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El fragor de la guerra ha silenciado durante años la riqueza productiva, cultural y ambiental del Catatumbo. Para el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, esa narrativa ha invisibilizado su verdadero potencial.
Desde su municipio —uno de los que ha recibido más población desplazada por la guerra que libran el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC— observa un escenario donde se hacen evidentes las limitaciones de la respuesta institucional.
En entrevista con este diario, y en el marco de un foro de tres días en el que se discutió cómo cerrar la brecha entre el Estado y la periferia -organizado por la Fundación Acordemos y El Espectador en Honda (Tolima)-, el mandatario local señaló que el problema no es solo la persistencia del conflicto, sino el enfoque asistencial y de corto plazo del Estado.
Cañizares advierte que el centralismo ha frenado inversiones estructurales en desarrollo económico, infraestructura y educación, que podrían traducirse en una disminusión de la guerra.
Ha pasado un año de la peor crisis humanitaria que ha vivido el país en 20 años. ¿Cuál es la capacidad de Ocaña hoy para atender a los desplazados?
Activamos todos los mecanismos de la Ley de Víctimas e inmediatamente le demostramos al Gobierno Nacional y departamental que nosotros, como primeros respondientes, no éramos capaces. Solicitamos la aplicación del principio de subsidiariedad que tiene que ver con que el departamento ingrese y la Nación. Eso se cumplió. Pero yo digo que sacamos adelante con éxito porque hay que reconocer que el trabajo de la Iglesia y la solidaridad del sector privado es impresionante. Pero no podemos quedarnos en la atención; ahí es donde hay problemas. Todos los gobiernos han sido muy buenos ahí, pero no en lo estructural. Y no podemos quedarnos solamente en el asistencialismo.
Esto no se resuelve con un mercado. Esto es un tema estructural que tiene que ver con temas de pertenencia a la inversión pública.
En la región, por ejemplo no se tiene garantizado el servicio de educación. Yo siento que hay una academia que aún no está conectada con el mercado. Es urgente y necesario que la educación técnica, tecnológica y superior esté más conectada con la vocación del territorio. Yo creo que la educación debe ser el principal motor que transforma un territorio como el nuestro. A eso hay que apostarle.
Y lo otro, yo siempre he reiterado que el problema de este país no es tanto de la ausencia de recursos. El problema de este país es la falta de pertinencia en la inversión pública.
¿Por qué cree que no se ha podido contener la guerra en Catatumbo un año después?
El Catatumbo ha vivido en guerra durante muchos años. Primero fue la llegada paramilitar en su momento, luego en el 2018, hubo una confrontación muy fuerte entre lo que quedaba del EPL y el ELN.
Este nuevo caso de violenica se advirtió con tiempo. Hay alertas tempranas de la Defensoría, con la diócesis se hizo un trabajo y nosotros como alcaldes enviamos unos documentos. Se ha venido advirtiendo desde hace ocho meses que podría haber una confrontación entre estos grupos al margen de la ley.
Pero mientras en Catatumbo no se desmonten las economías ilegales, difícilmente podremos avanzar. Yo he tenido la oportunidad de estar desde hace 20 años en este proceso y todos los gobiernos han respondido inicialmente con la ayuda humanitaria. Pero desafortunadamente, en tantos años, no hemos resuelto los problemas estructurales del territorio. Hay que reconocer que la Conmoción Interior y ahorita el Pacto Catatumbo ya han definido unas inversiones que le pegan a lo estructural.
Por ejemplo, el hecho que tengamos en Ocaña una inversión en infraestructura para que el servicio de salud tenga mediana y alta complejidad. Es incoherente que nosotros sigamos enviando pacientes a cualquier UCI donde haya una cama disponible, cuando en nuestro territorio hay un problema como el de los accidentes de tránsito, que es un problema de salud pública.
Yo creo que hay unos problemas estructurales que, históricamente, ningún gobierno ha podido resolver. Y eso es lo que hace y persiste de que haya un caldo de cultivo para que el conflicto exista.
¿Y qué cree que es lo primero que debería hacerse para resolver esos problemas estructurales de la región?
Lo primero es fortalecer la economía legal. No se habla de que nosotros hoy somos una de las regiones mayores productoras de café, maíz, cacao y tenemos 17 sistemas productivos de ciclo corto, sin hablar del tema de la palma de Sardinata y Tibú.
Los gobiernos deberían potenciar mucho más incluso la producción de aguacate y otros cultivos, el desarrollo agrícola, los bienes y servicios ambientales. La región tiene 5.500 kilómetros de red terciaria. Y llevamos años haciendo mantenimientos periódicos.
Es urgente que estas vías terciarias tengan placas huellas en sitios críticos y tengan, desde luego, obras de infraestructura que permitan que un mantenimiento periódico dure en el tiempo. Desde el Estado, en sus tres niveles, nos las pasamos apagando el incendio del día, no con inversiones que resuelvan problemas estructurales.
Ese es el tema en el cual hay que concentrarnos y esta región tiene una potencialidad inmensa. Suelo desde 50 a 100 metros, 3.400 sobre el nivel del mar, todos los pisos térmicos, unas condiciones ideales y una cultura de campesinos de producir alimentos que no es común en Colombia.
Entonces, ¿lo que pasa hoy en Catatumbo tiene que ver con un centralismo histórico?
Total. Yo insisto en que la solución a los problemas, no solamente del Catatumbo, del Cauca, de Caquetá, del Chocó, etcétera, debe comenzar por generar capacidades en los territorios. Los primeros niveles de gobierno en los municipios colombianos somos muy débiles, categorías cuarta, quinta y sexta. En cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de centro en Colombia, sigue siendo un periplo bajar un recurso de nivel central. Es un desgaste tremendo.
Uno se gasta tres, cuatro meses, cinco meses estructurando un proyecto, un año haciendo la gestión, un año para que se contraten y seis meses en la ejecución de obras si no se presenta ningún inconveniente. Es muy lento. Hoy en día debe cumplirse lo que previó la Constitución Política, que dijo que de los ingresos corrientes de la nación, el 46 %, 48 % tiene que girarse a las entidades territoriales. Estamos en el 23 %.
Por eso es tan importante la reforma del nuevo sistema de participaciones, pero tiene que hacerse gradual y de acuerdo a la vocación de los territorios y las capacidades. Hay que dotar a los municipios colombianos de capacidades y hay que pensar en que la inversión del Gobierno Nacional, el próximo Plan de Desarrollo, debería hacerse en los presupuestos regionales. Una región como el Catatumbo, por ejemplo, tiene todo para ser un destino turístico de Colombia.
¿Cuáles son esas características del Catatumbo que lo hacen un destino turístico potencial?
Varios. Un fenómeno que es único en el mundo llamado el Rayo del Catatumbo -también conocido como el Faro de Maracaibo- (un fenómeno natural que produce un resplandor en el cielo debido a los rayos constantes). Tenemos dos municipios de interés, bienes culturales de la Nación, que son La Playa y El Carmen. También está Ocaña, una ciudad de 455 años. Toda la riqueza cultural, arquitectónica. En las festividades de fin y de comienzo de año, Ocaña fue visitado por más de 90.000 personas.
Es decir, yo creo que lo que tiene el territorio es inmensamente grande para que solo sean noticia los grupos al margen de la ley. Es triste eso.
Ha señalado que las comunidades tienen que estar incluidas en los distintos procesos que adelanta el Gobierno Nacional en el territorio. La apuesta de la paz total se planteó precisamente con el fin de territorializar las negociaciones con los grupos armados. ¿Se ha logrado ese objetivo en Catatumbo?
A pesar de que la Ley de Paz Total tenía una figura que eran las regiones de paz, nosotros como alcaldes y alcaldesas, antes de posesionarnos, le planteamos al presidente de la República y al comisionado consejero de Paz escoja esta región como la primera región de paz. ¿Por qué razón? Lo que dice el artículo 8b de esa ley es clarito, es como si estuviera describiendo la situación del Catatumbo.
Yo creo que ha faltado eficiencia en esos procesos. Si uno mira atrás, los acuerdos siempre se han concentrado en la negociación de un gobierno, cualquiera que sea, y un actor armado; negociaciones, algunas realizadas fuera del país, pero nunca se le ha dado la importancia a la sociedad civil.
Los muertos del Catatumbo no son extranjeros. En su mayoría son campesinos y campesinas. Y qué triste que la mayoría de muertes en un conflicto armado como el que existe sean de jóvenes. Eso es doloroso. Y ahí es donde uno dice que cualquier proceso de negociación debe tener como eje principal a la sociedad civil.
Y lo otro, un acuerdo de paz tiene que prever un tema de reparación ambiental. El daño que le ha hecho el conflicto al ambiente en todos los territorios, ni hablar de la minería -y obviamente procesos como el de los cultivos de uso ilícito- es tremendo.
El costo ambiental es muy alto y debería existir en un acuerdo de paz un presupuesto especial para esa reparación ambiental, porque si fuéramos coherentes, el Catatumbo hoy estuviera viviendo del turismo, de la venta de servicios ambientales y el activo más importante debería ser la Serranía de los Motilones que tienen más de 550 mil hectáreas.
¿Qué ha pasado con el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos?
Yo insisto en que todas las estrategias que han intentado los diferentes gobiernos en materia de sustitución han fracasado. Mi opinión, como persona conocedora del sector agropecuario, es que hay que comenzar de una manera diferente a como lo han intentado los gobiernos.
Lo primero que hay que hacer en un programa de sustitución es privilegiar a los productores de cebolla, café, cacao, los que están dedicados a cultivos de ciclo cortos. Es decir, privilegio primero atendiendo y que le llegue toda la oferta del Estado en saneamiento básico, en acceso al crédito, en saneamiento predial a las comunidades rurales que han resistido y que están en la legalidad. Cuando eso ocurra se va a enviar un mensaje muy importante y es que el Estado le está llegando primero a esa familia.
El segundo elemento que hay que corregir es que no se puede pretender que un programa de sustitución esté directamente relacionado con un tema de asistencialismo, de pago por hectárea. Eso lo demuestra el hecho de que una vez se anunció que iba a haber pago por hectárea, automáticamente se sembraron más areas.
Cualquier programa de sustitución, lo primero que debe prever es un desarrollo rural integral: vías en buen estado, 5.500 kilómetros de vías terciarias en la subregión del Catatumbo. En los municipios solo tenemos recursos para hacer mantenimientos periódicos. Eso dura seis aguaceros. Eso no lo resuelve.