“Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo estimuló”: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, época en la que se conoció la existencia de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

Foto: Comisión de la Verdad

Este viernes, el expresidente Juan Manuel Santos rindió ante la Comisión de la Verdad su versión sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, ocurridas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, específicamente entre 2006 y 2009, cuando Santos fue ministro de Defensa. En un amplio discurso frente a los comisionados y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, el exprimer mandatario hizo un recorrido sobre sus esfuerzos para que las Fuerzas Militares protegieran los derechos humanos en el marco del conflicto armado, a pesar de la negativa del expresidente Uribe de nombrar la guerra interna con la entonces guerrilla de las Farc, y puntualizó en detalle cómo conoció y reconoció, en compañía de su equipo de trabajo, en especial del exviceministro Sergio Jaramillo, la existencia de estos crímenes en los que se pudo establecer, años después, cómo el Ejército presentó como bajas en combate a jóvenes que no tenían relación directa con los enfrentamientos.

Además de su testimonio como jefe de la cartera de seguridad, su declaración contó, según dijo, con el contraste de los hechos, el cual realizó consultando a los “principales protagonistas” de lo ocurrido, y el apoyo de 24 documentos como directivas internas y discursos para sustentar su trabajo por los derechos humanos en el marco de la guerra y su esfuerzo por desincentivar esta práctica macabra que vivió el país y, en especial, sus jóvenes más humildes. Reiteró que la intervención ante la entidad representa “su verdad”.

Santos manifestó que esta no es una “historia fácil de entender”, entre otras cosas porque las ejecuciones extrajudiciales en manos del Ejército, mal llamadas falsos positivos, ocurrieron en paralelo a dos fenómenos “absolutamente contradictorios”. “Una notable mejoría general del comportamiento de nuestras tropas en el terreno, gracias en buena parte a su entrenamiento en derechos humanos, al que me referiré más adelante; y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales” aseguró.

El expresidente recordó, como lo ha hecho en diversas ocasiones, que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, ambos políticos compartían el objetivo de derrotar a la guerrilla de las Farc. “Donde teníamos una diferencia era en el cómo. Si bien el documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total. Nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado; los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, reiteró. En cambio, dijo, su visión buscaba una “derrota estratégica”. Llevarlos a una mesa de negociación, recalcó Santos, era una salida “más viable, conveniente, rápida y menos costosa”. “Pero Uribe era el presidente y yo el subalterno”, narró.

En esa línea, trajo a colación la dicotomía entre el lenguaje de Uribe como jefe máximo de las fuerzas militares, con el que negaba el conflicto armado, y lo que dictaba el Derecho Internacional Humanitario (DIH) frente a ese tipo de guerras, protocolo que aplicaba Santos como ministro de Defensa. “Para mí esa duda no existía y así se lo reiteramos a las tropas: hay que aplicar el DIH y respetar los derechos humanos. Y punto”, expresó ante la Comisión de la Verdad. En ese contexto, afirmó que la estrategia de Uribe no era incompatible en el corto plazo con su intención de empujar a las Farc a reconocer que no se tomarían el Estado por medio de las armas, ya que era necesaria la presión militar para caminar hacia esa orilla: “En eso todos estábamos de acuerdo”, comentó durante su intervención.

“Esa presión la mantuvimos a todo vapor. Sin embargo, para ser más efectivos teníamos también que actuar en otros dos frentes simultáneamente: mejorar sustancialmente la inteligencia y fortalecer la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas –su activo más importante– a través de una política de derechos humanos ambiciosa, vinculante y eficaz. Sobre estos dos frentes me propuse trabajar con toda determinación desde que asumí el ministerio”, aseveró. Enfatizó en las bajas producto de dicha inteligencia que conoció el país en esos años: Alias JJ en el Pacífico, el negro Acacio en los Llanos Orientales, Martín Caballero en los Montes de María, en 2007, y Tirofijo (por muerte natural), Iván Ríos (asesinado por su escolta para cobrar la recompensa), y Raúl Reyes, en 2008. En ese año, puntualizó, también se realizó la Operación Jaque en la que el gobierno rescató a los 15 secuestrados más importantes para las Farc, entre ellos tres norteamericanos e Ingrid Betancur. “Para muchos analistas, este conjunto de golpes, sumados a los que se dieron al comienzo de mi gobierno, fue un punto de inflexión”, añadió.

Su trabajo por los Derechos Humanos y la aplicación del DIH

Para Juan Manuel Santos, la verdad que el país poco conoce es la que hizo el Ministerio de Defensa para fortalecer el “compromiso con los derechos humanos” y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, a través de “una ambiciosa y bien planeada política de derechos humanos”, que, dijo, se llevó a cabo de forma simultánea a la presión militar contra la hoy exguerrilla. “La política de derechos humanos tenía por eso una doble función: cumplir con la ley y ganarnos el apoyo de la población. La política comenzaba con el discurso, con el mensaje que le enviábamos directamente a nuestros hombres y mujeres. Por eso, el general Freddy Padilla de León, como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, y yo, como ministro de Defensa, insistimos una y otra vez en que el centro de gravedad de nuestras fuerzas era su legitimidad”, detalló.

Para corroborar sus palabras ante la nación, Santos hizo alusión a dos discursos que tanto él como el general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, rindieron a los hombres y mujeres militares en 2006, en los que se menciona el tema de los derechos humanos. “Seremos, acaso, el primer ejército que en la historia gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario, que contemplamos desde la atalaya luminosa de nuestra constitución y nuestras leyes. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido”, dijo el 16 de agosto de 2006 el general Padilla, al asumir el mando de las Fuerzas.

Por su lado, en su discurso de los cien días en el cargo de ministro, el 15 de noviembre de 2006, Santos manifestó: “El nuevo plan de guerra tiene un alcance más amplio del puramente militar, pues hará énfasis particular en la acción integral del Estado en las zonas a donde llegue la fuerza pública y en la protección y respeto de los derechos humanos… Hemos dispuesto que 7 coroneles se desempeñen como inspectores delegados de las siete divisiones del Ejército, con la misión de examinar y evaluar permanentemente, in situ, la gestión de las unidades operativas y tácticas. Ellos no dependen del comandante de división sino del inspector general del Ejército, y asesorarán a los comandantes sobre aspectos administrativos, disciplinarios y de derechos humanos”. Pronunciando otros ejemplos, insistió que su enfoque giró en torno a la conexión entre la protección de los derechos humanos, la legitimidad y la efectividad, aterrizado en la doctrina militar y las directivas internas que se expidieron en su paso por la cartera de seguridad.

Su versión sobre los falsos positivos

Diferentes instancias han recalcado en la importancia de que todas las partes involucradas en el conflicto armado rindan su versión sobre qué y cómo ocurrió este, en aras de aportar a la verdad, parte integral de la reparación a las víctimas en el marco de la justicia restaurativa. En esta ocasión, Santos detalló que en 2007 salió de la negación de que los falsos positivos eran meramente rumores y precisó que en 2008 lo reconocieron como un fenómeno real que le comunicó, ese año, al expresidente Uribe.

Su declaración fue progresiva. Dijo que, en un principio, cuando llegó al Ministerio de Defensa escuchó historias sobre “posibles actuaciones irregulares”, pero que en ese entonces eran rumores. “como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo. Además, en mi paso por el periodismo había aprendido sobre la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha –que eran una realidad–, y estos relatos, que por entonces no venían acompañados de evidencia que los soportaran, parecían encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo, era consciente de que la verdad es siempre una gran víctima de la guerra”, expresó, sin desconocer que en diversas ocasiones salió a desvirtuar esas voces que denunciaban las ejecuciones.

Retomó el modus operandi de estos asesinatos que, dijo, respondieron a la presión ejercida en los militares en esa época para producir bajas. “se presentaban los resultados operacionales, para ser luego reportados como “caídos en combate”. Los asesinaban lejos de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la población local. Luego eran enterrados como “NN” en un cementerio local, mientras que se introducía alguna referencia en un informe de inteligencia para justificar la muerte de un “combatiente” y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto”, señaló.

En esa línea, contó que empezó a salir del estado de negación cuando se dio cuenta de las consecuencias de la presión sobre las Fuerzas para producir bajas: “En muchas de las visitas que hacíamos con el presidente Uribe a las guarniciones salía a relucir el número de bajas –casi siempre de primero– como uno de los indicadores más importantes en los informes y partes que nos daban los comandantes de turno. La verdad, eso en ese momento no me parecía tan descabellado: al fin y al cabo estábamos en una guerra. Hasta que me abrió los ojos el general Álvaro Valencia Tovar”, añadió. Santos recordó que el general Tovar, veterano de la guerra, le explicó que no consideraba a las Farc como enemigos sino como adversarios porque “los enemigos se eliminan, se destruyen, mientras que a los adversarios hay es que vencerlos, derrotarlos”.

“Y agregó, con su profundo carácter humanista: los guerrilleros son también colombianos, seres humanos como usted y como yo; somos hijos de una misma nación y vamos a tener que convivir con ellos tarde o temprano pues este conflicto solo se acaba en una mesa de negociación. Lo segundo que me dijo –muy premonitorio– es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, como sucedió en Vietnam”, recordó. En ese sentido, y después de recibir testimonios de fuentes creíbles en 2007, se quitó el velo de los ojos. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, y y el viceministro Sergio Jaramillo, fueron sus fuentes confidenciales que tejieron con información la realidad sobre los falsos positivos y se la entregaron a Santos, relató este viernes. “Muy diferente –pero comprensible, dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar– la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación”, puntualizó.

A partir de ahí, Santos recapituló las acciones que tomó su ministerio para perseguir las huellas de los falsos positivos y posteriormente entregarle la información al expresidente Uribe para tomar acción tangible, como la publicación de directivas internas y la destitución del cargo de coroneles involucrados en esta actividad ilegítima.

“Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno. Cosa que prácticamente no había ocurrido en el pasado, salvo en el caso del memorando de entendimiento que firmó el ministro Camilo Ospina con la Fiscalía en junio de 2006. Pero no nos limitamos a expedir directivas. En enero de 2007, cuando tuvimos conocimiento de graves denuncias sobre la conducta de un oficial, el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, lo relevamos de su cargo y dejamos las denuncias en manos de las autoridades competentes”, narró.

El 6 de junio de 2007 expidió la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional para hacerle seguimiento a los casos de las ejecuciones extrajudiciales. “La creación del comité fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad: al lado de casos claramente inexplicables que ameritaban una investigación judicial en profundidad encontrábamos también algunos hechos de la guerra que parecían lícitos y objeto de falsas denuncias. Recuerdo uno de la Brigada Móvil 5 en Arauca, donde lo que claramente había sido una emboscada legítima fue denunciado como un falso positivo”, expresó. Santos informó a la Comisión de la Verdad que la importancia de este comité era, también, política: le enviaba un mensaje a las Fuerzas Militares sobre el seguimiento de este asunto al interior del Ministerio del Interior, recordó. Para reforzar este documento, su cartera creó la directiva 19 el 2 de noviembre de 2007 cuyo fin era que tanto la Justicia Penal Militar, como para los comandantes de las unidades militares y de las Fuerzas Militares, apoyaran las investigaciones judiciales al respecto.

Asimismo, reiteró que él, como ministro de Defensa, señaló que la nueva doctrina privilegiaba los desmovilizados en primer lugar, las capturas en segunda instancia y las bajas en tercer lugar. Adicional, mencionó que se revocó la Disposición No. 29 de 2005 y se derogó el Decreto 1400 de 2006, que habían sido interpretados como incentivos para producir bajas, y creó una comisión para investigar los casos de los jóvenes desaparecidos en Soacha que fueron identificados como “NN” muertos en combate.

“Las pruebas de negligencia por parte de los comandantes de esas unidades ante la evidencia de procedimientos que rompían con la doctrina y la instrucción en todos los aspectos –en operaciones, en inteligencia, en logística– era tan fuerte, y el cúmulo de resultados operacionales irregulares tan aterrador, que decidimos que había que separar a 20 oficiales y 7 suboficiales de las filas, incluyendo a tres generales y cuatro coroneles, por fallas ocurridas bajo su mando. (Trece oficiales más salieron en noviembre y otros once en enero de 2009)”, declaró.

En 2008 la información recopilada y las acciones tomadas al interior del Ministerio de Defensa fueron entregadas al entonces presidente Álvaro Uribe. “Le dijimos lo que a nuestro juicio había que hacer. Accedió”, narró Santos, frente a la decisión de retirar a los mencionados 20 oficiales y siete suboficiales relacionados con los falsos positivos.

“Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado. Por mi parte, tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era fácil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier institución toma tiempo, es difícil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas. Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró. Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las Farc, una guerra que por fortuna terminó. Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de 30 Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”, fue el mensaje final del expresidente ante la Comisión de la Verdad.

Acá está la transmisión completa de su intervención: