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Transformar un territorio es un trabajo conjunto. Requiere la institucionalidad del Estado para dar marco, la capacidad operativa y los recursos del sector privado para llevarlos a cabo, y el conocimiento y la participación de las comunidades para que esos proyectos respondan a necesidades reales. Cuando los tres actúan en la misma dirección, los resultados son concretos y duraderos.
Esa es la lógica detrás de los 10 proyectos estratégicos que GeoPark, compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas con más de 14 años de operaciones en Colombia, viene ejecutando desde 2022 en Casanare, Meta y Putumayo bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión que supera los 58 mil millones de pesos y ha beneficiado a más de 30.400 personas.
“Estamos convencidos de que la energía, además de impulsar el crecimiento económico, es una poderosa herramienta de transformación social. En GeoPark, vemos en el mecanismo de Obras por Impuestos una vía concreta para traducir nuestra obligación fiscal en proyectos tangibles que mejoran la calidad de vida de las comunidades vecinas a nuestras operaciones”, asegura Aníbal Fernández de Soto, director de Naturaleza y Vecinos de GeoPark. El funcionario agrega que “seguimos apostando por un desarrollo territorial sostenible, trabajando de la mano con las comunidades y el Estado para cerrar brechas y construir un futuro más equitativo para miles de familias rurales”.
En Putumayo, GeoPark destinó más de 13 mil millones de pesos para entregar dotación a 39 Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), centros que acogen a niños y niñas de primera infancia (0 a 5 años). Adicionalmente, en Puerto Guzmán, un municipio ubicado al nororiente del departamento en el que habitan más de 42.000 personas, esta inversión se tradujo en elementos para 168 restaurantes escolares. 8.400 niños y niñas se beneficiaron de estos proyectos.
“Agradecerles porque gracias a ellos nuestros hijos van a tener mejor calidad de vida. Nuestra comunidad de Puerto Guzmán, tanto urbana como rural, se los va a agradecer para toda la vida”, finaliza Suno Rodríguez, trabajadora social del ICBF de Puerto Guzmán, Putumayo.
Mobiliario, materiales pedagógicos, equipos audiovisuales y elementos para los comedores llegaron a espacios que las familias y las instituciones habían identificado como prioritarios. Para quienes hacen parte de esas comunidades, el impacto fue inmediato y visible.
“Este proyecto nos permite a los padres de familia tener la certeza de que nuestros hijos están en un lugar con buena calidad, con buenos recursos y pueden tener un buen aprendizaje”, dice María Isabel, madre de familia del CDI Caritas Felices de Puerto Guzmán.
En Casanare, estos proyectos han avanzado en diferentes frentes. En educación, una inversión de más de 5.800 millones de pesos fortaleció 14 instituciones educativas rurales en Hato Corozal y La Salina con mobiliario, implementos deportivos e instrumentos musicales que conectan a los estudiantes con la identidad llanera. A esto se suma la entrega de mobiliario escolar en 21 sedes educativas de Monterrey y Sabanalarga, una iniciativa que beneficiará a más de 3.877 estudiantes y miembros de la comunidad educativa, con una inversión superior a 3.480 millones de pesos y cuya ejecución se completará durante el segundo semestre del año. En Meta, la dotación artística y pedagógica llegará a siete instituciones educativas de Puerto Gaitán en ese mismo período, fortaleciendo los entornos de aprendizaje y las oportunidades de formación para niños y jóvenes de zonas rurales.
En energía, se entregaron 62 sistemas de paneles solares que desde abril de 2026 llevan electricidad a 159 personas de 16 veredas de Monterrey, Casanare, en zonas rurales que aún no están conectadas al Sistema Interconectado Nacional.
Gracias a una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, hoy estas familias cuentan con energía confiable en sus hogares, una transformación que impacta su vida cotidiana al permitirles producir más, estudiar en mejores condiciones y mantenerse más conectados con sus familias.
En Paz de Ariporo, municipio ubicado en el mismo departamento, durante el segundo semestre del año también se entregará un proyecto de este alcance que beneficiará a más de 300 familias, gracias a una inversión de más de 10 mil millones de pesos.
“Tengo mi nevera, tengo mi licuadora, tengo la televisión. La energía realmente ha cambiado mi forma de vivir”, dice Merlen Martínez, habitante de la zona rural del municipio de Monterrey, Casanare.
La infraestructura vial completa el cuadro. En Tauramena, Casanare, avanza la pavimentación de 2,1 kilómetros de la vía rural La Venganza. En el sur del departamento, la rehabilitación del puente La Tarqueña sobre el río Tacuya fortalece la conectividad de toda la zona.
“En Casanare llevamos años construyendo lo que yo llamo el matrimonio entre la industria y las instituciones. Lo que hemos logrado junto con GeoPark en vías, energía y educación es la prueba más concreta de que cuando ese matrimonio funciona, son las comunidades las que ganan”, comenta César Ortiz Zorro, gobernador de Casanare.