Por primera vez, sociedad civil presenta sus propuestas ante líderes en la Cumbre Celac-UE

El Foro Sociedad Civil ALC–UE reunió a más de 1.500 representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales.

Foto: La Red Nacional de Mujeres

“La sociedad civil no pide espacio: ya lo ocupa, lo construye y lo defiende”. Esa frase –con la que cierra la declaración final que resultó del Foro de Sociedad Civil ALC–UE realizado en el marco de la Cumbre Celac-UE– se alza como lema. En el encuentro, que se desarrolló los días 7 y 8 de noviembre en Santa Marta, participaron sindicatos, redes, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, colectivos LGTBIQ+ y juventudes de ambas regiones, que llevaron propuestas sobre justicia climática, equidad de género, derechos humanos y participación ciudadana.

La declaración consta de 10 puntos e insiste en que la participación de la sociedad civil debe ser significativa y que la cooperación birregional tienen que poner en el centro a las comunidades históricamente excluidas: poblaciones rurales, migrantes, afrodescendientes y personas con discapacidad, entre otras. La apuesta, dicen, es por una relación realmente democrática y sostenible entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Durante la instalación del foro, la canciller Rosa Villavicencio fue enfática en la importancia de estas conversaciones.“La política exterior no puede ser un ejercicio de élites. Debe abrirse a las voces que vienen de todos los sectores: de las mujeres que cuidan la vida, de los pueblos que defienden sus ríos y ecosistemas, de los jóvenes que imaginan un futuro sostenible”, señaló frente a un auditorio en el hotel Irotama.

“Nada sobre sociedad civil sin la sociedad civil”

Es la primera vez que la sociedad civil logra que sus conclusiones se presenten directamente ante los jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Para Inma Alonso Delgado, responsable de relaciones UE-América Latina y el Caribe y de financiación para el desarrollo en La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (España), ese logro no solo visibiliza su participación, sino que sienta un precendente para que sea tenida en cuenta de forma permanente.

“Nada sobre la sociedad civil sin la sociedad civil, que tiene conocimientos, experiencias y saberes, que puede y debe trasladar a la política pública. Y queremos estar ahí, por eso otra demanda que hemos traído a este foro es que demandamos la creación de un mecanismo multiactor birregional”, señala Alonso.

Esta dinámica subraya un reto clave, el de equilibrar las presiones políticas y económicas con las demandas sociales y ambientales, que para los representantes de las organizaciones civiles que participaron en el encuentro deben ser la brújula de la Hoja de Ruta 2025-2027, uno de los resultados de la reunión de jefes de estado de América Latina, el Caribe y la Unión European y a la que esperan hacerle seguimiento.

“Nos preguntan cómo hacer que lo que se decideen política perdure y creo que no es posible si no hay una participación. No sé si la palabra existe, un empape, un empapamiento de la sociedad porque es lo único que permite que lo que se decide en política exterior sobreviva a los ciclos de gobierno”, dijo durante el foro el Viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo.

Aún en medio de la inclusión directa de las organizaciones sociales, académicas y culturales -que parece evidenciar un giro en el diálogo birregional- persiste la preocupación de que el papel de la sociedad civil sea reducido al de espectador. “Que tengamos voz propia. Ese es el gran reto, creemos, de la cumbre, en la que sabemos que, bien hay toda una negociación geopolítica y económica, esos procesos nos impactan directamente a todos y a todas en nuestros países”, explica Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia.

Financiamiento y deuda: retos que atraviesan la discusión

A la cita de Santa Marta, la sociedad civil llegó con un nivel de articulación distinto, señalan las voceras Sánchez y Alonso. Hubo mayor organización y trabajo conjunto previo, con puntos de encuentro en ambos bloques. Un tema que atraviesa esas discusiones es la preocupación por el financiamiento y la deuda.

“Esas dos componentes cruzan toda nuestra discusión en torno a ver cómo fortalecer el rol de la sociedad civil, no solamente como un beneficiario, sino como un actor con el cual se dialoga, se generan aprendizajes y que puede participar prioritariamente en el seguimiento y monitoreo de cómo se están haciendo las cosas para que a todos y todas lleguen”, señala Sánchez.

Durante el encuentro, las organizaciones insistieron en que uno de los retos urgentes es cambiar las reglas del financiamiento internacional. La carga de la deuda y las condiciones actuales de acceso a recursos reducen el margen de los Estados para sostener políticas públicas y garantizar derechos.

En el comunicado del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil se plantea la necesidad de “transformar la arquitectura financiera internacional para avanzar hacia nuevos escenarios de cooperación birregional y modelos de financiación e inversiones que fortalezcan el espacio fiscal y reduzcan la carga de la deuda, así como regular la inversión privada (especialmente la Agenda de Inversiones Global Gateway) para que esté orientada a la reducción de las desigualdades y no a intereses comerciales, energéticos o geopolíticos”.

La declaración final también recoge esa preocupación. En el documento, la sociedad civil pide que se garantice financiamiento directo, accesible y sostenible para las comunidades y sus organizaciones; que se protejan los territorios frente a los impactos de la crisis climática; que se fortalezcan los sistemas locales de gestión del riesgo; y que se asegure el acceso a la tierra y al agua, con apoyo específico para mujeres y juventudes rurales, comunidades campesinas e indígenas, y personas con discapacidad.

Una mirada puesta en los derechos humanos para la transición energética

La Unión Europea depende en gran medida de minerales y recursos estratégicos provenientes de América Latina para la transición energética que busca. De los 34 minerales que la UE considera indispensables para avanzar hacia la transición ecológica, 25 provienen de países del sur global.

La pregunta de fondo, para la sociedad civil, es cómo se avanza en ese proceso sin reproducir dinámicas extractivas que afectan territorios indígenas y campesinos. Tania Sánchez reconoce que “no se puede negar que es necesario que haya desarrollo, que para eso se necesitan ciertos tipos de materias primas”. Pero señala que el debate está en cómo se extraen esos recursos y qué impactos generan en los territorios y las comunidades que los habitan.

Durante el foro se mencionó el caso del litio en Bolivia. Frente a ello hay un debate sobre si las comunidades podrían obtener ingresos similares o superiores promoviendo modelos como el turismo comunitario.

El reto es claro para Sánchez: “cómo se hace el menor daño para que haya un beneficio mayor para todos y todas. De ahí es que es importante, nuevamente, que haya este mecanismo multiactor de seguimiento, de acompañamiento y que no se enmascaren posibles transgresiones a los derechos humanos y no solamente de las personas, sino de la madre naturaleza”.

El debate también pasa por cómo se construye una relación que sea beneficiosa para ambas regiones. El eurodiputado y copresidente de Eurolat, Gabriel Mato dijo a este diario que los acuerdos que impulsa la Unión Europea con América Latina buscan combinar la transición energética con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

“Estamos hablando de materias críticas, pero también de otros asuntos que están sobre la mesa en acuerdos como el de Mercosur y en los renovados con Chile y México. En todos ellos se contempla el respeto total a los derechos indígenas. Y eso es completamente compatible con avanzar en una transición energética. Nuestros acuerdos van mucho más allá de lo comercial: incluyen compromisos en derechos humanos, aspectos sociales y políticos. Son acuerdos pensados para que ambas partes se beneficien”, explicó Mato.

Un llamado a un pacto birregional por los cuidados

Para la sociedad civil, uno de los puntos centrales en la relación birregional es avanzar hacia un pacto por los cuidados. “Saludamos como punto de partida en el camino hacia esa igualdad sustantiva la adopción del Pacto Birregional por los Cuidados, y demandamos el reconocimiento del cuidado como derecho humano, bien público global y pilar del bienestar”, se lee en la declaración final.

El Grupo de Sociedad Civil propone reconocer el cuidado como un derecho humano y transformar el modelo actual, que recae de manera desigual sobre las mujeres, especialmente las mujeres pobres, indígenas, racializadas, migrantes y cuidadoras no remuneradas. El llamado es a que los Estados asuman esta responsabilidad y lo incluyan como eje de política pública, no como tarea privada o familiar.

Inma Alonso explica que “se trata de poner en el centro de la política pública la sociedad del cuidado y el cuidado como un derecho humano”. Hablar de cuidados atraviesa políticas laborales, salud, educación, migración y cooperación internacional. Existen cadenas globales de cuidado en las que mujeres migran para cuidar en otros países, mientras otras —generalmente más precarizadas— quedan a cargo del cuidado en sus comunidades de origen.

“Deben cambiar las relaciones de poder inequitativas en torno a los cuidados. El trabajo doméstico no remunerado, la expropiación de la fuerza de trabajo de más de la mitad de la población, no está reconocido ni se traduce en nada”, agrega.

Todavía falta una participación real

Aunque en el discurso de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, señaló que el “Foro no es un evento paralelo, es el alma de la Cumbre”, la sociedad civil espera que en algún momento pueda ser un espacio independiente.

“Para que la participación sea real, este foro debería ser autónomo”, plantea alonso.

Por ahora la expectativa, dicen, es que la declaración conjunta y la hoja de ruta que surjan de la cumbre estén orientadas por los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. Pero saben que ese camino no será sencillo: los Estados enfrentan presiones económicas, disputas geopolíticas y modelos extractivos. Y en ese escenario, la sociedad civil- como explican las voceras del foro– seguirá incomodando.