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Han sido años paradójicos para el sistema energético en Colombia. En 2020, el país tenía una capacidad instalada de energía solar que no superaba los 200 megavatios (MW) y hoy, de acuerdo con las cifras del Gobierno, ya hay 3.000 MW en operación o en las pruebas finales para estarlo. Mientras tanto, ninguno de los proyectos de energía eólica que se esperaban durante los últimos cinco años ha podido entrar en operación, debido a demoras en los procesos de licenciamiento ambiental y conflictos sociales entre las comunidades y las empresas en La Guajira, donde se encuentra el mayor potencial de este tipo de energía.
Además, durante 2024, el sistema energético colombiano enfrentó una vez más un fenómeno de El Niño, caracterizado por una reducción drástica en las lluvias, algo que impacta la generación hidroeléctrica, que es la fuente principal del país. El sistema demostró, como lo ha hecho durante los últimos 30 años, que es robusto y que tiene una importante capacidad para enfrentar estas coyunturas.
Sin embargo, el período de sequía también mostró algunas fisuras que preocupan. La demanda de energía en el país está creciendo a un ritmo mayor del que crece la oferta. Según las proyecciones de XM, el operador del sistema, estamos ante un escenario en el que, para 2027, el déficit de energía superaría el 3 %, haciendo más vulnerable al país ante fenómenos meteorológicos como El Niño.
En medio de este panorama, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) habla sobre las prioridades que debería tener el próximo Gobierno para atender los retos que enfrenta el sistema. Además, reconoce cuáles son las políticas que sí están funcionando y que deberían continuar, sin importar quién ocupe el palacio presidencial en 2026. El camino, asegura Gutiérrez, es sumar nuevos proyectos de energía, eliminar barreras regulatorias y recuperar la confianza de los inversionistas, con el fin de sostener un sistema que ha sido inquebrantable por tres décadas.
Teniendo en cuenta que se viene un año electoral, ¿Cuál es el panorama del sector energético en Colombia para lo que resta de este Gobierno y lo que recibiría el próximo?
El panorama es, sin duda alguna, crítico, pues los balances entre oferta de energía firme y demanda ya muestran números negativos, según las proyecciones oficiales de XM. Para 2025 el déficit se ubica en -1,6 %, y podría profundizarse a –2 % en 2026 y -3,5 % en 2027. A esto se suma una demanda creciendo al 2–3 % anual, lo que hace indispensable la entrada oportuna de nueva capacidad para preservar el equilibrio del sistema y su resiliencia frente a eventos climáticos.
A dicha situación se suma el hecho de que el país enfrenta retrasos estructurales en la puesta en operación de los proyectos de generación, como resultado de dificultades en el territorio, conflictividad social, trámites ambientales prolongados, consultas previas e inseguridad. Las cifras lo evidencian: en 2021 solo ingresó el 7 % de la energía esperada; en 2022, el 28 %; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %; y, en lo corrido de 2025, apenas el 8,5 %. Esta tendencia compromete la capacidad del sistema para responder a la creciente demanda y gestionar adecuadamente los riesgos.
El próximo Gobierno recibirá, por tanto, un sistema robusto, pero cada vez más estresado: con menor holgura para enfrentar sequías, con una cartera de proyectos que requiere acompañamiento institucional real para destrabarse en regiones, y con trámites que deben modernizarse para evitar mayores rezagos. La tarea será asegurar reglas claras, estabilidad regulatoria y procesos más eficientes que permitan acelerar la expansión y mantener la confianza inversionista.
En síntesis, puedo indicar que tenemos un sistema que ha demostrado fortaleza, pero que hoy opera bajo mayor presión y necesita decisiones de política pública que permitan avanzar en expansión, diversificación y certidumbre normativa.
¿Cuáles son los puntos críticos a los que debería darle prioridad el próximo Gobierno en materia energética? ¿Qué cambios deberían implementarse?
El próximo Gobierno deberá concentrarse en destrabar los proyectos que hoy frenan la expansión del sistema eléctrico. Lo más urgente es agilizar permisos, licencias y consultas previas, pues los tiempos actuales retrasan o frustran obras clave y elevan los riesgos ante sequías y eventos climáticos. Se requiere simplificar y digitalizar trámites y fortalecer las capacidades institucionales para procesos más ágiles y predecibles.
También es esencial recuperar la estabilidad regulatoria. La inversión en generación y transmisión depende de reglas claras y de largo plazo. La incertidumbre normativa encarece la financiación y aleja capital. Cualquier ajuste debe preservar la confianza, respetar contratos y mantener un regulador técnico e independiente.
Otro frente prioritario es avanzar en una matriz diversificada y balanceada —hidráulica, térmica, renovables y almacenamiento— que garantice seguridad energética y eficiencia a largo plazo. Esto debe ir acompañado de una expansión oportuna de la red de transmisión, hoy rezagada frente al ritmo de nuevos proyectos de generación.
Finalmente, el país debe asegurar nueva capacidad firme para atender la demanda creciente, con señales económicas adecuadas y mecanismos de confiabilidad que realmente incentiven inversión.
En síntesis: destrabar proyectos, estabilizar reglas y acelerar la expansión y el respaldo del sistema. Esa es la ruta para un sector competitivo, seguro y atractivo para la inversión.
¿Cree que ha habido algún acierto en el manejo de la política energética en los últimos años que deba mantenerse, sin importar quién esté en el próximo Gobierno?
Sí. A pesar de los cuestionamientos que hemos planteado, hay políticas que el país debería preservar y profundizar. Una es el impulso a soluciones solares distribuidas para usuarios vulnerables. Programas como Colombia Solar reemplazan subsidios de corto plazo por inversiones que reducen de manera sostenible las facturas y fortalecen la autonomía de hogares y pequeños negocios. Ese enfoque estructural debe mantenerse y mejorarse.
La otra es haber iniciado, de forma técnica y preliminar, la discusión sobre la energía nuclear como opción de largo plazo. No es una decisión tomada, pero sí un ejercicio de planeación que reconoce que, si Colombia quiere descarbonizar manteniendo firmeza y confiabilidad, debe evaluar todas las tecnologías con rigor.
Desde el sector generador, ambos frentes —soluciones solares bien diseñadas y una hoja de ruta técnica para estudiar la opción nuclear— son avances que deben trascender gobiernos. El reto es ejecutarlos mejor, con reglas claras, neutralidad tecnológica y una planeación que proteja la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal.
Más allá de los puntos críticos, ¿Qué rumbo cree que debería tomar el próximo Gobierno en la política energética a mediano y largo plazo?
Colombia necesita modernizar de fondo su mercado eléctrico para responder a una demanda creciente y a un sistema más complejo. Esto implica avanzar en discusiones ya planteadas —como los Mercados de Ajuste de Energía, los intradiarios y mejores incentivos para la contratación de mediano y largo plazo— para dar más flexibilidad y señales económicas más precisas. Y todo ello debe hacerse fortaleciendo, no desmontando, el esquema de confiabilidad que ha evitado apagones por más de 30 años.
El próximo Gobierno también debe migrar de una transición energética desordenada hacia una política de adición energética que valore todos los atributos y tecnologías. Hidráulica, térmica, renovables y almacenamiento son complementarias, y el país solo garantizará resiliencia si crecen de manera equilibrada.
Además, es indispensable incorporar tecnologías que ya son estándar en sistemas modernos: almacenamiento a gran escala, opciones nucleares avanzadas, microrreactores, medición inteligente, automatización, redes digitales y altos estándares de ciberseguridad. En síntesis, el rumbo debe ser un mercado más flexible, una matriz más diversificada y una política de innovación que permita anticipar —y no solo reaccionar— a los desafíos energéticos del futuro.
Un punto clave para impulsar el crecimiento energético es la confianza de los inversionistas. ¿Cómo puede recuperarse esa confianza pensando en el próximo período presidencial?
La recuperación de la confianza inversionista parte de un mensaje claro: Colombia debe volver a ofrecer estabilidad jurídica, regulatoria y contractual. Los proyectos energéticos requieren decisiones de largo plazo, y esas decisiones solo se toman cuando las reglas son predecibles, coherentes y respetan los marcos de mercado que han protegido al país durante décadas. A esto debe sumarse una modernización real de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, de manera que sean ágiles, técnicos y transparentes, evitando la incertidumbre que hoy retrasa la entrada de nueva capacidad.
Igualmente, se necesitan señales de política pública consistentes y sostenidas, que fortalezcan —y no erosionen— la institucionalidad técnica del sector. En particular, es fundamental blindar y robustecer a la CREG como regulador técnico e independiente, garantizando que sus decisiones continúen basadas en criterios técnicos y no en presiones coyunturales. La confianza no se decreta: se construye con diálogo permanente, participación informada de los gremios y de las empresas, y decisiones que reconozcan la importancia del sector privado en la expansión de la infraestructura energética. Si el país envía señales firmes de estabilidad y seriedad institucional, la inversión regresa naturalmente; si persisten la volatilidad y la improvisación, la inversión simplemente se desplaza hacia otros destinos.
Además de la Presidencia, también habrá cambio en el Congreso. ¿Qué iniciativas de ley espera que tengan espacio allí para impulsar el sector energético?
El relevo legislativo es una oportunidad para corregir el rumbo. Algunas iniciativas recientes, como el proyecto de tarifas del Ministerio de Minas o propuestas que alteran el cargo por confiabilidad, deben replantearse porque generan incertidumbre, distorsionan señales de inversión y pueden poner en riesgo la seguridad energética. El Congreso tiene la responsabilidad de evitar reformas que prometen alivios inmediatos, pero terminan afectando la sostenibilidad del sistema y, en última instancia, a los propios usuarios.
Como gremio estamos abiertos a un debate serio y técnico en el Legislativo, uno que respete lo construido y reconozca el éxito de un modelo que ha dado estabilidad por décadas. Las discusiones que sí deben avanzar son las que destraban cuellos de botella, fortalecen la infraestructura, impulsan la electrificación, modernizan el mercado y permiten una evolución ordenada del sistema.
Nuestro compromiso es ser un interlocutor riguroso y permanente para construir, junto al Congreso y al Gobierno, un marco normativo que asegure crecimiento, inversión y un suministro eléctrico competitivo y confiable para todos.