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Las mujeres que incansablemente buscan a más de 130.000 desaparecidos en Colombia tienen una Ley que las protege en sus luchas. Ellas, conocidas como “buscadoras”, vieron hace poco más de un año cómo el Estado saldó una deuda histórica y reconoció los caminos que han tenido que atravesar tratando de encontrar a sus seres queridos que un día salieron de casa y no volvieron. En su honor, el pasado 4 de abril de 2024 se aprobó la Ley de Mujeres Buscadoras que les garantiza protección constitucional y una vida digna.
Para poner en marcha esa Ley, recientemente se conoció un borrador de decreto que reglamenta la norma. Se trata de un documento conocido por El Espectador en el que se detallan, entre otros, los lineamientos para la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, un punto clave para reconocer a las mujeres que dedican su vida a esta lucha.
La desaparición forzada en el país es un fenómeno que ha atravesado todas las esferas sociales. Solo en el marco del conflicto armado, Colombia tiene más que el total de desaparecidos en dictaduras del cono sur. Mientras que en Argentina, Chile y Uruguay suman 33.592 víctimas de desaparición forzada, en Colombia se registraron 132.877.
En ese contexto, la Ley de Mujeres Buscadoras, que ahora espera reglamentar el gobierno, señala el impacto que ha tenido la desaparición forzada en las mujeres como víctimas directas e indirectas, las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales, económicas y en las variaciones en la estructura familiar, así como en la estigmatización, señalamiento y persecución por actores armados siendo también víctimas de otros hechos victimizantes.
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Para lograr el reconocimiento de todo lo anterior, uno de los pilares fundamentales de dicha Ley fue la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, una herramienta que, según el documento, estará bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas y permitirá acreditar las condiciones de las mujeres buscadoras para acceder a los derechos que dicta la Ley.
De esa manera, con ese registro, el Gobierno deberá garantizar que tengan vida digna, acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial. Según detalla el borrador de decreto que reglamenta la Ley, en un plazo máximo de seis meses, la Unidad de Víctimas deberá diseñar, administrar, operar y ponerlo en marcha.
Para la acreditación de las mujeres en este Registro se tendrán en cuenta criterios como ejercer como buscadora, haber llevado a cabo acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, haber buscado, buscar o llegar a buscar, haber realizado una búsqueda continua y que los hechos de desaparición estén enmarcados en el territorio nacional. Sin embargo, si la desaparición ocurrió en zonas fronterizas, también procederá la acreditación siempre y cuando los hechos se relacionen a las dinámicas de conflicto colombiano.
Asimismo, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se pondrá en marcha un instrumento para dicha acreditación.
El Registro también contará con una variable de temporalidad. Independientemente de que la mujer buscadora haya encontrado a su ser querido desaparecido, podrán continuar dentro de ese Registro. Además, no importará la fecha de inicio de las labores de búsqueda.
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“Para la inclusión en el Registro Único de Mujeres Buscadoras, las mujeres interesadas deberán solicitar su inscripción ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o ante los consulados de Colombia en el exterior (...) La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas podrá compartir, en el marco de sus competencias, información sobre mujeres que ejercen labores de búsqueda, con el fin de facilitar su contacto durante la construcción e implementación del Registro Único de Mujeres Buscadoras. En todo caso, la inclusión en el Registro requerirá la manifestación expresa de voluntad por parte de la mujer buscadora”, señala el documento.
El borrador de decreto, que estará para consulta hasta el próximo 19 de septiembre, también detalla los mecanismos y acciones para la prevención de violencias, protección y acceso a la justicia para las buscadoras. Desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior se impulsará la inclusión en la Política Pública Integral del Sistema Nacional de Búsqueda, de medidas específicas de prevención y protección de derechos orientadas a fortalecer condiciones para el acceso voluntario a la denuncia, la justicia, la investigación judicial y disciplinaria.
Dichas medidas aplicarán en casos de violencia sexual, afectaciones contra la libertad, la integridad física, la libertad de circulación, amenazas, hostigamientos, estigmatización, discriminación, intimidación, extorsión, violencias basadas en el género, violencia por prejuicio y otros delitos en los que puedan incurrir los servidores públicos y particulares respecto de los derechos de las mujeres buscadoras.
Asimismo, el Ministerio del Interior junto con la Unidad Nacional de Protección incluirá a las Mujeres Buscadoras como grupo poblacional beneficiario de medidas de protección.
Otro de los puntos clave será el acceso a información por parte de entidades del Estado. El documento detalla: “Las entidades del Estado brindarán a las mujeres buscadoras la información que dé cuenta de los avances, obstáculos y logros en la búsqueda de sus seres desaparecidos de forma rápida, oportuna y efectiva atendiendo los asuntos de fondo”.
En cuanto a la protección de sus derechos, el Estado tendrá que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a la salud integral, acceso a vivienda, acceso a tierra, acceso a la educación; derecho al trabajo, a los programas sociales, entre otros.
Mujeres buscadoras y acciones de paz
El borrador de decreto también incluye una sección sobre mecanismos y herramientas de fortalecimiento de la participación de las mujeres buscadoras en la construcción de paz.
En ese apartado el documento detalla que las buscadoras podrán participar en los espacios de diálogo para la paz. “El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y en articulación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, promoverá la participación de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en los espacios de diálogo, deliberación y construcción de paz”, se lee en el documento.
En ese contexto, el borrador del decreto también detalla la participación de las buscadoras en las mesas de diálogo que adelanta el gobierno del presidente Petro.
“El Presidente de la República podrá invitar, en instancias avanzadas de las Mesas de Diálogo, a mujeres buscadoras de personas desaparecidas, con el fin de recibir sus aportes, experiencias o propuestas relacionadas con las acciones humanitarias de búsqueda”, señala el borrador.