Una decisión histórica para las víctimas
La violencia sexual cometida durante el conflicto armado ha permanecido oculta por años entre el silencio de las víctimas, el miedo a denunciar y las dificultades de las instituciones para investigar y juzgar a los responsables. Por eso representa un gran avance que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identifique estos crímenes, establezca patrones y atribuya responsabilidades a antiguos comandantes de las FARC tal como ocurrió con el Auto 014 de 2026 en el Caso 05, sobre el norte del Cauca y el sur del Valle.
Este Auto es el resultado de años de exigencias de las sobrevivientes, quienes tuvieron que abrirse camino en medio de la desconfianza y de las barreras para acceder a la justicia. El proceso tomó forma a medida que ellas encontraron espacios para participar, organizarse y exigir justicia. No llegaron únicamente a contar lo que les había ocurrido, sino a exigir que sus experiencias fueran base fundamental para la investigación que conduzca a que los responsables respondan por los daños causados. “Este proceso ante la JEP es la muestra de que la justicia tarda, pero llega, hoy nos sentimos esperanzadas”, manifestó una sobreviviente que participa en este caso.
Raúl Sánchez, magistrado de la JEP y relator del caso, explicó la necesidad de una investigación específica y un auto exclusivo para estos hechos: “El auto es el resultado de un proceso de abordaje de investigación diferente que responde a la necesidad de superar la invisibilidad histórica de estos crímenes, por medio de una investigación exhaustiva que permitiera comprender un fenómeno atravesado por el silencio, el estigma y las dificultades probatorias. Para lo anterior fue necesario crear un proceso especial de participación, que generara condiciones de confianza y seguridad para que las víctimas abordaran lo que les sucedió. Lo que también permitió conocer los daños desde una perspectiva territorial y étnica, atendiendo a las particularidades de las víctimas indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTI. Este abordaje también evita que estos crímenes queden subordinados o diluidos en la investigación de otros graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y permite establecer responsabilidades más allá de quienes cometieron directamente las violaciones”.
El Auto 014 de 2026 atribuye responsabilidad a las extintas FARC-EP por los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género, cometidos contra la población civil entre 1999 y 2016 para ejercer control territorial y social en esta zona del país. También atribuye responsabilidad por los crímenes de guerra de violación, tortura mediante abortos forzados y ultrajes contra la dignidad personal por prácticas como la anticoncepción forzada, perpetrados contra mujeres que integraban las filas de la antigua guerrilla, algunas de ellas reclutadas forzadamente.
Las víctimas en el centro: co-creando las medidas de reparación
El proceso especial de participación de las víctimas se ha realizado gracias al apoyo del Fondo Global para Sobrevivientes (GSF, por sus siglas en inglés), una organización internacional que trabaja por el derecho a la reparación de las personas sobrevivientes de violencia sexual en diferentes países azotados por los conflictos armados. Desde 2023, el Fondo impulsa y construye junto a las sobrevivientes una experiencia de cocreación que busca transformar el lugar que ellas ocupan en la justicia transicional: no solo participan en el proceso, sino que también plantean preguntas, proponen caminos y contribuyen a definir las respuestas. Este proceso también reconoce el importante papel que tienen las organizaciones que por años las han representado y acompañado en sus exigencias de justicia.
Como resultado de la participación sustantiva, el Auto pone en primer plano que la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado deja daños individuales y colectivos. Las personas sobrevivientes enfrentaron angustia, miedo, depresión y aislamiento, así como afectaciones a su salud física y reproductiva. Muchas tuvieron que soportar, además, el estigma y los señalamientos, la pérdida de oportunidades educativas y laborales, dificultades económicas y las rupturas de sus relaciones familiares y de pareja. Para algunas, las consecuencias continuaron con amenazas, nuevos desplazamientos y la revictimización por parte de las instituciones a las que acudieron en busca de ayuda.
Los daños no se limitaron a las experiencias individuales, la violencia sexual fue utilizada como una forma de ejercer dominación territorial y social, afectó la organización comunitaria, las posibilidades de ejercer participación social y política, modificó las prácticas culturales, la espiritualidad y la relación con el territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Una sobreviviente recordó “Debido al miedo de ser violentadas las mujeres no han vuelto al rio, las mujeres iban a timbar, a lavar, eso se ha ido perdiendo, las nuevas generaciones no saben qué es eso”. La decisión también reconoce las violencias y la discriminación contra personas LGBTIQ+, que afectaron incluso el ejercicio de sus liderazgos.
El desafío de la reparación
Diana Bravo Rubio representante en Colombia del Fondo Global para Sobrevivientes, destaca que “por años las víctimas no fueron escuchadas, hoy la justicia restaurativa ofrece una oportunidad para la cocreación porque pone en el centro a las víctimas, promueve su participación y busca reconocer y reparar distintas dimensiones de los daños, a diferencia de una concepción de la justicia centrada principalmente en la responsabilidad y el castigo penal de los perpetradores. Para los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto armado, los espacios dialógicos son especialmente importantes, las sobrevivientes necesitan que se reconozca lo que vivieron, que se comprendan las consecuencias que la violencia ha tenido en sus vidas y que se repare. Este proceso ha estado guiado, por la convicción de que avanzar en la justicia y la reparación para las víctimas es el camino hacia la paz.”
Con el objetivo de que el Estado dé una respuesta en materia de reparación a las víctimas de violencia sexual intrafilas y de reclutamiento forzado, el Fondo Global para Sobrevivientes interpuso una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de Víctimas. La acción busca eliminar las barreras legales que las excluyen del Registro Único de Víctimas (RUV) y, con ello, abrirles el acceso a las medidas de reparación. Además, se cuestionan otras disposiciones legales que imponen cargas burocráticas a las víctimas debido a la falta de articulación entre las entidades responsables de garantizar sus derechos. Corresponde ahora a la Corte Constitucional decidir sobre esta injusticia histórica.
Los siguientes pasos
Dado que el proceso ante la JEP continúa, es preciso preguntar ¿qué lugar tendrán las víctimas en la siguiente etapa? El auto abre un periodo en el que los comparecientes podrán reconocer o negar las responsabilidades que les fueron atribuidas. Si hay reconocimiento adecuado y se cumplen las condiciones establecidas por el sistema, podrán imponerse sanciones restaurativas.
Las sobrevivientes que han participado en el proceso de cocreación han planteado propuestas concretas: centros para sobrevivientes como parte de las medidas restaurativas, además reconocimiento de la verdad por parte de los agresores y acceso a reparaciones individuales a cargo del Estado.
El Fondo Global para Sobrevivientes considera que para lograrlo, se necesita buena capacidad institucional. Las sanciones restaurativas requieren recursos, coordinación entre entidades, capacidad de ejecución, garantías de seguridad y mecanismos de seguimiento. Después de años de investigación y participación, no sería suficiente que los proyectos acordados con las víctimas quedaran consignados en documentos que no se implementen. La reparación no puede depender únicamente de la voluntad de los comparecientes, ni del esfuerzo de las organizaciones que acompañan a las sobrevivientes. El Estado debe garantizar que los derechos reconocidos se hagan efectivos.
Para una víctima de violencia sexual y reproductiva, escuchar que la justicia reconoce que lo ocurrido fue un crimen grave representa un momento histórico, pero insuficiente sino se avanza en las sanciones y la reparación.
Para más información, contactar a Diana Bravo dbravo@globalsurvivorsfund.org