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Desde 2020, Colombia no ha logrado cumplir el 30 % de sus metas de entrada de energía al sistema eléctrico nacional. El año pasado, por ejemplo, el país esperaba la entrada en operación de 5.720 megavatios (MW), pero solo se logró poner en marcha 1.447 MW, es decir, solo el 25,29 % de las proyecciones con las que contaba el operador del mercado de energía, XM. En lo que va corrido de 2025, el panorama resulta aún más preocupante, pues con corte al 5 de noviembre, ha entrado en funcionamiento el 8,5 % de la capacidad esperada para el año, que son 3.517 MW.
A esto se suma, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), que “hay un rezago importante en la entrada en operación de proyectos de transmisión de energía eléctrica, a través de los cuales se transporta la energía desde las centrales de generación”. La información pública de XM indica que los retrasos son de hasta 13 años en proyectos de transmisión nacional y de hasta 11 años en proyectos de transmisión regional.
Los retrasos se han hecho evidentes, particularmente en los proyectos de energía renovable. “Los principales cuellos de botella son la capacidad operativa institucional, ya que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) no están cumpliendo los tiempos de ley para la emisión de los permisos ambientales; las consultas previas, que son un desafío crítico, especialmente en La Guajira; la subjetividad técnica, pues persiste una alta discrecionalidad en los evaluadores, lo que genera reprocesos interminables por temas de forma y no de fondo, y los procesos lentos de sustracción de reserva forestal, que consisten en la autorización de intervenir un área protegida”, señala Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen.
Además de las demoras en trámites como el licenciamiento ambiental, se presentan conflictos sociales en los territorios y dificultades en los procesos de consulta previa, que hacen parte de las barreras que componen esta problemática.
La incertidumbre de los proyectos de energía
El desarrollo de proyectos de energía renovable en Colombia, de acuerdo con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), está demorando un mínimo de 2,9 años y un máximo de 5,7 años. Estos cálculos se hacen tomando en cuenta todas las fases del proyecto, desde los permisos que debe otorgar la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), hasta la construcción y la etapa de pruebas de los sistemas de generación.
Antes de la fase de construcción, los dos procesos que más tiempo suelen tomar son los de licenciamiento ambiental y la gestión predial para los proyectos. Estos están directamente relacionados con el proceso de consulta previa, un trámite que establece la ley colombiana para que, quienes van a desarrollar proyectos, acuerden con las comunidades que se encuentran en su área de influencia la forma en la que van a compensar los impactos sociales, ambientales y económicos que puedan tener los proyectos.
Pero este no es el único obstáculo que se presenta en el licenciamiento. De acuerdo con Gutiérrez, “hoy la norma ambiental mide con las mismas normas a un parque solar que a una mina a cielo abierto, cuando sus impactos son totalmente distintos. Necesitamos reglas que entiendan la diferencia de los proyectos.
A estos cuellos de botella en la construcción de nuevos proyectos de energía renovable, a los que el Gobierno le ha apostado para la transición energética, “se suma que las señales de política pública para incentivar nuevas inversiones han sido débiles, e incluso contradictorias. El discurso oficial ha desincentivado el desarrollo de más plantas térmicas e hidráulicas, precisamente las que han garantizado que el país no se apague en los últimos 30 años”, señala Acolgen.
Esto, de acuerdo con la presidenta de la Asociación, es crítico, porque “si los proyectos no entran a tiempo, corremos el riesgo de que el sistema pierda capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda, lo cual termina presionando los balances de energía, que ya están en déficit”.
Las acciones que se necesitan desde el Estado
En medio de este escenario de incertidumbre, han surgido ideas desde el Gobierno como la de reformar la ley de servicios públicos, con el fin de cumplir la tarea de reducir las tarifas de energía eléctrica en los hogares, “aun a pesar de voces de expertos, que consideran que las propuestas que contiene el Proyecto van en contravía de sus propósitos”, asegura Acolgen.
“El país necesita inversión, más energía, empresas que sean respetuosas con las comunidades y con los temas ambientales. Las empresas deben tender puentes de diálogo, comunicación y respeto en todos los lugares donde hacen presencia”, explica Isagen sobre el rol que pueden tener las empresas en este contexto.
No se puede perder de vista, dice Gutiérrez, que hay un rol crucial del Estado que no se ha cumplido en muchos territorios en donde hoy se quieren hacer proyectos de energía. “En muchas regiones de Colombia faltan servicios básicos como agua, luz, escuelas y vías. Como el Estado no llega, las comunidades ven en las empresas su única oportunidad para resolver décadas de abandono. Las empresas hacen su parte, pero no puede reemplazar ni asumir las responsabilidades del Estado”, dice Gutiérrez.
Frente a esto, añade, “Se necesitan soluciones estructurales y realistas. Desde Acolgen hemos insistido en una hoja de ruta clara que incluye, primero, fortalecer a las autoridades ambientales y la dirección de consulta previa para que tengan el personal técnico necesario y puedan cumplir los tiempos de ley. Segundo, necesitamos protocolos unificados para que los trámites no dependan de la subjetividad del evaluador y tengan fechas ciertas”. Finalmente, asegura, se necesita de una presencia real y efectiva del Gobierno en las regiones para que tanto las comunidades como las empresas tengan las garantías dentro del desarrollo de los proyectos de energía que necesita el país.