Las Obras por Impuestos promueven que los contribuyentes aporten al cierre de brechas socioeconómicas en algunos de los municipios más afectados por la pobreza y la violencia en Colombia. Así define al mecanismo la Agencia de Renovación del Territorio, ART, entidad que coordina y articula a los diferentes actores de este instrumento para la correcta ejecución de los proyectos.
A continuación, encontrará las respuestas a algunas de las principales preguntas que giran en torno al objetivo, impacto y propósito de las Obras por Impuestos en Colombia.
¿Qué son las Obras por Impuestos?
Las Obras por Impuestos son un mecanismo con el que las empresas contribuyentes pueden destinar una parte de su impuesto de renta para financiar proyectos sociales y de infraestructura.
Estos proyectos se desarrollan en municipios priorizados del país, entre los que se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).
La ART explica que los recursos pueden invertirse en diversos sectores. Entre ellos se encuentran los de saneamiento básico, energía, salud, educación pública, infraestructura vial, conectividad, proyectos productivos, infraestructura cultural y deportiva, entre otros.
El objetivo de este modelo es que el contribuyente, además de cumplir con su obligación tributaria, participe directamente en procesos de transformación territorial.
¿Por qué se creó?
Víctor Manuel de Luque Vidal, experto en sostenibilidad, desarrollo territorial y transformación social, dice que el mecanismo nace de la idea central del posconflicto, con el propósito de traducir la paz en inversión y oportunidades concretas para los territorios más afectados por la violencia en el país. “El modelo está profundamente conectado con las regiones PDET, donde existen enormes desafíos sociales, económicos e institucionales”, señala.
De igual forma, el experto explica que la infraestructura no solo mejora condiciones materiales, sino que también ayuda a fortalecer la confianza institucional en comunidades históricamente afectadas por el abandono estatal.
“Su aporte más significativo está en convertir el impuesto en una presencia tangible del Estado en los territorios. Hace visible la inversión y traduce los recursos en soluciones concretas para comunidades que históricamente sintieron que el desarrollo ocurría lejos de ellas”, agrega de Luque.
¿Cómo funciona el mecanismo?
Según la ART, las empresas se pueden vincular por medio de dos opciones, la de fiducia y la de convenio. Por medio de la primera destinan recursos a un patrimonio autónomo que se encarga de ejecutar el proyecto. En la segunda, el contribuyente participa directamente en la ejecución, de la mano de las entidades públicas.
Vale la pena señalar que en ambos casos varios contribuyentes pueden unirse para financiar y ejecutar un proyecto de manera conjunta, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
¿Qué cifras ha dejado el modelo?
La ART señala que entre 2022 y 2025 se aprobaron COP 3,1 billones para financiar 387 proyectos en 274 municipios. Un total de 237 empresas participaron vinculándose por medio del mecanismo.
Además, la mayor parte de los recursos se concentraron en municipios PDET, con COP 2.2 billones y 218 proyectos. Para el caso de los ZOMAC, fueron unos COP 931.821, dirigidos a otras 169 iniciativas. En 2026, el gobierno aprobó un cupo de COP 1.145 billones.
¿Cuáles son los beneficios para las empresas?
De Luque Vidal explica que el principal valor del modelo se encuentra en el fortalecimiento de la relación de las empresas con los territorios en los que operan, resaltando que la sostenibilidad empresarial cada vez está más ligada a la construcción de relaciones de largo plazo con las comunidades.
“Cuando una empresa participa en Obras por Impuestos y lo hace bien, fortalece su reconocimiento como aliado del territorio y del desarrollo local”, dice Víctor Manuel de Luque Vidal.
¿Qué proyectos pueden financiarse?
La Agencia de Renovación del Territorio explica que únicamente se pueden financiar aquellos proyectos que están ubicados en los municipios priorizados y relacionados con sectores autorizados por el Gobierno nacional.
Entre los sectores relacionados se encuentra el del agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, educación, infraestructura de transporte, conectividad y TIC, bienes públicos rurales, proyectos productivos, infraestructura cultural o deportiva, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo.
De igual forma, hay que señalar que estos proyectos no pueden contar con otras fuentes de financiación. Además, deben cumplir con los lineamientos técnicos definidos por los ministerios y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).