiciones, hagamos un artículo nuevo”, fue la petición del representante Erwin Arias, de Cambio Radical.

También Jorge Tamayo, de la U, se opuso a garantizar 50/50 de la participación política, alegando que mujeres sin experiencia llegarían al Congreso a legislar. “La participación efectiva de las mujeres se logra en la medida en que los partidos estimulen y formen liderazgos femeninos. Con el 33 %, lo que hicieron fue rellenar la lista con mujeres que no tienen liderazgo, que no tienen votos”, argumentó Tamayo refiriéndose a la Ley de Cuotas.

Ante estos alegatos, justamente, la semana pasada estuvo en el país Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral de México, compartiendo su experiencia en la implementación de dicho principio en las elecciones mexicanas de este año —que determinaron un Congreso con paridad numérica por primera vez en su historia— y reiterándoles al Gobierno y a los congresistas colombianos la necesidad de dejar atrás la lógica de cuotas que hasta ahora ha sido aplicada. Según le dijo a El Espectador, las mismas resistencias que se manifestaron en el debate legislativo también las tuvo México en su momento, “pero a la hora de aplicar el principio de igualdad se demostró que eran argumentos falsos”, aseguró.

Para Córdova, que se diga que no hay tantas mujeres interesadas en la política como hombres, o que las que lo están no tienen suficiente capacitación es la prueba misma de que “la desigualdad es evidentemente un problema estructural y cultural”. Debido a esto, señala, “son las entidades estatales las que deben estar encargadas de aplicar los instrumentos de garantía, en vez de entorpecerlos. Si las mujeres no tienen acceso al Parlamento, difícilmente van a tener experiencia en la moción parlamentaria. Es una especie de círculo vicioso y por algún lado hay que romperlo”. 

Y las estadísticas no mienten, anotaron varias representantes, argumentando que el voto preferente ha demostrado todo lo contrario a lo que la Ley 1475 de 2011 (Ley de Cuota) dispuso para promover la elección de mujeres en cargos de representación popular. La representante conservadora Adriana Magali Matiz, por ejemplo, recordó los resultados en las pasadas elecciones parlamentarias del 11 de marzo. “Las mujeres llevamos 64 años luchando por una participación política efectiva y no hemos logrado pasar del 20 %. Al Congreso se presentaron 945 mujeres y solo 56 fuimos electas, a las Gobernaciones se posturlaron 21 y solo se eligieron a cinco”.

Sin embargo, la paridad cuantitativa no implica necesariamente calidad en la democracia, anotó Córdova, insistiendo en que, igualmente, es el primer paso para dar: “Que haya más mujeres en la política no la va a mejorar per se, pero sí va en coherencia con la lógica del funcionamiento y los principios inspiradores de la democracia, da más posibilidades de renovar liderazgos y es el primer paso para romper con las estructuras de discriminación y desigualdad”.

Juanita Goebertus, representante de los verdes, manifestó lo mismo durante la plenaria. “No es cierto que simplemente de manera natural las mujeres vayamos a llegar aquí en igualdad de condiciones, quienes hemos llegado lo hemos hecho luchando con méritos. No nos han regalado nada. Antes de la ley de cuotas, en el Congreso había menos del 10 % de mujeres, hoy somos el 19 %. Lleguemos hasta la igualdad y ahí eliminamos la discriminación positiva”. Para ella, la decisión de la Cámara “hizo que los contenidos de la reforma, que de por sí era precaria porque no plantea modificar el Consejo Nacional Electoral, se convirtieran en una colcha de retazos que no resuelve los principales problemas políticos y electorales del país”.

Aun así, al proyecto le queda toda una ronda de discusión en el Legislativo y la posibilidad, aunque estrecha, de reintroducir el punto de listas cerradas sigue abierta.