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Durante décadas, para las empresas el pago de impuestos fue una obligación sin mayor conexión con resultados tangibles. En términos sencillos, este mecanismo permite que una empresa destine parte de lo que tendría que pagar en impuestos a financiar directamente proyectos que mejoran la vida de las comunidades, como vías, colegios, infraestructura de energía o conectividad. En lugar de que ese dinero siga únicamente la ruta tradicional del recaudo, se convierte en una obra concreta en el territorio.
Lo que nació como un instrumento para llevar inversión a regiones históricamente rezagadas ha evolucionado. Hoy, cada vez más empresas entienden Obras por Impuestos como una decisión estratégica: una forma de convertir una obligación fiscal en impacto social medible, reputación corporativa y relaciones más sólidas con las comunidades. Ya no se trata solo de responsabilidad social, sino de gestión empresarial con resultados verificables.
Un modelo que dejó de ser experimental
El esquema no es improvisado. Surgió en Perú en 2008, desde ese momento a la fecha se han desarrollado más de 1.100 proyectos con un impacto acumulado cercano al 1.4 % de PIB. Llegó a Colombia con la Ley 1819 de 2016, enfocándose en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), marcados por la pobreza, la exclusión y el conflicto. Con el paso de los años, el mecanismo ha superado su fase piloto y hoy muestra señales claras de consolidación institucional y confianza por parte del Estado y del sector privado.
¿Cómo funciona en la práctica?
El contribuyente identifica un proyecto elegible en un municipio PDET o ZOMAC y lo presenta ante la entidad nacional competente (por ejemplo, el Ministerio de Educación o el INVIAS). Una vez aprobado, constituye un fideicomiso con una fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este patrimonio autónomo recibe los recursos equivalentes al impuesto de renta a cargo del contribuyente, los administra de manera independiente y realiza los desembolsos conforme avanzan las obras, asegurando el adecuado manejo de los recursos. Al finalizar el proyecto, la entidad competente certifica su cumplimiento ante la DIAN, lo que permite al contribuyente obtener el respectivo certificado de pago de impuestos. Se trata de un esquema triangular entre empresa, Estado y territorio, en el que la fiduciaria actúa como eje articulador de control, administración y trazabilidad de los recursos.
En Colombia, el mecanismo acumula 527 proyectos entre 2018 y 2025 por un valor superior a COP 4 billones, con un ticket promedio cercano a los COP 7.700 millones por iniciativa. La modalidad de fiducia concentra cerca del 79 % de los proyectos y el 78 % del valor total ejecutado, lo que exige estructuras de administración robustas y con experiencia territorial comprobada.
La evolución del cupo aprobado por el CONFIS lo evidencia: pasó de COP 250.000 millones en 2018 a COP 1,1 billones en 2025. De ese total, COP 900.000 millones corresponden a la modalidad de fiducia y COP 200.000 millones a convenios. Educación, infraestructura vial, energía, agua y conectividad concentran la mayor parte de los proyectos, confirmando que el mecanismo se ha convertido en una vía efectiva para cerrar brechas estructurales.
Bogotá entra al escenario
El alcance de Obras por Impuestos ya no se limita a zonas rurales o de posconflicto. En febrero de 2026, Bogotá reglamentó la modalidad fiduciaria del esquema mediante el Decreto Distrital 043, habilitando a los contribuyentes a pagar impuestos distritales financiando proyectos estratégicos de la ciudad. La decisión amplía el universo de participantes e incorpora actores urbanos con mayor sofisticación financiera y capacidad de ejecución.
El rol silencioso, pero decisivo de las fiduciarias
Bajo este modelo, el contribuyente asume el desarrollo del proyecto a su propio riesgo. Si hay sobrecostos, retrasos o incumplimientos, la obligación tributaria persiste y puede traducirse en pagos a la DIAN con intereses moratorios. Por eso, dentro de la arquitectura del mecanismo hay un actor relevante: la fiduciaria. No es un intermediario pasivo. En la modalidad de fiducia, esta entidad gestiona los recursos, supervisa el cumplimiento del cronograma, coordina con las entidades territoriales y garantiza la trazabilidad de la inversión ante el Estado. La calidad de esa gestión puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Por eso, las empresas que participan en Obras por Impuestos deben evaluar con rigor no solo el proyecto en sí, sino la capacidad operativa, el respaldo patrimonial y el conocimiento territorial de la fiduciaria que los acompaña.
Los datos muestran la relevancia de este rol. Con corte a febrero de 2026, Aval Asset Management administraba 99 proyectos por COP 546.697 millones, con un valor promedio superior a COP 5.500 millones por iniciativa. Cerca de tres cuartas partes de esos proyectos corresponden a la modalidad de fiducia, la más exigente en estructuración, seguimiento y control. Educación e infraestructura vial concentran la mayor parte de los recursos, y solo en 2025 se gestionaron más de 40 proyectos bajo este esquema.
Un mecanismo que entra en su etapa decisiva
Obras por Impuestos atraviesa hoy una nueva fase. La madurez regulatoria reduce incertidumbres, la expansión geográfica amplía su alcance y la creciente exigencia sobre las empresas para demostrar impactos concretos en sostenibilidad vuelve más valioso un instrumento que deja huella visible.
En un país con profundas brechas regionales, Obras por Impuestos ya no puede leerse solo como una alternativa tributaria. Su verdadero valor está en haber transformado el pago de impuestos en una herramienta de inversión estratégica, capaz de conectar empresa, Estado y territorio alrededor de resultados medibles. La pregunta ya no es si el mecanismo funciona, sino qué tan lejos puede llegar.
* Vicepresidente corporativo comercial de Aval Asset Management.