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Hace algunos días, el 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), subrayó la importancia del derecho al cuidado. “El cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal de la cual dependen la existencia de la vida humana y el funcionamiento de la vida en sociedad”, dijo en uno de sus apartados y resaltó que la distribución desigual de ese cuidado, hacia las niñas y mujeres, ha sido una forma estructural de discriminación.
Solo por dar una cifra, en América Latina, las mujeres realizan hasta tres veces más labores de cuidado no remuneradas (como limpiar la casa, criar o alimentar a otros) que los hombres. Un trabajo no reconocido que representaría entre un 20 o 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los países, que realizan en un 74 % mujeres.
Reconocer el cuidado como un derecho, según la Corte IDH, implica también la urgencia de transformarlo en una responsabilidad colectiva (de los Estados) y no en una carga individual que llevan a cuestas, y en silencio, niñas y mujeres.
La injusta sobrecarga y precarización del trabajo de cuidados (los peores pagos) está, además, limitando fuertemente la autonomía y desarrollo pleno de estas vidas y ciudadanías, que representan un poco más de la mitad de la sociedad.
Este asunto preeminente fue el centro de la discusión que tuvo lugar esta semana en Ciudad de México. Del 12 al 15 de agosto, en el histórico centro cultural universitario de Tlatelolco, se realizó la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organizada también por ONU Mujeres.
Sobre las conclusiones y controversias de este encuentro, El Espectador habló con Arlene Tickner, la primera Embajadora Itinerante para Asuntos de Género y Política Exterior Feminista, quien acompañó y asesoró la representación de Colombia en este foro, el más importante que existe en la región para marcar rutas de acción para combatir la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres.
¿Cuáles son los principales logros que se alcanzaron en esta conferencia regional?
Uno de esos es el compromiso colectivo por adoptar e implementar una sociedad de cuidados a diez años con miras a lograr una igualdad de género plena, por parte de los Estados miembros de la CEPAL (fijaron invertir, al menos, el 4,7 % del PIB en sistemas que garanticen el bienestar social). Así quedó consignado en el documento de Tlatelolco que firmaron 31 de 33 de estos países.
Otro logro es el documento de posición que se adoptó para la conferencia, porque establece hojas de rutas muy concretas para materializar esta sociedad de cuidado, con medidas y estrategias.
¿Cuáles fueron los llamados más claves?
Hubo un llamado a transversalizar el enfoque de género en los demás ámbitos de la política pública, como los escenarios de seguridad y paz. Así como se reconoció la multiplicidad de identidades y perspectivas que existen, como la necesidad de incorporar a mujeres indígenas, afro, con discapacidad, o rurales en los debates y políticas.
¿Se logró avanzar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos?
Sí, hubo un compromiso en avanzar en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, incluyendo el acceso al aborto seguro y oportuno. Es de resaltar que en una región tan polarizada como la nuestra se haya podido lograr ese consenso (en América Latina y el Caribe, hay países que penalizan el aborto en todas las circunstancias como son El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana). Bueno, ni Estados Unidos ni Argentina participaron en esta conferencia y quizás eso contribuyó a que no fuera tan difícil de alcanzar este resultado.
Asimismo, se reivindicó la opinión consultiva de la Corte IDH que reconoció hace poco el derecho cuidado autónomo, algo que posiciona a nuestra región a la vanguardia de este asunto en espacios multilaterales.
¿Qué se concretó sobre la financiación de esta agenda?
Aquí, además de invitar a una nueva arquitectura institucional internacional, se pensaron esquemas alternativos de financiación y de cooperación privada para sostener ese cambio de paradigma, sin que el cuidado se mercantilice. Esquemas como la cooperación Sur- Sur que Colombia está liderando.
¿Cómo es eso de que Colombia será la sede de la próxima conferencia regional de la mujer?
Sí, en el último punto del Compromiso de Tlatelolco, se estableció y agradeció la invitación de Colombia para ser el país sede de la próxima conferencia regional de la mujer en 2028. Una oferta que fue aprobada por consenso por parte de los países asistentes.
¿Cuáles son las principales deudas o temas pendientes tras la conferencia?
El documento, que se adoptó por consenso entre los Estados asistentes, fijó compromisos y líneas de acción progresistas en materia de igualdad de género, combate de las violencias basadas en género y cuidados. Y esto, en una región como la nuestra, caracterizada por retrocesos democráticos, es un logro.
Sin embargo, del compromiso al hecho, hay brechas significativas. Además de la continuada criminalización del aborto en algunos países, las altas tasas de violencias basadas en género, incluyendo el feminicidio y la trata de personas, siguen siendo deudas pendientes.
¿Cuál cree que es el principal desafío para materializar una sociedad de cuidado en la región?
Los desafíos financieros que enfrentan los gobiernos locales y nacionales de la región para materializar esta apuesta son inmensos, pero, a largo plazo, es un modelo garante de democracia, igualdad, justicia, desarrollo sostenible y crecimiento al que no se le puede dar más la espalda.
¿Por dónde avanzar entonces?
Se requiere un trabajo simultáneo para reformar la arquitectura internacional financiera, diseñar esquemas de alivio de deuda y adoptar métricas distintas al PIB para medir el crecimiento y determinar una mejor repartición de fondos decrecientes a esta agenda.
La conferencia regional es un espacio en donde organizaciones y mujeres feministas de nuestra región tienen una incidencia política muy importante. Sin su insistencia y resistencia a lo largo décadas, los gobiernos y Estados no habrían podido avanzar en esta línea. Este es un espacio en donde tienen voz y en donde participan con sus insumos en las decisiones que se adoptan.
Ya que menciona la participación e incidencia de organizaciones feministas, la conferencia no estuvo exenta de críticas y denuncias. El lunes, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, se realizó un foro alterno feminista, que representó a cerca de 300 mujeres feministas de once países de la región, que denunciaron su exclusión en el foro oficial.
Aseguraron que la convocatoria solo permitió la participación de organizaciones feministas que estuvieran a favor de la regulación del “trabajo sexual”. Por el contrario, para estas organizaciones, los Estados deben alejarse de esa visión y atender la salud integral de las niñas y mujeres sobrevivientes de prostitución, pornografía y otras formas de explotación sexual y reproductiva, así como garantizar su acceso a trabajo digno, vivienda y educación.
Eso dijeron en su declaración, que tuvieron que hacerla a las afueras del recinto, con parlante en mano, porque tampoco les permitieron leerla durante el espacio de declaraciones. ¿No cree que excluir estas voces es un mensaje arbitrario y contrario al espíritu de una conferencia como esta?
El tema de trabajo sexual es, de lejos, de los temas más sensibles y controversiales al interior mismo de los movimientos feministas y de mujeres, lo voy a dejar a un lado para hablar de la participación y voy a hacerlo más como analista que como diplomática. No está en el ADN de los Estados compartir el poder. En múltiples espacios internacionales se encuentran países que se oponen a que la sociedad civil pueda participar en estos debates multilaterales. En el caso de las conferencias de la mujer, este asunto ha sido una discusión airada, sobre todo dentro de las organizaciones feministas y de mujeres, y creo que estamos en proceso de lograr espacios de escucha genuina, de parte y parte. Lastimosamente, nunca van a quedar todas contentas.
Pero no solo fueron ellas, a las afueras del centro cultural también hicieron presencia colectivas de mujeres que denunciaron la desfinanciación o ausencia de políticas de atención a niñas y mujeres víctimas de feminicidio en México. ¿Cómo se puede entender su exclusión en este escenario?
Me parece muy bien que estas colectivas se expresen, así no hayan podido hacerlo en la conferencia. Una de las funciones primordiales de la sociedad civil, y de estas organizaciones de mujeres, es exigirle al Estado y a sus gobiernos estas rendiciones de cuentas. Celebro siempre la protesta social pacífica y tienen toda la razón. Desconozco las razones de la desfinanciación, pero sé que estamos en un contexto global de crisis financiera y desinversión generalizada en la agenda de igualdad de género, aunque no vemos el mismo racero para la guerra.
Por ejemplo, la decisión de Donald Trump de cerrar USAID ha derivado en nuestra región, sobre todo en Colombia, en una crisis de sostenimiento de muchas actividades relacionadas con igualdad de género y prevención de violencias basadas en género. Y eso no va a cambiar. Lo único que podemos hacer es pensar en esquemas alternativos de financiación. Tristemente, además, muchos otros gobiernos del norte, en Europa, están haciendo recortes similares en sus programas de cooperación internacional. Crímenes como el feminicidio o la trata de personas son fenómenos que no se priorizan en las agendas políticas, judiciales ni legislativas. Hay un trayecto muy largo para adoptar de forma comprensiva y eficaz estos fenómenos.
Esa es una de las grandes críticas que le hacen colectivas feministas a la presidenta Claudia Sheinbaum: “No, no llegamos todas, no hay una política efectiva y con presupuesto para contener la violencia feminicida que está matando a diario a niñas y mujeres en México”.
Y sí, tienen razón. Entendiendo que es un fenómeno complejo, de múltiples aristas y que necesita un cambio de paradigma cultural masculino no violento. Y no, no es solo México. En el mundo se están viendo comportamientos e identidades masculinas socializadas en el mundo digital muy violentas y masivas en comparación con generaciones de mujeres jóvenes feministas que presionan un cambio.
A propósito, ¿en qué va el protocolo de prevención del delito de trata de personas que ha estado trabajando?
La trata de personas es sin duda una de las prioridades que la Cancillería debe trabajar de forma más agresiva. Las herramientas de atención con un enfoque de género en las plantas de atención consular de Colombia en el mundo siguen siendo insuficientes. Es un proceso en curso y la idea es que Ciudad de México sea uno de los países pilotos en ese proceso de diseño. Esa es una primicia. Muchos consulados están reclamando ese acompañamiento.
Hablando de agendas de cambio, su trabajo como embajadora itinerante se articula con la Cancillería, pero también, especialmente, con el Ministerio de la Igualdad. Una cartera fuertemente criticada por su baja ejecución; por denuncias de acoso laboral y sexual, sin protocolos de atención de los casos; y por la salida constante de sus cabezas.
Eso sin mencionar la figura del recién posesionado ministro de la igualdad, Juan Carlos Florián, exactor porno, que a pesar de no haber hecho un tránsito identitario reconocido, está pidiendo que lo llamen en femenino como “ministra” y que defiende la reglamentación del “trabajo sexual” y la Dirección de Actividades Sexuales Pagas en esta entidad. Una dirección que ha distanciado y ofendido a varias colectivas feministas, que creen que este ministerio, en cambio, debería priorizar con presupuesto y atención integral a las víctimas de trata de personas en la prostitución, en aumento en el país. ¿Qué piensa usted de esto?
No estoy en condiciones de opinar sobre este ministerio, en donde no trabajo directamente. Por eso, no me siento autorizada para pronunciarme sobre eso.
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Si quiere opinar sobre este contenido y recibir o compartir más información, escríbame al correo de nherrera@elespectador.com (Natalia Herrera Durán).
