Noticias de Las Deudas De Electricaribe
Así terminamos los colombianos pagando las deudas de Electricaribe
¿Por qué el Estado terminó pagando de su bolsillo $7,29 billones por los errores que se cometieron en la costa Caribe en la distribución de energía eléctrica? Aquí se lo contamos.
Luego de un pasado lleno de deudas, problemas en las redes, hurto de energía, politiquería y un sin fin de enredos para prestar el servicio de energía en la costa caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa a finales de 2016.
En marzo de 2017, sin llegar a ningún acuerdo para resolver los problemas y Electricaribe pudiera seguir en el negocio, la Superintendencia tomó la decisión de sacarlos por completo del mercado y liquidar la empresa. Una medida polémica pues el "chicharrón" que era resolver el problema de la energía en esta zona del país, recayó en las manos del Estado.
Durante dos años, el país tuvo que costear el servicio de energía de más de 10 millones de habitantes de su propio bolsillo. Pues, además de tener que pagar la energía, el gobierno subsidia a más de la mitad de los ciudadanos que reciben este servicio en la costa caribe.
Fueron dos años en los que los gobiernos de Juan Manuel Santos y luego el de Iván Duque sabían que tenían que devolverle el negocio a una empresa privada pues, costearlo de manera pública, era imposible. No había plata para tanto. Pero comprar semejante pozo negro, cuyas deudas eran del orden de los $5 billones de pesos, no era seductor para nadie.
El Gobierno Santos trató de buscar inversionistas extranjeros. Pero nadie quiso arriesgar tanta plata en un mercado tan incierto, y con las deudas que tenían. El cambio de gobierno le dio un nuevo aire al negocio, pero tampoco fue fácil encontrar inversores que se le midieran al reto.
Aliados con expertos en el mercado, la Superintendencia decidió separar en dos el negocio para hacerlo más atractivo. Así, se decidió que el suministro de energía en la costa sería por departamentos: una empresa trabajaría en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y la otra en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre.
Hasta ahí, la restructuración no tenía mayores líos. El problema es que, ni siquiera separando el mercado, el negocio resultó atractivo para los inversores. La única decisión que sí llamó la atención de los compradores fue la que tomó el Gobierno de vender el negocio de la energía eléctrica en el Caribe, pero sin ninguna deuda en materia pensional.
En palabras castizas, lo que esto significa es que el Estado asumió todas las responsabilidades en esta materia. Es decir, que de la plata de los impuestos de todos los colombianos se pagarán las pensiones de los millones de trabajadores que tenía Electricaribe. En total, la Contraloría asegura que son $2,48 billones de pesos.
Y, por haber tenido el negocio durante dos años sin encontrar a un inversionista que se hiciera cargo, el Estado invirtió $3,9 billones de pesos. Para un total, entre carga pensional e inversión, de $7,29 billones de pesos de plata de los contribuyentes.
Luego de un pasado lleno de deudas, problemas en las redes, hurto de energía, politiquería y un sin fin de enredos para prestar el servicio de energía en la costa caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa a finales de 2016.
En marzo de 2017, sin llegar a ningún acuerdo para resolver los problemas y Electricaribe pudiera seguir en el negocio, la Superintendencia tomó la decisión de sacarlos por completo del mercado y liquidar la empresa. Una medida polémica pues el "chicharrón" que era resolver el problema de la energía en esta zona del país, recayó en las manos del Estado.
Durante dos años, el país tuvo que costear el servicio de energía de más de 10 millones de habitantes de su propio bolsillo. Pues, además de tener que pagar la energía, el gobierno subsidia a más de la mitad de los ciudadanos que reciben este servicio en la costa caribe.
Fueron dos años en los que los gobiernos de Juan Manuel Santos y luego el de Iván Duque sabían que tenían que devolverle el negocio a una empresa privada pues, costearlo de manera pública, era imposible. No había plata para tanto. Pero comprar semejante pozo negro, cuyas deudas eran del orden de los $5 billones de pesos, no era seductor para nadie.
El Gobierno Santos trató de buscar inversionistas extranjeros. Pero nadie quiso arriesgar tanta plata en un mercado tan incierto, y con las deudas que tenían. El cambio de gobierno le dio un nuevo aire al negocio, pero tampoco fue fácil encontrar inversores que se le midieran al reto.
Aliados con expertos en el mercado, la Superintendencia decidió separar en dos el negocio para hacerlo más atractivo. Así, se decidió que el suministro de energía en la costa sería por departamentos: una empresa trabajaría en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y la otra en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre.
Hasta ahí, la restructuración no tenía mayores líos. El problema es que, ni siquiera separando el mercado, el negocio resultó atractivo para los inversores. La única decisión que sí llamó la atención de los compradores fue la que tomó el Gobierno de vender el negocio de la energía eléctrica en el Caribe, pero sin ninguna deuda en materia pensional.
En palabras castizas, lo que esto significa es que el Estado asumió todas las responsabilidades en esta materia. Es decir, que de la plata de los impuestos de todos los colombianos se pagarán las pensiones de los millones de trabajadores que tenía Electricaribe. En total, la Contraloría asegura que son $2,48 billones de pesos.
Y, por haber tenido el negocio durante dos años sin encontrar a un inversionista que se hiciera cargo, el Estado invirtió $3,9 billones de pesos. Para un total, entre carga pensional e inversión, de $7,29 billones de pesos de plata de los contribuyentes.