Violencia contra las mujeres, la más extendida violación a los DD.HH.
En el Día de la Mujer, la Defensoría del Pueblo identificó riesgos donde las mujeres han estado expuestas a situaciones de violencia sexual en 62 municipios de 14 departamentos del país.
El Espectador
“A pesar de que el Estado colombiano ha incorporado a la normatividad nacional los instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos de las mujeres, la situación actual de las mujeres en el país es preocupante”, advirtió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo llamó la atención de las instituciones del Estado para que garanticen la implementación efectiva de los avances normativos a favor de las mujeres. Desde la Defensoría del Pueblo, junto con mujeres víctimas de la violencia sexual, se trabajó en el diseñó y actualmente se está implementando un proyecto para la orientación, acompañamiento, y representación judicial de las mujeres víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado, de conformidad a lo establecido en las Leyes 1257 de 2008 y 1448 de 2011.
Gracias a ello la Defensoría, con el apoyo de la cooperación internacional, ha logrado identificar varias dinámicas de violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas. De las 172 víctimas que están siendo atendidas por la entidad el acceso carnal violento representó el 94 % de los casos, seguido en menor proporción por el acoso sexual, actos sexuales abusivos, desnudez forzada y esclavitud sexual.
Estos delitos se asocian a otros hechos violentos como desplazamiento forzado (53%), lesiones personales (23%), homicidio (9%), tortura (9%), despojo de bienes (9%) y reclutamiento forzado (9%). En la totalidad de los casos, las mujeres, niñas y adolescentes víctimas han manifestado haber sufrido violencia sicológica durante y después de estos hechos.
Resulta preocupante, que el 17% de las mujeres eran menores de 18 años cuando fueron víctimas del abuso sexual; en los casos documentados sobre hechos recientes, se encuentran varias niñas y adolescentes (9%). Además, en el 9% de los casos, los hechos fueron presenciados por niños, niñas, y en el 21% las mujeres quedaron embarazadas como consecuencia del acceso carnal violento.
Las víctimas no han recibido ni recibieron atención en salud (sicológica, sexual y reproductiva), esto junto con la crueldad de las violencias sufridas, ha tenido fuertes impactos en las relaciones emocionales de las víctimas y en sus familias, particularmente cuando las víctimas son niñas y adolescentes.
En todos los casos, los victimarios pertenecen a alguna estructura armada, lo cual ha generado amenazas e intimidaciones contra el 20% de las mujeres y el 40% reconoce que no ha denunciado porque desconfía de la justicia y de la mayor parte de las instituciones. Las condiciones de vulnerabilidad que genera la violencia sexual, se incrementan con las limitaciones de las mujeres para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares; la mayoría de estas mujeres no cuenta con una fuente formal y estable de ingresos, lo cual aumenta el riesgo de que el ciclo de violencia se perpetúe.
Departamentos en riesgo
De otro lado, desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el último año se identificaron riesgos donde las mujeres han estado expuestas a situaciones de violencia sexual en 62 municipios de 14 departamentos (Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Meta).
De manera particular en varios informes de riesgo se han encontrado conductas como el acceso carnal violento, según quedó establecido en el informe de riesgo 007 de 2012 en departamento de Bolívar; el hostigamientos a trabajadoras sexuales reportado en el informe de riesgo 014 de 2012 para el departamento del Meta; la explotación y esclavitud sexual en la nota de seguimiento 009 de 2012 en el departamento de Arauca; y amenazas de abuso sexual en la nota de seguimiento 004 de 2012 en los departamentos del Chocó y Antioquia; y actos sexuales violentos en la nota de seguimiento 016 de 2012 en Nariño.
En lo corrido de 2013 el SAT ha logrado identificar riesgo de explotación sexual con fines comerciales de niñas, jóvenes y mujeres en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Guaviare y Meta.
Vulnerabilidad de las mujeres en las cárceles del país
Por último, el Defensor llamó la atención sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles y penitenciarías del país, quienes además de soportar los mismos padecimientos del resto de la población reclusa como el hacinamiento también carecen de la atención médica especializada de un ginecólogo para los problemas de salud propios de su género o deben ser recluidas en celdas construidas para hombres.
Adicionalmente, en su gran mayoría son madres cabeza de familia y se ven obligadas en muchos casos a separase de sus hijos menores, bien sea porque en las salacunas acondicionadas en los establecimientos no hay cupos suficientes o porque ellas mismas deciden que la cárcel no es un lugar apto para sus hijos. Tales circunstancias, además de representar factores de discriminación, constituyen una pena adicional.
Para la Defensor del Pueblo, en la confección de una nueva política penitenciaria, es necesaria la implementación de la perspectiva de género que recoja y resuelva las necesidades de la mujer en el ámbito de la prisión, que más allá de las consecuencias propias de la privación de la libertad erradique viejas prácticas discriminatorias en su contra y evite la imposición de rigores adicionales, que la rescate como ser principal en la conformación de la familia y de la sociedad.
Actualmente, un total de 8.724 mujeres se encuentran privadas de la libertad, lo que representa el 7,6% de la población penitenciaria y carcelaria del país, de las cuales 6.118 están condenadas y 2.606 sindicadas.
“A pesar de que el Estado colombiano ha incorporado a la normatividad nacional los instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos de las mujeres, la situación actual de las mujeres en el país es preocupante”, advirtió el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo llamó la atención de las instituciones del Estado para que garanticen la implementación efectiva de los avances normativos a favor de las mujeres. Desde la Defensoría del Pueblo, junto con mujeres víctimas de la violencia sexual, se trabajó en el diseñó y actualmente se está implementando un proyecto para la orientación, acompañamiento, y representación judicial de las mujeres víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado, de conformidad a lo establecido en las Leyes 1257 de 2008 y 1448 de 2011.
Gracias a ello la Defensoría, con el apoyo de la cooperación internacional, ha logrado identificar varias dinámicas de violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas. De las 172 víctimas que están siendo atendidas por la entidad el acceso carnal violento representó el 94 % de los casos, seguido en menor proporción por el acoso sexual, actos sexuales abusivos, desnudez forzada y esclavitud sexual.
Estos delitos se asocian a otros hechos violentos como desplazamiento forzado (53%), lesiones personales (23%), homicidio (9%), tortura (9%), despojo de bienes (9%) y reclutamiento forzado (9%). En la totalidad de los casos, las mujeres, niñas y adolescentes víctimas han manifestado haber sufrido violencia sicológica durante y después de estos hechos.
Resulta preocupante, que el 17% de las mujeres eran menores de 18 años cuando fueron víctimas del abuso sexual; en los casos documentados sobre hechos recientes, se encuentran varias niñas y adolescentes (9%). Además, en el 9% de los casos, los hechos fueron presenciados por niños, niñas, y en el 21% las mujeres quedaron embarazadas como consecuencia del acceso carnal violento.
Las víctimas no han recibido ni recibieron atención en salud (sicológica, sexual y reproductiva), esto junto con la crueldad de las violencias sufridas, ha tenido fuertes impactos en las relaciones emocionales de las víctimas y en sus familias, particularmente cuando las víctimas son niñas y adolescentes.
En todos los casos, los victimarios pertenecen a alguna estructura armada, lo cual ha generado amenazas e intimidaciones contra el 20% de las mujeres y el 40% reconoce que no ha denunciado porque desconfía de la justicia y de la mayor parte de las instituciones. Las condiciones de vulnerabilidad que genera la violencia sexual, se incrementan con las limitaciones de las mujeres para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus núcleos familiares; la mayoría de estas mujeres no cuenta con una fuente formal y estable de ingresos, lo cual aumenta el riesgo de que el ciclo de violencia se perpetúe.
Departamentos en riesgo
De otro lado, desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el último año se identificaron riesgos donde las mujeres han estado expuestas a situaciones de violencia sexual en 62 municipios de 14 departamentos (Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Meta).
De manera particular en varios informes de riesgo se han encontrado conductas como el acceso carnal violento, según quedó establecido en el informe de riesgo 007 de 2012 en departamento de Bolívar; el hostigamientos a trabajadoras sexuales reportado en el informe de riesgo 014 de 2012 para el departamento del Meta; la explotación y esclavitud sexual en la nota de seguimiento 009 de 2012 en el departamento de Arauca; y amenazas de abuso sexual en la nota de seguimiento 004 de 2012 en los departamentos del Chocó y Antioquia; y actos sexuales violentos en la nota de seguimiento 016 de 2012 en Nariño.
En lo corrido de 2013 el SAT ha logrado identificar riesgo de explotación sexual con fines comerciales de niñas, jóvenes y mujeres en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Guaviare y Meta.
Vulnerabilidad de las mujeres en las cárceles del país
Por último, el Defensor llamó la atención sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles y penitenciarías del país, quienes además de soportar los mismos padecimientos del resto de la población reclusa como el hacinamiento también carecen de la atención médica especializada de un ginecólogo para los problemas de salud propios de su género o deben ser recluidas en celdas construidas para hombres.
Adicionalmente, en su gran mayoría son madres cabeza de familia y se ven obligadas en muchos casos a separase de sus hijos menores, bien sea porque en las salacunas acondicionadas en los establecimientos no hay cupos suficientes o porque ellas mismas deciden que la cárcel no es un lugar apto para sus hijos. Tales circunstancias, además de representar factores de discriminación, constituyen una pena adicional.
Para la Defensor del Pueblo, en la confección de una nueva política penitenciaria, es necesaria la implementación de la perspectiva de género que recoja y resuelva las necesidades de la mujer en el ámbito de la prisión, que más allá de las consecuencias propias de la privación de la libertad erradique viejas prácticas discriminatorias en su contra y evite la imposición de rigores adicionales, que la rescate como ser principal en la conformación de la familia y de la sociedad.
Actualmente, un total de 8.724 mujeres se encuentran privadas de la libertad, lo que representa el 7,6% de la población penitenciaria y carcelaria del país, de las cuales 6.118 están condenadas y 2.606 sindicadas.