En la Universidad de Sucre hay una historia que ya no cabe en los pasillos, ni en los comités, ni en las explicaciones burocráticas. Es una historia de salarios que se dispararon, de artículos que se multiplicaron a velocidad inusual, de coautorías repetidas y de un sistema que, en el papel, fue creado para premiar mérito académico, pero que en la práctica hoy deja una pregunta incómoda: si algunos docentes entendieron mejor que nadie cómo convertir publicaciones en dinero.
La regla de fondo existe y es legal. El Decreto 1279 de 2002 cambió la forma de remunerar a los docentes de universidades estatales y consolidó un sistema de puntos que impacta directamente el salario. En 2026, cada punto vale COP 23.924. Es decir: cada reconocimiento por productividad no es un diploma simbólico; es plata real incorporada a la remuneración. Y el órgano interno que interviene en ese proceso en la Universidad de Sucre existe formalmente: el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, que la propia universidad define como el encargado de reconocer bonificaciones y puntos salariales por títulos, categorías, experiencia, cargos académico-administrativos, docencia, extensión y productividad evaluada por pares externos.
El problema no es que exista ese sistema. El problema es qué pasó con él en la Universidad de Sucre.
Los documentos revisados para este reportaje muestran que, en 2025, al menos 15 docentes concentraron ingresos mensuales entre COP 48,3 millones y COP 93 millones. En la cima del listado aparecen Alexander Pérez Cordero con COP 93.004.778, Donicer Eduardo Montes Vergara con COP 91.930.961 y William Alejandro Niebles Núñez con COP 90.545.938. Solo ese grupo suma COP 989.366.883 al mes y COP 11.872.402.596 al año. No se trata de una excepción menor. Es una franja salarial de élite dentro de una universidad pública.
Y el dato más explosivo no es solo cuánto ganan. Es cómo crecieron.
Entre 2021 y 2025, el mismo consolidado reporta incrementos mensuales de COP 70.271.860 para William Niebles Núñez, COP 63.914.506 para Donicer Montes Vergara, COP 60.456.892 para Javier Emilio Sierra Carrillo y COP 59.418.370 para Alexander Pérez Cordero, quienes superan ampliamente el salario del presidente que está alrededor de los 51 millones. En otras palabras: en apenas cuatro años, varios salarios crecieron a un ritmo que desborda cualquier lectura ordinaria de carrera profesoral.
Ahí es donde empiezan a aparecer las alertas.
Según el dossier conocido por este suscrito, entre 2024 y 2025 se analizaron 634 artículos, de los cuales 338 presentan alertas por prácticas editoriales asociadas a revistas señaladas en ese mismo material como “espurias”, entre ellas Evolutionary Studies in Imaginative Culture, Migration Letters, Journal of International Crisis and Risk Communication Research y Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology. El documento sostiene, además, que William Niebles presentó 76 artículos, de los cuales 69 tienen alerta; Donicer Montes, 43, todos con alertas; Alexander Pérez, 38, todos en alerta.
Ese mismo material va más allá: afirma que a William Niebles se le aprobaron 876,5 puntos salariales en ese período; a Donicer Montes, 475; a Alexander Pérez, 418; a José Marcelo Torres, 957; y a Hernán Guzmán, 1.068. Si se toma como referencia el valor del punto vigente en 2026, esos volúmenes equivaldrían, de manera ilustrativa, a incrementos mensuales del orden de $20,9 millones, COP 10 millones, COP 22,9 millones y hasta COP 25,5 millones solo por ese componente. No es una anécdota académica. Es el corazón económico del caso, que ha significado el crecimiento de salarios entre 2021 y 2025 en más de 70 millones para algunos de estos docentes, entre ellos William Niebles, Donicer Montes y Javier Sierra, el top 3 de los que más han incrementado sus salarios.
El expediente interno describe varias modalidades presuntamente usadas para maximizar esos resultados: carruseles de coautoría, evaluaciones entre pares cercanos, uso de revistas de bajo rigor y aprovechamiento de trabajos estudiantiles como insumo para nuevas publicaciones. También enumera alertas como autorreferencia, retrofechado, plagio y duplicidad. En uno de los apartes más delicados, el material menciona coincidencias textuales del 99% entre artículos firmados por algunos docentes y detección de escritura con IA en varios casos; además, habla de redes de coautoría reiterada entre William Niebles, José Marcelo Torres, Hernán Guzmán, Donicer Montes y Alexander Pérez. Hoy, jurídicamente, todo eso debe leerse como lo que es: alertas documentadas. Pero el patrón, leído en conjunto, es demasiado grave como para tratarlo como simple rumor.
Hay un detalle institucional que tampoco es menor. La Universidad de Sucre tiene una dependencia formal de Control Interno Disciplinario, encargada de adelantar investigaciones o indagaciones contra docentes y administrativos. Es decir: la universidad sí cuenta con una ruta interna para investigar conductas de este tipo. A partir de ese conocimiento, y conforme a la gravedad de los hallazgos advertidos en la auditoría interna, la información habría sido remitida además a órganos de control externo, entre ellos la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de que conocieran lo ocurrido y determinaran las actuaciones a que hubiera lugar. Es decir, no se trataría solo de un debate sobre salarios o productividad académica, sino de un asunto de control por fuera de la propia universidad.
La dimensión nacional del escándalo aparece cuando se compara esta historia con precedentes ya conocidos en otras universidades. En la Universidad Surcolombiana, por ejemplo, el Observatorio de la Universidad Colombiana reportó reconocimientos de puntos salariales por publicaciones en una página no reconocida legalmente de la revista Sylwan, con un presunto daño patrimonial que la Contraloría calculó en más de COP 121 millones y que luego derivó en un juicio fiscal por más de COP 183 millones. La conclusión no es que el caso de Sucre sea idéntico. La conclusión es otra: Colombia ya sabe que el sistema de puntajes puede ser manipulado cuando falla el control sobre la calidad real de las publicaciones.
La Universidad de Sucre figura con una producción científica visible en los rankings, el IRIS de SCImago (scimagoiris.com) que mide no solo cuántas publicaciones tiene una institución, sino también las señales de riesgo sobre la forma en que esa producción se construye, le asignan a la universidad un indicador general de riesgo de 2.449, clasificado como “significativo”. Lo que indica que mientras la Universidad de Sucre ha hecho esfuerzos presupuestales para estimular y aumentar su producción científica lo que ha logrado es abrir un debate ético sobre esa misma producción con evidentes repercusiones para la sostenibilidad de la institución y limitando sus posibilidades de crecimiento.
Por eso el caso de la Universidad de Sucre no debería leerse como una discusión abstracta sobre escalafón docente. Debería leerse como una historia concreta sobre docentes que entendieron que los puntos no son solo puntos: son salario, poder y permanencia en la cima. Si la producción académica se volvió una fábrica de puntajes; si las coautorías se convirtieron en cadenas de favores; si las revistas cuestionadas terminaron siendo vehículo de reconocimiento salarial; y si todo eso coincidió con incrementos de COP 40, COP 50, COP 60 y hasta COP 70 millones mensuales en cuatro años, entonces la discusión dejó de ser académica hace rato. Se volvió un problema de integridad universitaria y de recursos públicos. (Scimago)
Porque al final esta historia no se resume en una norma ni en un comité. Se resume en una pregunta brutal que hoy pesa sobre la Universidad de Sucre: si aquí se estaba premiando el mérito, o si algunos profesores se organizaron para usar el sistema para fabricar artificialmente salarios extraordinarios basados en artículos cuestionables, puntos y favores cruzados. Y esa ya no es una pregunta de pasillo. Es una pregunta de interés público.
Esta publicación es redactada y publicada bajo la solicitud del ciudadano Pedro Juan Morales de la Espriella identificado con cédula de ciudadanía No. 92.526.661. Cualquier solicitud de información, aclaración, retracto y demás es responsabilidad exclusiva del anunciante. El Espectador solo presta este espacio como servicio de publicación.