Visiones de la paz fuera de la mesa

Desde cuando se inició la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc, las partes decidieron mantener la confidencialidad sobre los temas que se están discutiendo. Ese fue uno de los argumentos para que la mesa de diálogo se instalara en La Habana (Cuba). Sin embargo, luego de un año de discusiones y con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de radicar un proyecto de ley que permita que lo acordado en el proceso de paz sea ratificado por los ciudadanos a través de un referendo a realizarse el mismo día de las elecciones, creció la inquietud sobre qué es lo que se va a refrendar en las urnas.

Uno de los principales defensores del proceso, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, fue el primero en hacer la petición. Ya lo había hecho cuando manifestó que había llegado el momento de que las Farc les pusieran la cara a sus víctimas y que un grupo de ellos deberían viajar a La Habana a reunirse con los representantes de la guerrilla. Ahora fue más allá, al plantear que “después de un año de negociaciones es necesario que se empiece a abrir la mesa. Si se va a hablar de participación en política, llegó el momento de que los presidentes de los partidos políticos, tanto de oposición como de la Unidad Nacional, asistan para conocer lo que se está acordando”.

Durante el foro sobre el proceso de paz que realizó la revista Semana, una de las inquietudes que plantearon los panelistas tiene que ver con el acuerdo sobre el desarrollo agrario. Al respecto el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, advirtió que “el Gobierno, para conjurar el paro en el país, estableció el ‘Pacto por el agro y el desarrollo rural’, esto tiene que empezar a implementarse. Pero como la tesis en La Habana es que nada está negociado hasta que todo esté negociado, entonces deberá reabrirse la discusión para incluir lo que se acordó con los campesinos”.

La inquietud también se hizo evidente frente al tema que se está discutiendo en la actualidad en La Habana: las garantías de participación política para quienes dejen las armas y para la oposición. Sobre este punto el debate ha crecido luego de que fuera radicado el proyecto de ley que permite la ratificación de los acuerdos vía referendo. En este sentido hay argumentos enfrentados.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, tuvo que salir a defender la iniciativa: “para nosotros es necesaria la refrendación ciudadana y una cosa es que pidamos discreción y otra cosa es que se haga un acuerdo a puerta cerrada. Lo que queremos es el mecanismo más conveniente. Entre una consulta popular y un referendo, la consulta requiere 10 millones de votos, el problema es que no produce textos sino políticas y está supeditada a las vicisitudes de una nueva normativa”, dijo De la Calle.

Frente al referendo, explicó que exige una ley con revisión de la Corte, pero las personas avalan un acuerdo ya realizado. “Hay equivocaciones, la ley que presentamos es para que se permita que el referendo se vote el día de elecciones, pero aún no hay acuerdos”, dijo, y agregó que sí es interés del Gobierno que coincida con otros procesos electorales para que cuente con un respaldo masivo de los colombianos, que le dé legitimidad, y descartó por completo una constituyente.

Pero la facultad para que las elecciones coincidan con la votación del referendo genera críticas. El senador Juan Carlos Vélez asegura que se trata de una trampa y afirma: “ese proyecto pretende darles más posibilidades a las listas del gobierno al Congreso y la Corte ha sido clara en sus sentencias al señalar que hay una contaminación del referendo cuando se confunde con otro proceso electoral, más cuando se habla de unas listas para la paz”.

La precandidata a la presidencia del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, asegura que “un proceso de refrendación exprés no da garantías de tener un país mejor, tampoco las facultades amplias para que el presidente les dé a las Farc curules especiales, porque ellos son una minoría, pero porque no representan a los colombianos”.

El senador Juan Lozano aseguró que se está engañando al elector al ponerlo a votar sobre algo que no se conoce, afirmó que se está violando el espíritu de la Constitución que separa los mecanismos de participación de los electorales, por lo que dijo es preocupante que se pretenda lograr una reelección amarrada a un proceso de paz.

En lo que hubo consenso es en la necesidad de que se llegue a un acuerdo con las Farc. Los uribistas afirmaron que no los pueden llamar enemigos de la paz por no respaldar los mecanismos que se están empleando. El Gobierno sostiene que la mejor salida es la firma del acuerdo para la terminación del conflicto y lograr a través de la equidad social y el desarrollo la pacificación del país.

Desde cuando se inició la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc, las partes decidieron mantener la confidencialidad sobre los temas que se están discutiendo. Ese fue uno de los argumentos para que la mesa de diálogo se instalara en La Habana (Cuba). Sin embargo, luego de un año de discusiones y con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de radicar un proyecto de ley que permita que lo acordado en el proceso de paz sea ratificado por los ciudadanos a través de un referendo a realizarse el mismo día de las elecciones, creció la inquietud sobre qué es lo que se va a refrendar en las urnas.

Uno de los principales defensores del proceso, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, fue el primero en hacer la petición. Ya lo había hecho cuando manifestó que había llegado el momento de que las Farc les pusieran la cara a sus víctimas y que un grupo de ellos deberían viajar a La Habana a reunirse con los representantes de la guerrilla. Ahora fue más allá, al plantear que “después de un año de negociaciones es necesario que se empiece a abrir la mesa. Si se va a hablar de participación en política, llegó el momento de que los presidentes de los partidos políticos, tanto de oposición como de la Unidad Nacional, asistan para conocer lo que se está acordando”.

Durante el foro sobre el proceso de paz que realizó la revista Semana, una de las inquietudes que plantearon los panelistas tiene que ver con el acuerdo sobre el desarrollo agrario. Al respecto el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, advirtió que “el Gobierno, para conjurar el paro en el país, estableció el ‘Pacto por el agro y el desarrollo rural’, esto tiene que empezar a implementarse. Pero como la tesis en La Habana es que nada está negociado hasta que todo esté negociado, entonces deberá reabrirse la discusión para incluir lo que se acordó con los campesinos”.

La inquietud también se hizo evidente frente al tema que se está discutiendo en la actualidad en La Habana: las garantías de participación política para quienes dejen las armas y para la oposición. Sobre este punto el debate ha crecido luego de que fuera radicado el proyecto de ley que permite la ratificación de los acuerdos vía referendo. En este sentido hay argumentos enfrentados.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, tuvo que salir a defender la iniciativa: “para nosotros es necesaria la refrendación ciudadana y una cosa es que pidamos discreción y otra cosa es que se haga un acuerdo a puerta cerrada. Lo que queremos es el mecanismo más conveniente. Entre una consulta popular y un referendo, la consulta requiere 10 millones de votos, el problema es que no produce textos sino políticas y está supeditada a las vicisitudes de una nueva normativa”, dijo De la Calle.

Frente al referendo, explicó que exige una ley con revisión de la Corte, pero las personas avalan un acuerdo ya realizado. “Hay equivocaciones, la ley que presentamos es para que se permita que el referendo se vote el día de elecciones, pero aún no hay acuerdos”, dijo, y agregó que sí es interés del Gobierno que coincida con otros procesos electorales para que cuente con un respaldo masivo de los colombianos, que le dé legitimidad, y descartó por completo una constituyente.

Pero la facultad para que las elecciones coincidan con la votación del referendo genera críticas. El senador Juan Carlos Vélez asegura que se trata de una trampa y afirma: “ese proyecto pretende darles más posibilidades a las listas del gobierno al Congreso y la Corte ha sido clara en sus sentencias al señalar que hay una contaminación del referendo cuando se confunde con otro proceso electoral, más cuando se habla de unas listas para la paz”.

La precandidata a la presidencia del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, asegura que “un proceso de refrendación exprés no da garantías de tener un país mejor, tampoco las facultades amplias para que el presidente les dé a las Farc curules especiales, porque ellos son una minoría, pero porque no representan a los colombianos”.

El senador Juan Lozano aseguró que se está engañando al elector al ponerlo a votar sobre algo que no se conoce, afirmó que se está violando el espíritu de la Constitución que separa los mecanismos de participación de los electorales, por lo que dijo es preocupante que se pretenda lograr una reelección amarrada a un proceso de paz.

En lo que hubo consenso es en la necesidad de que se llegue a un acuerdo con las Farc. Los uribistas afirmaron que no los pueden llamar enemigos de la paz por no respaldar los mecanismos que se están empleando. El Gobierno sostiene que la mejor salida es la firma del acuerdo para la terminación del conflicto y lograr a través de la equidad social y el desarrollo la pacificación del país.