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En 2025, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia cumple 25 años de existencia. Desde su creación, esta dependencia del orden departamental ha tenido como mandato promover la igualdad de género a través de políticas públicas que incidan en la autonomía económica, la participación política, la seguridad y el reconocimiento del cuidado como un derecho. Su trabajo articula la Política Pública para las Mujeres, el Plan de Desarrollo de Antioquia y otros instrumentos normativos, con el propósito de garantizar los derechos constitucionales y legales de las mujeres, en un departamento marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales.
Uno de los ejes más recientes y ambiciosos de esta agenda es el Sistema del Cuidado de Antioquia. Con esta estrategia, la Gobernación del departamento busca transformar las condiciones que sostienen la sobrecarga histórica de las mujeres en las labores domésticas y de cuidado, y avanzar hacia una corresponsabilidad real entre el Estado, las comunidades, el sector privado y los hogares. Para lograrlo, se han puesto en marcha iniciativas como las Granjas del Cuidado, programas de empleabilidad con enfoque de género y acuerdos institucionales con los 124 municipios del departamento.
Además de esta apuesta estructural, la Secretaría ha fortalecido las respuestas institucionales para prevenir y atender las violencias basadas en género. Mecanismos como la Línea 123 Mujer, los Hogares de Protección, las Duplas Territoriales y las campañas de transformación cultural han permitido no solo ampliar la cobertura, sino también generar aprendizajes sobre cómo hacer más cercana y eficaz la protección de los derechos de las mujeres en contextos rurales y urbanos. En esta entrevista, El Espectador habló con Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres, sobre los avances, desafíos y lecciones aprendidas en este camino.
¿Qué significa transformar el cuidado en un bien público y cómo se ha venido implementando esa idea en Antioquia?
Transformar el cuidado en un bien público implica comprender que esta labor, históricamente asumida por mujeres de manera gratuita y solitaria, es esencial para la sostenibilidad de la vida, es un trabajo que debe ser reconocido y remunerado y además es un derecho emergente. Por eso debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, las comunidades y los hogares. Bajo esta premisa, el Sistema del Cuidado de Antioquia busca reorganizar la distribución social del cuidado, reducir la carga no remunerada que recae sobre las mujeres y reconocer este trabajo como un componente esencial para el sostenimiento de la vida.
Esta estrategia se estructura en cuatro pilares: infraestructura para el cuidado, redistribución del tiempo, transformación cultural y alianzas. En lo práctico, esto se traduce en iniciativas que permiten liberar tiempo para las mujeres cuidadoras, mejorar la oferta de servicios para poblaciones dependientes y generar corresponsabilidad en los territorios. El objetivo es claro: que las mujeres no tengan que elegir entre cuidar y ejercer sus derechos.
¿Cuáles han sido los principales retos en la implementación del Sistema en contextos rurales?
Uno de los principales desafíos es que el cuidado sigue siendo asumido como una carga individual, y casi siempre femenina. En las zonas rurales, esto se acentúa por la falta de infraestructura, conectividad, servicios de cuidado y acceso al empleo. Muchas mujeres cuidan a otras personas sin ningún tipo de apoyo, lo que limita su participación en la vida política, educativa y laboral.
También hemos identificado diferencias en el desarrollo de las granjas del cuidado: mientras algunas están consolidadas, otras enfrentan limitaciones en infraestructura, producción o comercialización. A esto se suma la necesidad de fortalecer capacidades de liderazgo, autonomía en la gestión y conexión con aliados estratégicos. En todos los casos, se requiere una articulación intersectorial que permita sostener estos procesos en el tiempo.
¿Cómo se está trabajando la sostenibilidad de esta estrategia en los municipios?
Desde la Secretaría, se busca que el Sistema del Cuidado se implemente bajo principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. Esto significa que cada municipio articula su oferta local con la departamental, con el acompañamiento de las autoridades de género, primeras damas o gestoras sociales. Se han definido arreglos institucionales para avanzar en los cuatro pilares del sistema, desde la transformación cultural hasta la oferta de servicios espejo para personas cuidadoras.
También se han desarrollado procesos formativos en alianza con instituciones locales, con el fin de fortalecer la autonomía económica, la participación política y el bienestar de las mujeres cuidadoras. La sostenibilidad depende de esa articulación constante y del reconocimiento del cuidado como un componente estructural del desarrollo social.
¿Qué lugar ocupa la autonomía económica en la agenda de género de la Secretaría?
La autonomía económica no es solo un derecho en sí mismo, sino una condición que habilita otros. Sin ingresos propios, muchas mujeres no pueden salir de contextos de violencia, participar políticamente o decidir sobre su proyecto de vida. Por eso, uno de los focos del trabajo de la Secretaría ha sido cerrar brechas en el acceso al empleo formal, especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, el 58,6 % de los hogares en Antioquia tienen jefatura femenina, y en el 15,5 % se trata de mujeres solas con hijos menores de edad. En regiones como Urabá, esta proporción es aún mayor. A partir de datos del DANE, se puede observar que la participación laboral femenina sigue siendo baja y las brechas entre hombres y mujeres permanecen. Para 2024, solo el 51,8 % de las mujeres en edad de trabajar buscaba o tenía un empleo remunerado, frente al 76,9 % de los hombres, lo que representa una brecha de más de 25 puntos porcentuales en el acceso al mercado laboral.
¿Qué estrategias han implementado para cerrar esa brecha?
Una de las más recientes es el programa de incentivos al empleo formal, que busca generar al menos 2.000 nuevos empleos para mujeres en situación de vulnerabilidad. La Gobernación invertirá más de 10.000 millones de pesos y cubrirá el 100 % del aporte a seguridad social mensual a cargo del empleador durante tres meses por cada mujer contratada formalmente.
Este programa prioriza a mujeres jefas de hogar, víctimas de violencia, madres adolescentes, migrantes, mayores de 40 años e indígenas. También se enfoca en regiones con brechas laborales profundas como Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá. Se trata de una estrategia articulada con el Sistema del Cuidado: mientras las mujeres acceden a empleo o formación, se garantiza que haya alguien que cuide a quienes dependen de ellas.
¿Qué rol juegan las alianzas con el sector privado?
Establecer alianzas estratégicas es clave para que el sector privado también asuma compromisos con la equidad de género. Por ejemplo, actualmente trabajamos con empresas como Inversiones Vaquita Express, donde se ha logrado vincular a mujeres como operadoras logísticas en esquemas laborales flexibles. Esto les permite equilibrar su vida laboral y familiar, y acceder a formación para el fortalecimiento de su autonomía económica.
Además, desde la Secretaría se lidera la “Alianza por el empleo de mujeres y jóvenes”, una estrategia para crear capacidades técnicas y socioemocionales, con el fin de facilitar la integración laboral y generar condiciones de permanencia en los empleos. Para fortalecer la autonomía económica se requieren cambios culturales, institucionales y empresariales que reconozcan las desigualdades de origen.
¿Qué impacto ha tenido la Línea 123 Mujer y cómo ha evolucionado su implementación?
La Línea 123 Mujer se ha consolidado como un mecanismo efectivo de atención, prevención y protección frente a las violencias basadas en género. Funciona 24/7 y opera en 124 de los 125 municipios de Antioquia y es atendida por un equipo interdisciplinario de psicólogas y abogadas con formación especializada en género.
Desde su creación, se han recibido más de 351.000 llamadas, de las cuales 162.000 corresponden a incidentes relacionados con violencias de género. Además, se han atendido más de mil casos clasificados como riesgo crítico de feminicidio y se han documentado 113 presuntos feminicidios. En muchos de estos, se ha hecho acompañamiento a las familias y se ha logrado incidir para que los delitos no sean tipificados erróneamente como homicidios comunes.
¿Cuál ha sido el aporte de las duplas territoriales en la atención a mujeres víctimas?
Las duplas (integradas por profesionales del derecho y del área psicosocial) permiten articular las rutas de atención en los municipios. Actúan como puente entre las mujeres y las instituciones, especialmente cuando hay fallas en la activación de rutas por parte de comisarías de familia u otras autoridades. También cumplen una función pedagógica: sensibilizan a funcionarias y funcionarios, refuerzan la presencia territorial cuando bajan las denuncias y fortalecen las capacidades locales para atender y prevenir.
¿Cómo han buscado transformar imaginarios sociales con campañas como #EsNormal y #NoEsNormal?
Las campañas de transformación cultural buscan visibilizar patrones normalizados de violencia o desigualdad: micromachismos, roles de género, sobrecarga del cuidado. Se han desplegado en radio, televisión, redes sociales y territorios, con mensajes adaptados al contexto local. Más que imponer, las campañas proponen: invitan a reflexionar y conversar desde lo cotidiano.
La recepción ha sido positiva. Muchos hombres, por ejemplo, se han sentido interpelados por las propuestas sobre nuevas formas de ejercer la paternidad. Las campañas han logrado llegar a espacios no institucionales, lo que indica que los mensajes están circulando, apropiándose y generando discusión.
¿Qué barreras estructurales persisten?
La más profunda es la cultural: persiste la idea de que los asuntos familiares deben resolverse en privado, lo que limita la respuesta institucional. También hay problemas de articulación entre sectores, fragmentación de las rutas de atención y desigualdades territoriales que afectan especialmente a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Finalmente, muchas mujeres siguen sintiendo miedo al juicio social, lo que retrasa o impide que busquen ayuda.
¿Cómo se imagina una Antioquia donde las mujeres no necesiten mecanismos de protección?
Una Antioquia donde no se violenten los cuerpos ni el tiempo de las mujeres. Donde haya igualdad de condiciones para participar, decidir, vivir sin miedo. Para lograrlo, se requiere transformar estructuras: garantizar autonomía económica, educación, justicia con enfoque de género y corresponsabilidad en el cuidado. Las violencias no son problemas individuales: son síntomas de una desigualdad más amplia. Cambiar eso exige voluntad política, inversión sostenida y compromiso social.