Por: Salomón Kalmanovitz

Reforma agraria, paz y desarrollo

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, Juan Camilo Restrepo, ha diseñado una política integral de tierras cuyos objetivos son devolver las tierras arrebatadas por los beneficiarios del conflicto a sus legítimos poseedores, acercar el uso actual del suelo a su potencial, extinguir la propiedad de las tierras adquiridas de manera ilícita y gravar la tierra más justamente.

El tema de restitución, por sí solo, nos devolvería a la Colombia rural de 1990, cuando la distribución era muy desigual, pero venía surgiendo una clase media de granjeros modernos que, junto a millones de familias campesinas, terminaron expulsados de sus territorios, con la consecuente caída del desarrollo agrícola.

Es que con la guerra y con el paramilitarismo se desató una contrarreforma agraria de enorme magnitud que agudizó los índices de inequidad. El anterior gobierno intentó legalizar este estado de cosas por medio de la captura del Incoder, del Registro Catastral y de las notarías por los nuevos y violentos propietarios. Por ello se requiere devolver la película de la propiedad 20 años y hacer que los cambios más protuberantes sean validados por los propietarios: que la prueba corra por su cuenta.

Existen en Colombia 21,5 millones de hectáreas con uso potencial agrícola, pero sólo 5 millones se dedican a los cultivos, mientras que en el resto pastorea la ganadería. ¿Cómo hacer para que la tierra se utilice mejor? Una medida obvia es la restitución de al menos 2 millones de hectáreas a los desplazados, aproximadamente la mitad de la magnitud del despojo. Otra es repartir 530.000 hectáreas en cabeza del Departamento Nacional de Estupefacientes, muchas de las cuales venían siendo administradas por los testaferros de los “expropiados”. Otra más es un impuesto predial más justo y mejor cobrado en todo el país, que inducirá a muchos propietarios a vender o arrendar sus tierras, incentivando su mejor uso. Habrá también una mejor gobernanza municipal.

A la ley de tierras se le está sumando una legislación de protección de víctimas que podría afirmar la voluntad política del gobierno y de varios partidos para entrar a resolver la deuda moral que tiene el Estado frente a los damnificados del conflicto.

Es conocida la feroz reacción de los violentos propietarios frente a las víctimas que se atreven a demandar la restitución, de tal modo que se requiere que las fuerzas de seguridad entren a proteger a los que poco han recibido su colaboración para defender sus legítimos derechos de propiedad. Mientras en el campo primen los criminales y los señores de la guerra, no habrá seguridad de los derechos de propiedad y va a ser muy difícil desatar procesos sostenidos de crecimiento económico.

La sola ley de víctimas requerirá de un gasto de $4 billones anuales, 0,8% del PIB, mientras que los planes del Ministerio de Agricultura exigen otro esfuerzo fiscal adicional, en momentos en que hay un enorme déficit del gobierno central.

Durante el siglo XX los países que hicieron reformas agrarias integrales, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, obtuvieron sostenidos procesos de crecimiento económico que podríamos replicar de alguna manera. Es que la barbarie en el campo colombiano ha sido una de las causas de nuestro ancestral atraso económico.

Quiero cerrar entonces con una nota optimista: si la insurgencia es derrotada y se hace reforma agraria, Colombia podrá entrar al territorio de la anhelada paz y contará, además, con las bases de un profundo desarrollo económico.

 

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