En un país marcado por más de 50 años de conflicto armado y otras violencias, con poca presencia estatal y problemas como desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad y crecientes cifras de feminicidios, entre otros, se han creado múltiples políticas públicas, programas, planes y proyectos para enfrentar estas situaciones.
Diversos representantes de la Sociedad Civil, el Estado, el Sector Privado, la Academia y la Cooperación Internacional han reconocido que estas estrategias para prevenir la violencia deben desarrollarse en colaboración con las comunidades locales, quienes son las que experimentan y entienden mejor que nadie los efectos del conflicto.
Programas como Somos Comunidad, liderado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por FUPAD, buscan mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer las capacidades de la sociedad y el Estado para prevenir, reducir y recuperarse de los efectos de la violencia.
Alejandro Cruz, Líder de Cohesión Social de Somos Comunidad, señala que la seguridad ciudadana requiere de mayores niveles de participación para lograr mejores políticas públicas en materia de convivencia y seguridad. “Trabajamos en zonas con dinámicas complejas en materia de riesgos contra mujeres, jóvenes, y población LGBTIQ+. La comunidad y los gobiernos municipales son nuestros principales aliados para la prevención de violencia en estos ecosistemas regionales. Somos Comunidad se centra en catalizar la resiliencia comunitaria para la construcción de paz a partir de una mejor gobernanza”, señaló.
En el marco de estos procesos, el pasado 21 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el lanzamiento del Policy Brief: “Participación Ciudadana para la Prevención, la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Recomendaciones a partir del caso Somos Comunidad (2020-2024)”.
Este informe, elaborado entre Somos Comunidad de USAID y Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), contó con la participación de representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Procuraduría, Departamento Nacional de Planeación, UNODC, PNUD, ASOCAPITALES, la Universidad de Los Andes; además de representantes de organizaciones de la sociedad civil como Narrar para Vivir (Montes de María), Plataforma de Juventudes (Córdoba), Subcomités de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición (SPPGNR), Consejos Municipales de Paz , y Mesas de Víctimas.
Camilo Cardeño, líder de la plataforma municipal de juventudes en Puerto Libertador, Córdoba, es uno de los beneficiados de este trabajo colaborativo. Junto al grupo al que pertenece lograron incluir un diagnóstico de juventudes en el Plan de Desarrollo, que antes carecía de un enfoque hacia esta población. Gracias a su aporte, fueron invitados a participar en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y el Plan Integral de Prevención en temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos, el cual se diseñó tomando como base el diagnóstico que ellos desarrollaron.
Felipe Botero, líder de la oficina de la región andina de GI-TOC señala que ha sido un proceso de aprendizaje colaborativo entre los diferentes actores de la comunidad y las instituciones.
“Ha sido armar un rompecabezas, donde hemos identificado las distintas piezas que son claves en el territorio; estando allá, conociendo, escuchando y teniendo una posición de mucha humildad ante el conocimiento que existe en el territorio para que las diferentes partes se comuniquen”, aseguró Botero.
Los asistentes al Policy Brief resaltaron la importancia de fortalecer la colaboración entre sociedad civil e instituciones, cerrando brechas mediante el desarrollo de capacidades técnicas y organizativas en políticas de convivencia y seguridad ciudadana.
Este proceso resulta satisfactorio para la comunidad y los funcionarios del gobierno colombiano. Según Camilo Cardeño, la labor de este programa “permite poder llevar a los territorios unas estrategias integrales que vayan manchadas de pueblo. (...) Además, las comunidades les tienen poca confianza a las entidades, pero hoy confiamos en esas que nos invitaron a participar y por eso resaltamos el valor que se le dio a nuestra voz”.
“Ejercicios como el de Somos Comunidad nos permiten orientar los mensajes que nosotros transmitimos desde la Procuraduría. Nosotros trabajamos en escenarios de anticipación, mitigación y orientación. Entonces, cuando se construyen este tipo de documentos tan robustos nos permiten tener insumos para poder generar y actuar en estos escenarios”, afirmó la procuradora delegada para las entidades territoriales y diálogo social, Tatiana Margarita Oñate.
Gracias a esta articulación, USAID a través de Somos Comunidad ha contribuido con el fortalecimiento de 35 instancias de participación y coordinación como Consejos Territoriales de Paz y Comités de Justicia Transicional, con la participación de 1.313 personas de la sociedad civil. Igualmente, se han realizado 168 actividades de formación, promovido 34 acciones de seguimiento, y co-diseñado 34 planes de fortalecimiento de instancias de participación ciudadana. Además, se han implementado 80 acciones de fortalecimiento en 35 municipios del programa, todos ubicados en zonas PDET.
Andrés Díaz, coordinador regional del área de justicia y prevención de violencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), añadió que Somos Comunidad “materializa una necesidad muy sentida que hay en los territorios y es tener la participación en las instancias formales como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana estamos realmente construyendo proyectos aterrizados a la realidad del territorio”.